La soterrada pugna entre Ripamonti (RD) y La Moneda por la entrega de cifras de desaparecidos
La decisión de la alcaldesa de Viña del Mar de dar a conocer su propio conteo de víctimas de los incendios generó ruido en el Ejecutivo porque las cifras que entregó exceden los números oficiales.
“El municipio no se pronunciará por el tema, ya que sólo los organismos oficiales del SML, Fiscalía y/o PDI son los encargados de dar a conocer esa información”. Esa es la respuesta que este jueves entregaban desde la Municipalidad de Viña del Mar que encabeza Macarena Ripamonti (RD) ante la solicitud del último balance de desaparecidos tras los incendios que azotaron a la ciudad el viernes 2 de febrero y que hasta ahora arrojan 131 fallecidos.
La respuesta no es casualidad y da cuenta de la soterrada controversia que hay desde hace días entre Ripamonti y las autoridades encargadas oficialmente de hacer el balance de la tragedia. Esto a raíz de la decisión de la alcaldesa de entregar precipitadamente un balance de muertos y desaparecidos que fue escalando hasta anunciar 372 casos, muy distante de los 66 que hoy se manejan oficialmente.
La ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, determina la creación de un sistema interconectado para la recopilación y entrega de datos. En la práctica implica la creación de una mesa de trabajo entre Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones de Chile; y organismos colaboradores como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación y la subsecretaría de Justicia.
Esa entidad se constituyó horas después de la tragedia para cruzar los datos que iban llegando sobre desaparecidos y estableció un método de trabajo para el levantamiento de los cuerpos.
Pero en paralelo el municipio determinó hacer su propio conteo. Fue así como el sábado Ripamonti aseguró que “tenemos un registro de más de 249 personas desaparecidas”. “Hay cerca de 30 personas que han sido encontradas y de ellas 17 que se encuentran fallecidas (...) hay 212 personas que todavía están en situación de desaparecida”, detallaba la alcaldesa en las primeras horas.
Durante la mañana del domingo, la alcaldesa escaló la cifra. “Había más de 400 personas desaparecidas, han sido encontradas 83, más las personas fallecidas, nos da un total de 372”, señalaba.
Más tarde, a eso de las nueve de la noche, entregaba la actualización de los datos recopilados por el municipio. “Tenemos exactamente los mismos datos que el Servicio Médico Legal en cuanto a personas que han sido encontradas muertas y eso ha hecho que rebaje nuestra situación de desaparecidos en 190 personas. Tenemos que seguir cruzando los datos, pero han bajado esas cifras en torno a las personas que han sido encontradas fallecidas”, decía la alcaldesa.
El Ejecutivo y la Fiscalía quedaron estupefactos ante la decisión de la alcaldesa de entregar cifras tan sensibles sin contar con la expertise técnica para tratarlas. Y así se lo hicieron ver en forma pública y privada. Fuera de micrófono sostienen que el abultamiento de la cifra respondería a que no se hizo un seguimiento de los casos reportados inicialmente.
Tras los dichos de la alcaldesa, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González,
sostuvo que las cifras consolidadas en torno a la materia deben ser entregadas por las instituciones correspondientes.
“Existe un primer levantamiento de información de parte de la municipalidad que entrega algunos números”. Sin embargo, yo quisiera mencionar que las instituciones que deben informar acerca de ello son la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, en coordinación con nuestra seremi de Justicia y Derechos Humanos (...) lo primero es que contemos con información formal, fidedigna y llamar a la calma. Todos los organismos están desplegados en el combate de este incendio”, dijo.
En su visita a la zona de la catástrofe, la ministra Carolina Tohá (Interior) también reforzó públicamente el mensaje de que las cifras de desaparecidos y fallecidos sólo deben ser entregadas por los órganos correspondiente.
“Efectivamente, hay un número de desaparecidos, hay fuentes que han concurrido a esto, pero las oficiales que tiene Carabineros que es la vía por la cual se hace la denuncia de presunta desgracia es la que nos interesa comunicar y que sea la que se maneje públicamente”, indicó la ministra Tohá.
Lo propio hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a principios de la semana, donde dijo que la única autorizada para entregar cifras de fallecidos era la directora del SML, Marisol Prado. En paralelo llamó al fiscal nacional, Ángel Valencia, para pedir la adecuada canalización de las cifras de desaparecidos. Adicionalmente conversaron sobre las indagatorias para determinar la intencionalidad de los incendios.
Este miércoles el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que “hay 66 denuncias de personas desaparecidas; del total, al día de hoy sólo nos queda por esclarecer 14”. En la oportunidad insistió en que existe solo un canal oficial para la entrega de cifras. “Por algo hay una distribución de competencias muy clara”, dijo Gajardo.
La Tercera consultó al municipio de Viña del Mar por la inconsistencia de las cifras oficiales entregadas y sobre su sistema de recopilación de informaciones, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. ●