Fiscalía activa indagatoria por entrega de pensiones de gracia
A casi dos semanas
de abierta la investigación, a raíz del crítico informe de Contraloría, el Ministerio Público entró de lleno en las primeras diligencias, donde se intenta reconstruir el por qué se entregaron dineros estatales a personas que no debían recibirlos. El caso, además, podría sumar un nuevo actor: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes solicitaron al fiscal regional Occidente, Marco Pastén, acceder a los antecedentes de la causa para lograr esclarecer la situación sobre los fondos.
Cuando el 25 de enero, en la Fiscalía Nacional leyeron el informe de Contraloría que daba cuenta de una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracias a personas que resultaron lesionadas durante el estallido social, de inmediato olfatearon una eventual implicancia legal. Por lo mismo, al otro día, decidieron abrir una investigación de oficio para despejar la presunta responsabilidad penal en delitos asociados al mal uso de recursos públicos.
El informe de Contraloría detectó que “se tuvo a la vista (para el otorgamiento) antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”. Pero, además, que 19 expedientes de los beneficiados, remitidos por el INDH, no presentaban antecedentes médicos, o bien, sin certificados, ni exámenes previos.
Es esto último lo que más llamó la atención en la fiscalía: “¿Por qué se entregaron recursos públicos sin tener la certeza de que el beneficiario estuviera lesionado, o diagnosticado médicamente como tal?”, se preguntan en el ente persecutor. Ahora, advierten: también pudo haber casos de falsificación de certificados, donde el infractor no necesariamente sea el funcionario público, sino que también la persona que pidió la pensión de manera irregular.
Estas dos interrogantes es lo que se intenta despejar en la indagatoria que lleva el fiscal regional Occidente, Marco Pastén, quien a dos semanas de iniciado el caso, ya entró de lleno en la causa, a partir de una serie de requerimiento a la Departamento de Acción Social (DAS).
Lo primero que llegó a la fiscalía, la semana pasada, fueron los 418 expedientes de los beneficiados. Fue la DAS quien remitió la información, la cual será cotejada por los investigadores, y analizada en detalle para saber dónde habría una ilegalidad en la entrega de las pensiones.
Por instrucción del fiscal Pastén, las diligencias están a cargo de la PDI. A ellos pidió, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, que requieran antecedentes documentales, testimonios, certificados, y todos los insumos que se tuvieron a la vista por parte del organismo para emitir los certificados que acreditaban como víctima, ante el DAS, a lesionados del estallido.
Asimismo, como pudo conocer este medio, se instruyó a la policía civil a tomar declaración a las máximas autoridades del INDH, por lo que no se descarta que preste declaración su directora, Consuelo Contreras.
Igualmente, se pidió tomar declaración a la jefa de dicho organismo, Sandra Guerra, para que detalle en qué consiste y cómo se realiza todo el proceso de otorgamiento de este beneficio.
Desde la Subsecretaría del Interior detallaron que “como ya lo hemos manifestado, se han puesto los antecedentes a disposición de cada una de las instancias que ha investigado este tema. Tanto al Congreso, a través de la Comisión Investigadora, como a la Contraloría respondiendo a las observaciones formuladas en su auditoría. Lo mismo se está haciendo con la investigación que lleva la fiscalía”.
El ojo del CDE
En medio de la indagación, además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante la semana del 5 de febrero, envió una solicitud hasta el escritorio del fiscal Pastén para tener acceso a los antecedentes de la carpeta investigativa.
De acceder a estos antecedentes, el CDE comenzará una revisión en el Comité Penal para determinar si se querellarán o no en la causa, donde se indagan delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares-, está el que sanciona a empleados públicos que sustraigan caudales o efectos públicos o de particulares.
También, el que sanciona a funcionarios que incurran en abandono de deberes y así faciliten la sustracción de dineros; al que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado; a quienes incurran en apropiación indebida; falsificación de firmas o de otros documentos; entre otros contemplados en el artículo 470° del Código Penal.
“Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”, recalcaron desde el ente persecutor. ●
Este martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación ProCultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora del delito de “apropiación indebida”. En su querella, la entidad sostiene que dicho ilícito se habría configurado mediante la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, cuyos montos fueron solicitados para su restitución, tras el término anticipado de los contratos, situación que -acusa el organismo- no ocurrió. De los cinco contratos, cuatro se enmarcan en el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta, mientras que el quinto corresponde al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $ 511.058.002.
Según acusa el organismo, una vez suscritos y aprobados los convenios se procedió a transferir “en una sola cuota” los recursos fiscales a ProCultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos “de carácter grave y/o reiterados” en las actividades comprometidas por la fundación.