Incierto panorama para crisis de las Isapres
El gobierno haría bien en reevaluar su negativa a la fórmula de la mutualización, porque hasta aquí sigue siendo el camino que ofrece una mejor salida a esta crisis, que sobre todo debe poner el acento en asegurar el derecho a la salud de los afiliados.
La sala del Senado, en una tramitación que no estuvo exenta de dificultades, aprobó la idea de legislar del proyecto de “ley corta” de Isapres, iniciativa que presentó el gobierno para poder hacer operativo el fallo de la Corte Suprema relativo a tabla de factores, el cual obliga a utilizar una sola tabla y devolver todos los cobros aplicados en exceso.
De acuerdo con lo que ha estimado la autoridad, las Isapres adeudarían a los afiliados US$ 1.400 millones, una cifra que las aseguradoras consideran impagable, tal que de materializarse llevaría a la insolvencia del sistema. La situación se ve agravada porque otro fallo del máximo tribunal obliga a dejar sin efecto el reajuste que las Isapres decretaron respecto de la prima Auge, generando una fuerte caída de ingresos de forma permanente, lo que agudiza el déficit financiero de las administradoras. La Corte Suprema se negó a dar una nueva prórroga para que la sentencia sobre tabla de factores se cumpla, por lo que el plazo vence impostergablemente en el mes de mayo.
De allí que la solución legislativa corre contra el tiempo, pero debido a las divergencias que han surgido entre gobierno y oposición, sobre todo en la forma de cuantificar la deuda, no resulta claro que se vaya a lograr una salida eficiente. En particular, el punto de mayor discordia parece estar en la mutualización de la deuda de las Isapres, una fórmula que fue unánimemente propuesta por un comité transversal de expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado, conforme la cual la deuda que las aseguradoras mantienen con sus afiliados sería de algo más de US$ 450 millones, muy inferior al cálculo que ha hecho la Superintendencia de Salud.
El Ejecutivo recogió en sus indicaciones varias de las propuestas del comité de expertos, pero no así la mutualización, por estimar que con ello no se cumple con la literalidad del fallo, a pesar de que distintas voces han hecho presente que ello no es así, pues la Corte no fijó un mecanismo determinado, y hasta aquí se presenta como la salida más efectiva para esta crisis, pues permitiría cumplir con el fallo y a la vez mantener en pie el sistema.
Los senadores de oposición lograron introducir la mutualización en sala por la vía de una indicación, lo que fue objeto de un requerimiento ante el TC por parte de parlamentarios del oficialismo, por estimar que se estaban pasando a llevar prerrogativas exclusivas del Presidente de la República y por haberse aprobado con un quorum más bajo del que correspondería.
Ya sea porque el requerimiento prospere, o porque en la Cámara Baja no existan votos suficientes para aprobar la mutualización -hay parlamentarios que ya hablan de “perdonazo”-, la salida se ve compleja. El Ejecutivo aún no ha logrado dar con una propuesta convincente para superar la crisis, y lo que ahora se necesita con urgencia es pragmatismo. Un colapso de las Isapres generaría un efecto sistémico; los más de 400 mil usuarios que cursan una enfermedad que requiere tratamiento o cirugía no tendrían certeza de que podrían seguir con sus coberturas, y la enorme deuda con clínicas y centros médicos quedaría en el aire. El Ejecutivo haría bien en abrirse a reevaluar su negativa y favorecer opciones que aseguren sobre todo el derecho a la salud de los afiliados.