DESPLIEGUE DE LAS FF.AA. EN LA FRONTERA NORTE

Durante los últimos días la presencia militar en la frontera norte, en tareas de seguridad interna, ha sido un tema de interés a nivel nacional. Es importante señalar que el control militar de la frontera terrestre siempre ha sido una actividad constitucional propia del Ejército, en tiempos de paz, pues representa el lugar en que dichas fuerzas dan forma a su conocimiento del área geográfica de empleo, entrenamiento y muchas veces de adaptación fisiológica. De allí que su presencia en frontera sea lo normal. Sin embargo, lo excepcional es la actual medida que dispone el actual despliegue del Ejército en funciones de orden público, en este caso, en la frontera norte del país, en un área que limita tanto con Perú como con Bolivia.

Es relevante señalar que el límite no lineal con Perú cubre una distancia de aproximadamente 189 kilómetros, en tanto el límite con Bolivia es de 850 kilómetros, en el que existen más de 100 pasos ilegales. En el caso altiplánico, es un área en donde la situación de seguridad está caracterizada desde el paso de inmigrantes ilegales, vehículos robados en Chile, hasta el acceso de contrabando de cigarrillos y drogas, principalmente por organizaciones criminales que se dedican a ello. En consecuencia, la naturaleza del problema de seguridad en frontera supera la necesidad de un control de inmigrantes que en forma pacífica desean ingresar al país. Es un área a ambos lados del límite formal entre Bolivia y Chile en que existen actores y organizaciones dedicadas a un negocio y actividades ilícitas, en que la posibilidad de enfrentamiento armado con dichos grupos es altamente probable. Más aún cuando dichos grupos poseen armamento y poder de fuego muchas veces superior a las fuerzas de orden y seguridad pública, de ambos países.

De allí que este despliegue militar —ordenado recientemente—pareciera adolecer del necesario y adecuado respaldo del uso de la fuerza para los probables y potenciales fenómenos y amenazas a enfrentar en la frontera norte, por cuanto sobrepasan con creces el simple mantenimiento del orden público, en un contexto en que, además, se hace necesario establecer algún grado de coordinación con las organizaciones e instituciones de ambos estados presentes en frontera. Es decir, entre las fuerzas de orden y seguridad de Chile y las de Bolivia, aun cuando no existan relaciones diplomáticas plenas.

El problema de seguridad y coordinación que evidenciamos es mayor al que intentamos solucionar y que las medidas dispuestas no son suficientes y se quedan cortas. Más aún, estas medidas parecen no dirigirse adecuadamente a solucionar el problema de seguridad de fondo, cuya naturaleza es distinta a las medidas previstas de orden público que están diseñadas. Finalmente, la experiencia nos señala que cuando se usan las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interior se las debe dotar de las atribuciones adecuadas —especialmente jurídicas— para que razonablemente puedan cumplir su misión. No hacerlo es administrar el problema, pero no solucionarlo, con potenciales y mayores costos materiales y de personal para las instituciones encargadas de cumplir está misión.