Alza de impuestos a las empresas, nuevos regímenes pro pyme y eliminación de exenciones
Tres fueron las propuestas tributarias que realizó Sebastián Piñera en sus dos períodos de gobierno, dos de ellas en su segundo mandato presidencial.
Tres fueron los cambios tributarios que realizó el Presidente Sebastián Piñera en sus dos períodos de gobierno. El primero en 2010, cuando recién asumió tuvo que hacer frente a los efectos económicos que generó el terremoto del 27 de febrero. Entre lo principal, subió la tasa de impuesto de primera categoría de manera desde el 17% al 20% en 2011, para luego bajar a 18,5% en 2012, y en 2013 retornar al nivel habitual.
Sin embargo, en 2012, envió una propuesta de carácter permanente para mantener el nivel de gravamen en 20%. “Va recaudar US$1.200 millones para destinarlos íntegramente a financiar la reforma educacional, que le va a dar educación de calidad a todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes”, señaló en ese momento Sebastián Piñera.
También modificó la renta presunta, donde estableció límites de ventas más estrictos a las actividades agrícolas, transporte de carga y de pasajeros y así regular a las empresas que se pueden acoger a este régimen. Dicho límite se sugiere debe incorporar proporcionalmente las ventas de las empresas relacionadas donde el contribuyente participa.
Cambió las tasas marginales del Impuesto Global Complementario, un 15% en los tramos inferiores y 10% en los tramos superiores. De esta forma, la estructura de tasas marginales bajándola de 40% a 36%. También propone establecer un crédito sobre los impuestos personales por gasto en educación, equivalente a un 50% del gasto en educación escolar y preescolar de los hijos, con un tope en el gasto de educación de doscientos mil pesos anuales, que aplica a las familias que posean un ingreso familiar mensual menor a UF 66.
En cuanto a la reducción de la evasión y elusión terminó con los retiros en exceso del FUT y establecer un impuesto a los desembolsos que la ley califica como “gastos rechazados” (desembolsos que no se pueden deducir como gasto), de esta manera, se tiende a homologar el trato tributario de las sociedades de personas con las Sociedades Anónimas. Se perfecciona la legislación sobre precios de transferencia, limitar la devolución del impuesto de primera categoría en el caso de absorción de utilidades que hayan pagado impuestos en el extranjero, se establecen normas sobre exceso de endeudamiento y también se homologa el trato tributario del costo de los derechos sociales y acciones y de la ganancia de capital.
En su segundo gobierno, en 2018-2022, presentó un nuevo proyecto al cual bautizó con el nombre de “Modernización Tributaria”. En esta ley se estableció un nuevo Régimen Pro-Pyme, que mejora los beneficios actuales para las pymes, simplifica el cumplimiento tributario e incorporó medidas que facilitan el acceso al financiamiento. Pasó ser 100% integrado, con una tasa reducida de Impuesto de Primera Categoría de 25%, y aplicará de forma automática para las empresas con un promedio anual de ingresos en los últimos tres años que no exceda de 75.000 UF.
Fijó un sistema de tributación para las grandes empresas semi-integrado con tasa de 27%. En este sistema, los propietarios de la empresa tributan con impuestos finales al momento de realizar un retiro o recibir una distribución de utilidades. El Impuesto de Primera Categoría de tasa 27% será deducible parcialmente del impuesto final que pagan los propietarios de las empresas, los que podrán llegar a tener una carga tributaria máxima de 44,45%.
Un régimen de depreciación instantánea de 50% del valor de los activos fijos nuevos o importados, adquiridos entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, y el 50% restante en forma acelerada. Considera también una depreciación instantánea del 100% para proyectos en la Región de La Araucanía.
Redujo las contribuciones en dos niveles. El primero es una rebaja del 100% si el ingreso de la persona se encuentra en el tramo exento del IGC (aprox. $670 mil mensual). El segundo es una reducción de 50% si el ingreso equivale al segundo tramo del IGC (ingreso máximo de aprox. $1.488.000 mensuales).
Además, se amplía de $75 millones a $133 millones el tope del avalúo fiscal del inmueble del adulto mayor que puede acogerse a este beneficio, y si el adulto mayor tiene más de un inmueble, se aumenta el tope de la suma de ellos de $100 millones a $178 millones.
También estableció un nuevo tramo de Impuesto Global Complementario con una tasa 40% para ingresos mensuales sobre $15,5 millones. Se aplicó una sobretasa de contribuciones a los activos del patrimonio inmobiliario de personas cuya suma de avalúo fiscal exceda de $400 millones. Y una contribución regional de un 1% aplicable a los proyectos nuevos de inversión que excedan de US$10 millones y que deban pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con esta reforma, la meta de recaudación era de 1 punto del PIB, lo que significa una recaudación de más de US$ 2.200 millones al año.
Reducción de exenciones
Un tercer cambió tributario se produjo al final de su segundo mandato. Y fue para financiar el mayor gasto fiscal que significó la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Entre las principales modificaciones se fijó muna tasa de impuesto único a las ganancias de capital de 10%; redujo por dos años el crédito especial a las empresas constructoras en el IVA para luego eliminarlo. También terminó con beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011 y aplicó un gravamen a la herencia los seguros de vida.
Eliminó la exensión del IVA a todos los servicios y aumentó la sobre tasa del impuesto territorial. En lo particular, se elevó de 0,275% a 0,425% la tasa para el último tramo, esto es, sobre 1.510 unidades tributarias anuales y creó una nueva tasa sobre bienes de lujo. Con estas modificaciones se buscó recaudar 0,8% del PIB. ●