MEDIR EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO

SEÑOR DIRECTOR:

Fue recién iniciada la gestión del Presidente Boric cuando el subsecretario Monsalve señaló que Chile estaba enfrentando un problema de crimen organizado. Desde entonces, el país ha sido testigo de cómo el gobierno ha volcado casi por completa su agenda de seguridad a este tema.

Durante 2023 se dictaron leyes para darle mayores facultades a las policías, se crearon nuevos tipos penales, como la asociación delictiva y asociación criminal, destinamos mucho presupuesto público (5,7% de aumento para orden y seguridad pública en el presupuesto 2024), y en una de las últimas leyes promulgadas se creó una fiscalía supraterritorial para investigar y perseguir delitos complejos y crimen organizado.

Entonces, cabría preguntarse qué podemos esperar para este año en cuanto a resultados: ¿Menos homicidios?, ¿menos delitos violentos?, ¿más incautaciones y comisos?, ¿más formalizaciones?, ¿más condenas?

Lo cierto es que no lo sabemos con certeza y tampoco podríamos acompañar esta respuesta con indicadores de línea de base y metas a cumplir, ni menos relacionar ciertas medidas con determinados resultados. Aunque todas las medidas parezcan adecuadas, solo recientemente se anunció que el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, mandatado por el Ministerio del Interior, se encuentra trabajando en desarrollar un mecanismo de seguimiento y monitoreo.

Mientras, y ante la ausencia de datos que permitan evaluar cómo lo estamos haciendo como país para disminuir el crimen organizado, serán la percepción y el temor de la población los que sigan orientando las decisiones de la política pública.

Francisca Werth Abogada