Decepcionante convocatoria del Cosena
Extraña que esta instancia haya sido convocada para discutir fundamentalmente lo relativo a la infraestructura crítica, sin aprovecharla para haber cimentado las bases de un plan mucho más integral para combatir la crisis de inseguridad.
Se habían cifrado importantes expectativas en torno a la convocatoria que hizo el Presidente de la República al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), instancia contemplada en la Constitución y que oficia como cuerpo consultivo para el jefe de Estado en materias de seguridad. El marco en el cual el Presidente hizo esta citación responde a la grave crisis de inseguridad que afecta al país, tanto por el fuerte aumento de la delincuencia común como también por la grave amenaza que representa el crimen organizado, que entre otras manifestaciones se ha traducido en una ola de asesinatos.
Tras la revelación de las actas de la reunión, han surgido cuestionamientos desde distintos sectores, porque el tenor de lo conversado no se condice ni con las expectativas que se habían sembrado en la ciudadanía ante la convocatoria del Cosena, ni con el monumental desafío que supone combatir el flagelo del crimen organizado y la inseguridad. El Presidente señaló tras el encuentro que “se ha pasado de una política de gobierno a una de Estado”, pero no queda claro en qué se traduce ello, considerando que tampoco se anunció ningún tipo de medida especial.
Si bien el Mandatario había señalado que el objetivo central de la convocatoria al Cosena era evaluar los alcances del proyecto de ley sobre infraestructura crítica que se debate en el Congreso -norma que permitiría el despliegue de personal militar para la custodia de instalaciones esenciales para el país, sin necesidad de decretar un estado de excepción-, lo que se esperaba era una discusión mucho más amplia, con miras a la conformación de un plan a gran escala donde los distintos estamentos del Estado se involucren en ello. Las actas revelan que solo hubo comentarios muy generales.
Algo que sí se despejó con claridad es que ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno favorecen los estados de excepción en zonas urbanas, con el fin de permitir un despliegue activo de personal militar para el control del orden público, estimándose que debe ser una labor de apoyo acotado a las policías, como sería la custodia de infraestructura crítica. El Ejército hizo ver que carece del entrenamiento, educación y equipamiento adecuado para resguardar el orden público, un punto que en todo caso ya había hecho ver anteriormente. Respecto al proyecto de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas volvieron a hacer presente, entre otros puntos, la importancia de que quede bien reglamentado el uso de la fuerza, así como mayor precisión de cómo se ejercerá el mando.
Si bien parece acertado que el Presidente cuente con esta nueva facultad, es claro que la protección de infraestructura crítica no es hoy un problema, y el hecho de que se busque ampliar su órbita a instalaciones como estaciones de trenes o terminales de buses tampoco hará mayor diferencia en la actual crisis de inseguridad.
Extraña entonces que esta instancia no haya sido aprovechada para intercambiar puntos de vista de cómo reforzar el contingente policial, potenciar las capacidades de inteligencia, mejorar la persecución penal, analizar el hacinamiento carcelario y tantas otras materias que resultarían fundamentales para enfrentar el delicado momento por el que atraviesa el país, lo que, además de resultar decepcionante, deja a la vista que un plan integral para enfrentar la inseguridad sigue pendiente.