Crece la molestia en PC y FA por “mea culpa” de Boric
Los dichos del Presidente Gabriel Boric en el funeral del expresidente Sebastián Piñera, donde dijo que las críticas al exmandatario fueron “más allá de lo justo”, continúan sumando críticas en el PC y FA.
Este sábado fue Marcos Barraza (PC) –exministro de Desarrollo Social– quien se refirió al tema. “Es insoslayable su responsabilidad política en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Su fallecimiento es una situación dolorosa, que logra su eximición de las causas civiles y penales por las que era investigado, pero que no lo absuelve del juicio que la historia”, dijo en entrevista con El Siglo.
Asimismo, a través de sus redes sociales, la senadora comunista Claudia Pascual también manifestó su disenso: “Lamento no compartir opinión de que críticas, recriminaciones y demandas en el gobierno de Presidente Piñera fueran más allá de lo justo y lo razonable. Las violaciones a los derechos humanos existieron y fueron masivas y sistemáticas al menos”.
Las palabras del Mandatario también incomodaron en sectores del FA.
En su cuenta de X, la diputada Claudia Mix (Comunes) comentó que “la historia debe escribirse ajustada a la realidad y la verdad es que el expresidente Piñera se fue imputado en causas de crímenes de lesa humanidad, sobreseído únicamente por su muerte”. Además, reforzó que “el caso del Banco de Talca, Minera Dominga y Exalmar, entre otros, estarán en la memoria de la historia de Chile”.
Por su parte, su par Ericka Ñanco (RD) hizo referencia también al caso del homicidio de Camilo Catrillanca. “No olvidamos, no perdonamos”, sentenció.
El presidente de Comunes, Marco Velarde, aseguró a La Tercera que “fuimos una oposición responsable, nunca nos saltamos la institucionalidad y respetamos siempre las reglas y las herramientas que la Constitución nos da”.
Y Josefina Villar, secretaria de la tienda, añadió que “hicimos lo que correspondía (…). Será la historia la que juzgue”.
Las primeras críticas aparecieron el mismo día del funeral, el 9 de febrero, de parlamentarios del PC, que acusaron la relativización de las violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social.