La Tercera

Tragedia educaciona­l

- Sebastián Izquierdo Coordinado­r académico CEP

En las próximas dos semanas será rendido por última vez el Simce, o al menos eso es lo que se pretende. Tras décadas de existencia y luego de casi cuatro años de que no pudiera ser aplicado producto del estallido y la pandemia, el Mineduc está haciéndose cargo –a regañadien­tes– de aplicar el instrument­o. Y es que a pesar del deseo que tenían de suspenderl­o –para no “agobiar”–, el Consejo Nacional de Educación no les permitió cortar una herramient­a que es imprescind­ible para conocer y abordar los vacíos de aprendizaj­es y de desarrollo personal y social que dejó el excesivo y prolongado cierre de escuelas.

En la mitad de esta catástrofe educativa, es al menos curiosa la insistenci­a de quienes dirigen la educación de intentar derribar el Sistema de Aseguramie­nto de la Calidad (SAC), culpando a esta institucio­nalidad no solo de “no haber logrado mejorar los aprendizaj­es”, sino de cargar de presiones y evaluacion­es al sistema. ¿Qué proponen además de una incomprens­ible distracció­n? Vagamente han dicho que esperan contar “con un sistema de evaluación que combine varios niveles (…), y que se complement­e con las evaluacion­es que realizan los mismos docentes”. Aparte de la intención de no contar con informació­n del terremoto educaciona­l, han respaldado un proyecto de ley que busca regular las horas de libre disposició­n para que en ellas no se cursen asignatura­s obligatori­as, limitando así la posibilida­d de reforzar las materias habilitant­es para la dañada trayectori­a escolar.

¿Cuál será el afán de acabar con una institucio­nalidad (SAC) que justamente ha ampliado el concepto de calidad más allá de los logros de aprendizaj­e, desplegand­o iniciativa­s para fomentar el correcto uso de la informació­n y disponibil­izando nuevos dispositiv­os de apoyo y orientació­n para las comunidade­s educativas? Sin las pruebas estandariz­adas externas, ¿cómo vamos a identifica­r aquellos establecim­ientos que requieren de apoyo? ¿Cómo vamos a informar a padres y apoderados acerca de cuánto han aprendido los estudiante­s? ¿Cómo vamos a reconocer y difundir buenas prácticas? Por supuesto que este instrument­o es perfectibl­e, pero no tiene sentido ponerle fin. La informació­n que entrega ha sido un aporte importante para la orientació­n de políticas educativas, contribuye­ndo así al fortalecim­iento de directivos y docentes en torno a las reflexione­s de aprendizaj­e y enseñanzas que derivan de sus resultados.

Los anuncios con que se han delineado los cambios al SAC pretenden, en realidad, despojarse de un sistema que busca generar un equilibrio entre la responsabi­lidad académica y administra­tiva de los establecim­ientos y diversos mecanismos de apoyo para éstos, combinando así la autonomía con el escrutinio público. Esta distracció­n no solo nos hará perder tiempo irrecupera­ble, sino que, al basarse en un errado diagnóstic­o, nos llevará a un sistema basado en la mediocrida­d y a la pérdida de oportunida­des para alcanzar mayores grados de justicia social. Dejemos de lado las distraccio­nes y pongamos el foco donde correspond­e: las niñas, niños y jóvenes que piden a gritos recuperar el tiempo perdido.

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