La picaresca municipal
Ocurrió en el verano de 2013. En enero de ese año los integrantes del Concejo Municipal de Curicó decidieron que era una buena idea cruzar la cordillera para participar en la maratón de chivos a las llamas, una fiesta tradicional de la localidad argentina de Malargüe, justo del otro lado de la frontera, consistente en un masivo asado de cordero. Una de las concejalas consideró que era buena idea cruzar el paso internacional en un taxi solventado con dinero público. El resto de las autoridades acudió en movilización propia con gastos de combustible a rendir a cuenta del municipio. El registro de las autoridades festejando sembró la duda sobre la manera en que esas muestras de camaradería transandina beneficiaban a la ciudad. La sangre llegó al río un año más tarde, cuando el concejo aprobó financiar una gira europea para tres de sus miembros: necesitaban capacitarse en París, Roma y Barcelona. Hubo una denuncia y luego una investigación que dio cuenta de que el concejo municipal en ejercicio solía organizar viajes con una frecuencia pasmosa, dentro y fuera de Chile, sin una finalidad clara y a costas del dinero de la ciudad. En 2015 todo el concejo municipal, nueve personas militantes de distintos partidos, fue formalizado por fraude al Fisco y en 2017 condenados a penas leves remitidas y a una multa del 20 por ciento de lo defraudado. El mensaje enviado por las instituciones fue claro: defraudar un municipio sale barato.
Aunque lo ocurrido en Curicó tiene elesectores mentos de una picaresca provinciana, reporta un síntoma de algo mayor, porque involucró a representantes de todo el arco político. El caso indicaba un extravío absoluto entre la promesas de campaña y las prioridades de unos concejales que resultaron ser poco más que una camarilla de aprovechadores. Desconozco las medidas que tomaron los partidos de cada uno para evitar que algo así se repitiera, pero a la luz de la cantidad de revelaciones sobre fraudes municipales, sospecho que no hubo ninguna. La cascada de casos sobre robos en los gobiernos locales revelan la naturalización de una manera de asumir el poder municipal que más que una anomalía es parte de un sistema de gestión extendido para el que no existen cortafuegos institucionales, porque no hay interés de que se construyan. Desde contratos amañados como el caso luminarias en Iquique o el llamado caso cuentas corrientes en Ñuble, hasta el clientelismo electoral en San Ramón.
Entre las críticas de fondo recurrentes de los conservadores y liberales a la izquierda y al progresismo está lo que llaman propuestas “demasiado ideologizadas” que no guardan relación con las necesidades más próximas de las personas, entendiendo como tales, por ejemplo, asuntos bien concretos, como veredas y luminarias en buen estado, plazas y parques, consultorios de salud y seguridad. Una perspectiva bastante razonable que, sin embargo, se contradice en la práctica con gestiones municipales desastrosas, como la de Cathy Barriga en Maipú, uno de los municipios más poblados del país, que dilapidó miles de millones de pesos en frivolidades de distinta calaña a vista y paciencia del partido que la apoyó. Otra de las críticas usuales desde la derecha es a la falta de transparencia en la gestión pública, un aspecto en el que los mismos partidos de ese sector deberían cumplir y no lo hacen: la disposición a exhibir las cuentas de las corporaciones municipales ha sido la misma de municipios controlados por sus adversarios, es decir, ninguna.
Las investigaciones por fraudes en alcaldías cunden en todo el país, con montos a la escala del tamaño y la riqueza de los municipios y un descontrol sistémico que los partidos enfrentan sin asumir responsabilidad alguna. Hasta el momento no ha habido interés por remediar a nivel legislativo las filtraciones de dinero público de las alcaldías, ni de separar desde los partidos la paja del trigo con decisión, porque -tal como en el caso de los concejales viajeros de Curicó- parece existir una cultura bien asentada de considerar la caja municipal como fondo disponible para financiar necesidades privadas múltiples, aliñada por la costumbre de que todo se arregla con un hoy por ti y mañana por mí. Eso es lo que parece haber funcionado en Las Condes con los pagos de horas extras en cantidades inverosímiles, o en Vitacura, en donde el exalcalde Raúl Torrealba decidió cooperar con el fiscal a cargo admitiendo que bajo su alcaldía la corporación municipal financió estudios electorales. Torrealba, formalizado por varios delitos de corrupción, logró el cambio de las medidas cautelares impuestas previo pago de una fianza y luego de una declaración que habría servido a la Fiscalía para comprender detalles de la trama. El exalcalde declaró al salir de la cárcel para cumplir arresto domiciliario que “esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún”.
Que la corrupción en los municipios es un asunto extendido es un hecho. Los casos salpican a partidos oficialistas y de oposición en distintas regiones del país y la percepción general es que o la justicia llega tarde o no llega. El desplome de la confianza pública en la política está llegando a un sótano profundo y está socavando, incluso, instituciones como las municipalidades, aquellas que la ciudadanía considera más cercanas a atender sus necesidades. Tal como en tantos temas, la actitud de las dirigencias ha sido esperar que pase el escándalo propio hasta que aparezca el del adversario, sacando provecho del momento sin atender a la debilidad estructural. Partidos que siguen prometiendo gestión y probidad orientadas al bienestar de las personas y brindando nada más que decepción y picaresca.