Avanzar en pensiones sin deteriorar el mercado laboral
De acuerdo con la información arrojada recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pudimos conocer el balance del mercado laboral de 2023, y el resultado fue alarmante: la tasa de desempleo promedió un 8,6%, el más alto de los últimos 18 años, sin considerar la pandemia; y aun cuando el total de empleo mostró máximos históricos, se observa un rezago importante respecto del PIB.
Estos resultados, que son negativos para el país en general, pueden explicarse por diferentes factores que hacen que el mercado esté constantemente desafiado. Entre otros, se deben al ajuste experimentado por la economía desde mediados de 2022 y los cambios estructurales que afectan al empleo, como el avance tecnológico y el aumento de los costos del trabajo como consecuencia de los cambios regulatorios impulsados hace unos meses, entre los que destacan la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo.
Esto último ha incidido de manera crítica en el mercado laboral, complicando una situación que ya es preocupante. Considerando los antecedentes, los nuevos cambios institucionales que están en plena discusión podrían afectar aún más la capacidad de generar empleo, con una economía debilitada que podría provocar una disminución de los empleadores (empresas), especialmente pymes de los sectores intensivos en mano de obra, como el comercio.
Resulta clave en este escenario evaluar en profundidad los impactos que podría tener el aumento de la cotización previsional en 6 puntos de cargo de los empleadores, que aun en un escenario de gradualidad, va a terminar acentuando el difícil momento que vive el mercado del trabajo y, por ende, el empleo. Avanzar en más de 3 puntos de cotización adicional individual (considerando además el significativo aumento de las tasas de reemplazo que ha generado la PGU), pareciera ser el camino más recomendable para enfrentar esto de manera sostenible en el tiempo.
Como ya hemos dicho, ningún sector está en contra de aumentar en un 3% la cotización individual, sin embargo, es importante recalcar que el financiamiento adicional para el seguro social, así como el resto de las medidas de solidaridad, tienen que provenir de recursos generales de la nación, fundamentalmente tributarios. Los impuestos generales son también aportados por los privados para que el Estado cumpla sus objetivos, y si bien son una carga, no encarecen particularmente el costo de contratación, como sí ocurre con el actual proyecto.
Es claro que necesitamos avanzar en consensos, pero el debate debe ir acompañado de una mirada técnica y un análisis riguroso, que permita dilucidar los efectos que generarían estos cambios en el largo plazo. La meta es mejorar la calidad de vida para hoy y el futuro de los chilenos y chilenas.