Lasso y la crisis en Ecuador: entre ser destituido por la Asamblea Nacional o implementar la “muerte cruzada”
Mientras el país cumplió ayer 14 días de protestas nacionales encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Congreso debatía por segunda jornada una moción para destituir al Presidente Guillermo Lasso.
Ecuador sumó este domingo 14 días de protestas nacionales encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La entidad, liderada por Leonidas Iza, prosiguió durante la jornada el paro y las movilizaciones tras asegurar que en la víspera no se llegó a ningún acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional y ministros de Estado respecto a su petitorio de 10 puntos. Pero mientras Iza ratificó que su deseo no es derrocar al Presidente Guillermo Lasso, el Congreso debatía por segundo día una moción presentada para destituir al mandatario derechista.
Luego de casi ocho horas de deliberaciones el sábado, que se extendieron hasta la madrugada, la Asamblea Nacional retomó ayer el debate de la moción impulsada por la oposición, que juntó las 47 firmas necesarias para su presentación. La bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente socialista Rafael Correa (20072017), acusó a Lasso de la “grave crisis política y conmoción interna” que sacude al país desde el 13 de junio, con manifestaciones y bloqueos casi diarios, que hasta el momento han dejado un saldo de cuatro fallecidos y centenares de heridos, según la Policía Nacional. Cada día de paralización representa entre 40 y 50 millones de dólares de pérdidas en el sector productivo, afirmó ayer el ministro de Producción, Julio Prado.
En la primera jornada, unos 30 congresistas se pronunciaron a favor y en contra de Lasso en un debate virtual que empezó hacia las 18.00. El Parlamento tenía previsto reanudar el debate a las 16.00 de ayer para que intervinieran otros 40 asambleístas que lo habían solicitado.
La sesión del sábado se inició en medio de un sorpresivo anuncio del asesor jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo, quien, durante su intervención en delegación del mandatario, anunció la derogación del decreto 459 y dio por terminado el estado de excepción que argumentó una “grave conmoción interna”. “Los asambleístas (...) buscan desestabilizar la democracia”, declaró Pozo.
La medida fue asumida como una estrategia política del régimen, ya que las pruebas presentadas por el movimiento Unes para sustentar su pedido de destitución presidencial fueron los decretos ejecutivos 455 y 459.
“No pretendan que se están burlando de la Asamblea Nacional, se están burlando del pueblo ecuatoriano con sus decretos de último momento”, dijo Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, quien conminó a Lasso a emitir un decreto que responda a las demandas del sector indígena. “Vamos a elecciones anticipadas, que Lasso se vaya a su casa”, clamó la asambleísta Pierina Correa, hermana del exmandatario Rafael Correa.
Si bien el presidente del Conaie reconoció que más de dos semanas en que no ha habido respuesta del gobierno a sus demandas, algunos “compañeros” han dicho “mejor que se vaya el gobierno”. “Nosotros no hemos venido a eso”, aclaró Iza. “Estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestras comunidades, a nuestros pueblos”, enfatizó.
Entre las demandas de los indígenas se cuentan una reducción de los precios de los combustibles, la ayuda a más de cuatro millones de familias adeudadas con una moratoria de mínimo un año y la renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés, una moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, el “freno a la especulación” en el mercado de los productos de primera necesidad y un alto a las privatizaciones en los sectores estratégicos que la Conaie considera patrimonio de los ecuatorianos, incluyendo Banco del Pacífico, empresas hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicación, carreteras y salud, entre otros.
Iza advirtió que la eventual destitución de Lasso es decisión de la Asamblea Nacional y que, si “son coherentes con la lucha del pueblo, han de votar con el pueblo”. Pero Lasso culpó el sábado al presidente de la Conaie de buscar su salida. “Yo le digo a los ecuatorianos y al mundo, abramos los ojos, porque aquí no hay un luchador social, aquí hay un anarquista que solamente tiene una agenda personal, política, y que quiere derrocar un gobierno legalmente constituido, abusando del sector indígena”, afirmó el mandatario en entrevista con CNN en Español.
Después de los debates en la Asamblea Nacional, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar. De ser aprobada la destitución, el poder lo asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero y se llamarían a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025).
Pero someterse a la decisión de la Asamblea Nacional es solo una de las opciones que Lasso tiene en sus manos. El presidente también puede presentar el mecanismo conocido como ‘Muerte Cruzada’, apelando al artículo 148 de la Constitución, texto inédito en las constituciones de América Latina y que da facultad al mandatario para disolver el Parlamento una sola vez durante el marco de sus tres primeros años de gobierno, alegando también “grave crisis política y conmoción interna”.
En ese caso, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar en un plazo máximo de siete días nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en donde se ratificarán o no, los 137 asambleístas y un binomio presidencial.
“En el caso de una ‘muerte cruzada’ desde el Ejecutivo, el Presidente tendría al menos seis meses para gobernar sin la Asamblea. Esto porque se debe convocar a elecciones en siete días y de ahí la primera vuelta sería en 90 días. La segunda vuelta tomaría otros tres meses. En ese tiempo, Lasso puede emitir decretos-ley. Sin embargo, solo son posibles aquellos en materia económica urgente y con la aprobación de la Corte Constitucional”, explicó al diario El Comercio la experta en procesos parlamentarios, Libia Rivas.
En declaraciones al mismo medio, el analista Esteban Ron destacó que “Unes y una facción de Pachakutik son quienes están activando el mecanismo para la destitución”. “A mi modo de ver, lo que buscan es presionar para que sea el presidente Guillermo Lasso el que decida la muerte cruzada. Esto porque esa vía es más sencilla de ejecutar que desde la Asamblea”, comentó.
Pero desde el Ejecutivo de Lasso no ven el mecanismo de la “muerte cruzada” como una opción. “La muerte cruzada es un mecanismo institucional, no es el escenario que nosotros estamos contemplando ahora. Nosotros tenemos un trabajo que hacer en beneficio del pueblo ecuatoriano, sabemos que han sido jornadas muy difíciles para el país. Estamos dispuestos a sentarnos para dialogar”, dijo Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en entrevista con el canal Teleamazonas la semana pasada, antes de que la Asamblea nacional iniciara el debate de la destitución de Lasso. “Por ahora, la ‘muerte cruzada’ no está dentro de las posibilidades contempladas por el gobierno”, insistió en esa oportunidad.