Perú despliega más de 130 mil policías ante paro agrario y de transportistas
La jornada de movilizaciones coincide con el interrogatorio al que será sometido hoy el Presidente Pedro Castillo por la Comisión de Fiscalización del Congreso, por los presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión.
Un inicio de semana agitado tendrá hoy Perú. Mientras más de 130 mil policías serán desplegados a nivel nacional durante la jornada para garantizar el orden y la tranquilidad ante el paro indefinido que anunciaron gremios de transportistas y del sector agrario, la Comisión de Fiscalización del Congreso acudirá a Palacio de Gobierno para interrogar al Presidente Pedro Castillo por los presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión, entre ellos el llamado caso Sarratea.
Desde este lunes, diversos gremios de transporte de carga pesada, del sector agrario, así como interprovincial, saldrán a las calles como medida de protesta frente al alza del combustible, regulación de peajes, la competencia desleal que existe con transportistas de Ecuador y Bolivia que ingresan al país, entre una larga lista de demandas que solicitan al Poder Ejecutivo, así como al Congreso.
Marlon Milla, presidente del gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su gremio ha decidido acatar el paro convocado para hoy, pese a que las conversaciones continúan desarrollándose con el Ejecutivo. “Sí, estamos firmes en el paro todas nuestras bases a nivel nacional, se les hizo la consulta. Estamos muy indignados por la lentitud de la solución al problema porque nosotros venimos conversando con el Ministerio de Transportes (MTC) más de 25 días, reuniones diarias, inclusive sábados (...) aportando las posibles soluciones a la problemática”, señaló.
Por este motivo, Milla señaló que su gremio, que agrupa 400.000 unidades de transporte de carga pesada en 14 regiones del país, “de todas maneras pararán”. Esto, en contraposición a lo dicho el viernes pasado por el primer ministro Aníbal Torres, que señaló que solo serían “algunos sectores” que acatarían la medida de fuerza. Al respecto, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, reiteró que el paro de transportistas de carga pesada será indefinido y a nivel nacional.
Milla resaltó que, aunque hay “disponibilidad” del gobierno para llegar a un acuerdo, no levantarán la medida hasta “ver los decretos supremos” que solucionan sus demandas publicados en el Diario Oficial El Peruano.
En tanto, gremios del sector agrario anunciaron el viernes que acatarán un paro nacional de 48 horas este lunes y martes. César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, explicó que tomaron la medida de fuerza debido a la falta de respuestas a sus demandas.
La Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la CGTP, entre otras, son las agrupaciones que adoptaran esta medida de protesta, entre cuyos principales reclamos se encuentra el pedido al Ejecutivo de destinar al sector agrícola el equivalente al 3,5% del PBI en el presupuesto público con el objetivo de impulsar la segunda reforma agraria. Los gremios también reclaman por la falta de apoyo del gobierno ante el alza de precios de fertilizantes y la crisis alimentaria.
Ante el paro agrario y de transportistas, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, informó que se desplegarán más de 130 mil agentes de la Policía Nacional del Perú en todo el país para garantizar el orden y tranquilidad. “Que la ciudadanía no tenga miedo, la Policía va a resguardar la seguridad y el control. Todas las personas son libres de expresar sus reclamos, son libres de hacerlo, pero lo que nadie tiene derecho es a bloquear carreteras, a violar una norma”, precisó.
Interrogatorio en palacio
Mientras el paro esté en desarrollo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso acudirán a Palacio de Gobierno para recoger la declaración del Presidente Pedro Castillo Terrones, respecto a las investigaciones del denominado caso Sarratea. Fue el mismo mandatario quien manifestó su disposición de recibir al grupo de trabajo en “aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los Poderes del Estado”.
Sin embargo, la defensa del jefe de Estado, a cargo del abogado Benji Espinoza, sostuvo que es posible que Castillo guarde silencio ante el interrogatorio de los congresistas de la comisión de Fiscalización. “Es una posibilidad… hay diversas posibilidades y escenarios. Todo dentro del marco de la juridicidad y lo legal y constitucionalmente correcto. Hay que ser bastante claros: una actuación en sede congresal no puede ser exenta de lo que la Constitución establece. Hay diversas opciones, no puedo adelantar todavía cuál se realizará”, declaró a RPP Noticias.
La comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso investiga presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de
transparencia en la actuación y desempeño del Presidente Pedro Castillo, y del exsecretario general de Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.
Esto, en torno a las presuntas reuniones que habría mantenido el jefe de Estado de manera extraoficial en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea en el distrito limeño de Breña. El 10 de mayo pasado, el grupo parlamentario aprobó ampliar por 30 días hábiles las investigaciones de este caso. En la fundamentación del pedido de ampliación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que las líneas de investigación comprenden el caso Sarratea; el Puente Tarata III; la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina de la secretaría del despacho presidencial.
Sondeo sobre corrupción
Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, publicada ayer en dicho medio, la desaprobación de Castillo continúa en aumento y se sitúa en un 71% en el presente mes, lo que representa un aumento de 25 puntos porcentuales en menos de un año, ya que en agosto del 2021 se situaba en el 46%. Asimismo, el 73% considera que el jefe de Estado no tiene la capacidad de gobernar al país.
Pero no solo el Ejecutivo es objeto del rechazo ciudadano. La gestión del Congreso tiene una desaprobación del 85%, cifra mayor a la del Ejecutivo, y que también ha aumentado en 24 puntos porcentuales desde agosto del año pasado en que se ubicaba en un 61%.
Asimismo, los encuestados consideraron que la institución con mayor grado de corrupción generalizada es el Congreso. El 78% sostuvo que es “mucha” la corrupción al interior del Legislativo y el 10% señaló que hay “algo”, sumando un 88%.
Los mismos encuestados creen que la corrupción también está generalizada en los municipios y los gobiernos regionales, en este caso en el orden del 86%. Luego está el Poder Ejecutivo, con un 81% de corrupción generalizada (66% mucho y 15% algo). Si en agosto de 2021 un 53% consideraba a Castillo honesto, ahora el porcentaje se reduce apenas al 28%, destaca el sondeo.
En cuanto a la percepción de corrupción, tras el Ejecutivo se encuentran las empresas privadas, también con un 81% (61% mucho y 20% algo). El entorno de Castillo está en el quinto lugar y los resultados tampoco son alentadores: hay un alto 76% que también ve la corrupción generalizada en este ámbito.