DE BUENAS INTENCIONES

SEÑOR DIRECTOR:

La feminización de los poderes judiciales es una constante en todos los órganos latinoamericanos, pero también lo es la progresión descendente de participación de las mujeres en escalafones superiores. Otros órganos del sistema de justicia, como el Ministerio Público, replican la misma desigualdad. Para superar tal inequidad se han dispuesto diversas medidas para promover y garantizar la paridad en su composición. Uno de los Ejes Estratégicos de la Política de Género y No Discriminación del Poder Judicial Chileno está constituido por la “no discriminación de género” en los procesos de reclutamiento y selección, donde se ha comprometido la garantía de igualdad de resultados para hombres y mujeres en el ingreso como en la movilidad de los cargos. Su Secretaría Técnica de Igualdad de Género ha detectado las barreras y condicionantes que afectan la movilidad y ascensos de las mujeres y ha hecho recomendaciones. Si sumamos la incorporación de programas de igualdad de género y no discriminación como uno de los ejes del Plan Estratégico del Poder Judicial 2021-2025, y el acuerdo adoptado por el máximo tribunal en cuanto conformar ternas y quinas paritarias en los procesos de debiéramos concluir que a nuestro máximo tribunal lo mueve un real interés en promover la igualdad de género y avanzar hacia la paridad en los cargos de la judicatura.

Sin embargo, la reciente quina elaborada para servir el cargo de fiscal del Ministerio Público deja en letra muerta y reduce a buenas intenciones todos los protocolos, herramientas y reglas que se han acordado para avanzar en paridad; asimismo, restringe las posibilidades de que tan importante institución sea regida por una mujer, como nunca lo ha sido en toda su historia, como tampoco lo ha sido en el propio Poder Judicial.

Carola Rivas

Presidenta

Asociación Magistradas Chilenas