Proyecto de negociación ramal
Una iniciativa que habilite las negociaciones colectivas por rama puede tener importantes efectos sobre la productividad, dadas las rigideces que ya tiene el código laboral chileno.
Hace algunos días la ministra del Trabajo anunció que el gobierno presentaría una nueva iniciativa de ley con fuertes implicancias sobre el mercado laboral. Se comprometió a que antes de fin de año el Ejecutivo ingresaría a trámite legislativo un proyecto para permitir la negociación colectiva a nivel ramal.
El anuncio se da en una coyuntura compleja. La actividad económica ha dado señales tibias que podrían anticipar una caída menor a la esperada en meses previos, pero sigue condicionada a una trayectoria de bajo crecimiento.
Por su parte, pese a que el empleo casi recuperó los niveles prepandemia, aún no alcanza la tasa de ocupación previa a la crisis sanitaria, lo que refleja que la actividad reciente no ha sido capaz de proveer suficientes puestos de trabajo a los nuevos entrantes al mercado laboral. La tasa de desocupación ha aumentado paulatinamente en los últimos meses y en enero se ubicó en 8,3% -de acuerdo a la serie desestacionalizada-, el mayor nivel en 17 meses.
La idea de habilitar negociaciones colectivas a nivel ramal o sectorial fue incluida en la propuesta de nueva Constitución, rechazada ampliamente en el plebiscito de septiembre pasado, y causó enorme debate en el sector privado. Ampliar la base de negociación fuera de las fronteras de cada empresa implica establecer mayores rigideces en el mercado laboral e imponer estándares a sectores completos, que muchas veces pueden ser abordados por las empresas de mayor tamaño, pero que para las pequeñas y medianas empresas resultan imposibles de implementar por su estructura de costos. Por su parte, la negociación ramal puede tener efectos significativos en materia de productividad, dada las rigideces que ya tiene el código laboral chileno.
Lo preocupante es que las autoridades no logran visualizar los efectos acumulativos de las medidas que impulsan. El proyecto de reducción de la jornada semanal a 40 horas -que está cerca de concluir su trámite legislativo-, significará un aumento significativo en los costos laborales de las empresas, al que luego podría sumarse la reforma previsional, que involucra un aumento del 6% en las cotizaciones de los trabajadores de cargo del empleador.
Pero, además, este cúmulo de iniciativas que incrementan los costos laborales se dan en un contexto de profundos cambios estructurales en diversas industrias intensivas en mano de obra. La automatización de procesos y la inteligencia artificial han ido masificando sus usos y volviéndose más asequibles para empresas de todos los tamaños. Una agenda laboral que por la vía legal busca presionar con fuerza los costos del empleo solo contribuirá a acelerar la adopción tecnológica en las empresas y al reemplazo de puestos de trabajo.
El Ejecutivo aduce que estas medidas formaban parte de su programa de gobierno. Sin embargo, las condiciones económicas y políticas han cambiado sustancialmente en un año y exigen una revisión profunda del impulso reformista que fue derrotado en el plebiscito de septiembre.