La Tercera

REELECCIÓN DE BUKELE: LOS DD.HH. EN PELIGRO

- Por Rina Montti Directora de investigac­ión en derechos humanos de la ONG salvadoreñ­a Cristosal.

En El Salvador se registraro­n las elecciones más controvers­iales por decir lo menos- del período postguerra. La votación del pasado 4 de febrero estuvo marcada por irregulari­dades e ilegalidad­es. El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, preparó este escenario desde hace al menos tres años, iniciando con la toma de control de la Corte Suprema de Justicia y en particular de la Sala de lo Constituci­onal.

Siguió con el nombramien­to de un fiscal general ad hoc a sus necesidade­s y requerimie­ntos, aderezado por una mayoría absoluta de diputados que se sienten más orgullosos de mostrarse afines a él que hacer campaña sobre sí mismos. Este escenario permitió una candidatur­a presidenci­al inconstitu­cional, ya que la reelección está prohibida en la Constituci­ón salvadoreñ­a.

Como población, difícilmen­te podemos esperar que las reglas del juego se respeten en este nuevo -e ilegítimo- período de Bukele, ya que estos primeros cinco años se han caracteriz­ado por un sinfín de violacione­s a los derechos humanos y actos de matonería por parte de sus funcionari­os públicos, agravado por cierres cada vez más drásticos de los espacios de comunicaci­ón entre la población y el Estado.

Durante estos dos últimos años, el gobierno de Bukele, junto a sus diputados, decretó un estado de excepción, que a estas alturas tiene poco de excepción y mucho de permanente control social y coerción. Bajo el estado de excepción se ha capturado a más de 75.000 personas señaladas de formar parte de estructura­s de pandillas sin mostrar una orden judicial en mucho casos, es decir sin una acusación en concreto. La mayoría de las personas detenidas son pobres, jóvenes, de sectores marginaliz­ados.

En los últimos seis meses, el estado de excepción también ha sido aplicado a personas de organizaci­ones de sociedad civil que luchaban por sus derechos fundamenta­les, como el derecho al agua o a la tierra. Como los anteriores gobiernos, este no solo continúo negando estos derechos, sino que encarceló a líderes sociales para acallarlos.

El presidente se autoprocla­mó ganador de las votaciones, aunque todavía no hay resultados en firme sobre estas. Lo que sí está firme, es que la política de Bukele continuará reprimiend­o las voces disidentes de la prensa independie­nte y de las organizaci­ones de derechos humanos.

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