Corrupción y delitos económicos

Frente al alza y complejización que el fiscal reconoce han tenido los delitos cometidos por funcionarios públicos, ha manifestado que se requiere tomar acciones urgentes. Ya que, a su juicio, “la transparencia, rectitud y probidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones constituye la base para el progreso del Estado y es una garantía del buen uso de los siempre escasos recursos estatales”.

En atención a ello, su propuesta de trabajo incluye acciones para garantizar que las investigaciones de este tipo de casos se lleven adelante con los estándares correspondientes. Apuesta, de esa forma, por dotar de mayores recursos tecnológicos a la unidad de lavado de dinero y análisis patrimonial de la Fiscalía Nacional; separar las funciones que actualmente se radican en una misma unidad de asesoría jurídica y anticorrupción; aumentar la dotación de analistas a nivel nacional y regional para este tipo de delitos; fortalecer alianzas con otros organismos del Estado, entre otros, con la Contraloría, y crear alianzas con universidades e institutos de investigación, para que realicen las pericias que sean necesarias para el establecimiento de los hechos. Asimismo, como expresó en un foro organizado por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) en abril de este año, Morales está a favor de aumentar la penalidad y severidad de las penas asociadas a delitos económicos. “La gente quiere cárcel para los delitos económicos, para delitos cometidos por los poderosos, esos que se conocen de cuello y corbata”, sostuvo en esa oportunidad. A eso, dicen sus cercanos, se suma el que piensa que el fiscal nacional debe ser una voz especialmente escuchada por el Parlamento al momento de dictar leyes. “Hay que alertar de las herramientas que necesitamos”, ha dicho en privado.