La advertencia de Gendarmería al juez Urrutia, el magistrado que autorizó visitas y llamadas a reos de alta peligrosidad
Daniel Urrutia ordenó que 14 internos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago pudieran tener contacto con sus familias; uno de ellos, el presunto autor del delito de homicidio a un carabinero. En cuatro casos permitió videollamadas y en uno, una “visita íntima”. Su decisión será revisada en la Corte.
“Al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo, mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran. Como este es un Estado de Derecho y este tribunal quiere creer que así es (...) las órdenes jurisdiccionales se cumplen”.
De esta manera, el 25 de enero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, exponía en audiencia ante Gendarmería por qué había tomado la decisión de autorizar la visita “íntima” a Rafael Marín Vielma, ciudadano colombiano condenado a 15 años de cárcel por delitos asociados al tráfico de drogas.
El magistrado, seis días antes había inspeccionado la Cárcel de Alta Seguridad, donde además de autorizar la visita a Marín Vielma, también ordenó a Gendarmería entregar la condiciones necesarias para que cuatro reos -asociados a causas de crimen organizadopudieran sostener videollamadas con sus familiares.
Además, a otros cinco reos les permitió recibir visitas en la cárcel. Uno de estos internos es Ovicmarlixon Garcés Briceño, formalizado por el homicidio al suboficial Daniel Palma, en abril del 2023. “El tribunal autoriza visita de su madre al centro penitenciario dentro de siete días, debiendo Gendarmería informar del cumplimiento al tribunal de la visita”, señaló en el escrito enviado al organismo penitenciario.
Tras ser notificados de esta decisión -la cual fue revelada por Mega-, Gendarmería interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual paralizó la decisión de Urrutia, hasta que este entregue un informe donde explique por qué tomó esa decisión.
Conocido el caso, el gobierno reaccionó. “Nos parece que esta es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado”, señaló el subsecretario del In-terior, Manuel Monsalve. Lo propio hizo la oposición, a través de la bancada de diputados de RN.
Desde la oposición, el diputado UDI Jorge Alessandri llamó a abrir un cuaderno de remoción contra el magistrado. En la misma línea se pronunciaron Henry Leal (UDI) y Camila Flores (RN).
El aviso
Pero antes de que Gendarmería recurriera al tribunal de alzada para paralizar la decisión del juez Urrutia -quien en junio del 2023 había sido sancionado por la Corte Suprema por autoasignarse causa y liberar a miembros de la “primera línea”- intentó convencer al propio magistrado de revertir su resolución.
El 24 de enero, el abogado de Gendarmería Sebastián Ramírez expuso ante el tribunal que “lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S. (la Cárcel de Alta Seguridad) pertenece a bandas criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no solo del resto de la población penal, sino de la seguridad nacional”.
Además, agregó que “es consabido que durante el mes de enero se han realizado una serie de acciones atentatorias a las inmediaciones del R.E.P.A.S. a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusive a amenazar de muerte al Sr. ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Sr. director nacional de Gendarmería de Chile y a la jefatura de la referida unidad penal, encontrándose actualmente en trámite una querella interpuesta contra quienes resulten responsables, la cual se ventila ante vuestra magistratura, por lo cual este servicio debe extremar y velar todas las medidas de seguridad que vayan en resguardo a que el régimen interno del penal no se vea afectado por decisiones y acciones que permitan vulnerar la seguridad e impida de esta forma dar cumplimiento al mandato legal de Gendarmería de Chile”.
El caso inquieta sobremanera al Ejecutivo, dado que hasta ahora no se habían registrado amenazas de muerte en contra de algún ministro de Estado, menos vinculado a un asedio a las autoridades en las cárceles.
Bandas criminales
Finalmente, Gendarmería expuso que la institución “no tiene ni la disponibilidad técnica, ni los recursos necesarios para realizar visitas a través de videollamadas con familiares o terceros, considerando, además, que dichas comunicaciones podrían afectar la seguridad del establecimiento penitenciario, o inclusive la seguridad nacional; considerando que el perfil de internos que mantiene el R.E.P.A.S. se encuentra en bandas criminales transnacionales con gran poder de operatividad para la comisión de ilícitos y/o acto de narcoterrorismo; tal como ha ocurrido con células y bandas delictuales en la región”.
Una vez notificado de esta solicitud para declarar la incompetencia del juez Urrutia, el Séptimo Juzgado de Garantía, el 31 de enero, a través de una resolución firmada por el magistrado Cristián Sánchez, resolvió -brevementeque “se declara inadmisible el recurso de apelación deducido por Gendarmería de Chile”.
La resolución del juez no solo encontró respuesta en el gobierno, sino que también en la Fiscalía. Desde el Ministerio Público indicaron que “estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”.
Con todo, será la Corte de Apelaciones de Santiago quien deberá resolver el fondo del reclamo y decidir, una vez más, respecto de un polémico fallo del ya conocido juez Urrutia. ●