Líos de plata: las interrogantes que deben despejar Jackson, Martínez y Crispi ante la Fiscalía
La última semana de febrero concentrará las pesquisas solicitadas por los querellantes del caso Democracia Viva. Es una de las diligencias más esperadas, porque apuntan a la responsabilidad que podrían haber tenido autoridades de gobierno en la presunta omisión de denuncia de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta e hizo estallar el caso. El jueves será el turno del otrora titular de la Segpres y Desarrollo Social y hombre de confianza del Presidente, el exministro Giorgio Jackson.
La última semana de febrero se avizora tensa para el gobierno. Y es que el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, fue cuestionado el fin de semana por el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, por supuestamente no entregar toda la información sobre Democracia Viva al Presidente Gabriel Boric. Los dardos del exRD, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en tres delitos de fraude al Fisco, llegan en un momento donde el denominado caso líos de plata vuelve a agitarse por sus diligencias.
El fiscal a cargo de investigar la arista Democracia Viva del caso convenios, Cristián Aguilar, arribará en las próximas horas a Santiago para tomar declaraciones en calidad de imputados del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, y quien ha estado cuestionado por la oposición, el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Esto en el marco de la ampliación de la querella presentada a fines del año pasado por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázabal, quienes apuntan a presuntas responsabilidades del alto asesor en la omisión de denuncia por hechos de corrupción.
De cara a las pesquisas, surge la pregunta de ¿cuáles son las interrogantes que las tres autoridades deberán responder? En el libelo presentado por los republicanos se lee que “en junio de 2022 se dieron instrucciones que -en esencia- rebajaron los controles por parte del referido Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos”, apuntando al rol de Jackson cuando fue titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Por su parte, Martínez deberá declarar -según solicitaron los querellantes- por su rol como Dipres, ya que a juicio de los diputados opositores “tuvo por finalidad entorpecer el control y fiscalización del uso de los dineros públicos, rebajando las exigencias de experiencia y antecedentes de las ISFL”. Crispi, en tanto, deberá hacerse cargo como exjefe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) sobre los controles en el periodo donde se ejecutaron los traspasos de platas a la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Los tres funcionarios de este gobierno,
además, son indagados en una arista ya separada por el fiscal Aguilar y la que podría complicarlos más: omisión de denuncia. En su calidad de empleados públicos la ley los obliga a entregar antecedentes a la Fiscalía cuando sean testigos de un hecho que podría constituir delito. Por eso para el Ministerio Público será clave también interrogar sobre cuándo cada uno de ellos se enteró del caso Democracia Viva y qué hizo con esa información. Cuándo y cómo se enteraron otros funcionarios de La Moneda y el propio Mandatario estaría dentro de las preguntas evaluadas por el fiscal Aguilar y su equipo de la PDI.
¿Pacto de silencio?
“Finalmente prestará declaración el próximo jueves (22)”, confirmó el abogado de Jackson, el penalista Miguel Schurmann, quien detalla que el exministro de Estado se ha encontrado “colaborando con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, producto de la ampliación de querella que presentaron dos diputados del Partido Republicano en su contra”.
Con menos expectativas, en tanto, uno de los diputados republicanos que impulsó esta acusación, Cristián Araya, apunta a un sude puesto pacto de silencio entre los imputados. “Tengo bajas expectativas de las declaraciones que darán. Han demostrado una coordinación entre ellos que dificulta el proceso investigativo. Espero que los imputados asuman, de una vez por todas, sus responsabilidades y colaboren con la justicia. Hay mucho por aclarar de este “mecanismo” de Revolución Democrática”, acusó.
“Queremos saber si (Carlos Contreras) recibió instrucciones de niveles superiores”, dice Sergio Rodríguez, abogado que representa a los diputados republicanos. Esa es la gran interrogante para los querellantes: si hubo, o no, una instrucción desde arriba para financiar con recursos públicos actividades políticas. “Hay algo más que hechos puntuales y es lo que más insistimos en esta investigación. Hay que ir más arriba y determinar por qué se producen hechos similares en distintas regiones”, dijo el profesional.
“Fue una maniobra política”
Frente a la separación del caso de Crispi, Jackson y Martínez de Democracia Viva, decretada por el fiscal Aguilar, la defensa del exsegpres valoró la decisión: “La diligencia fue rechazada inicialmente por falta de fundamentos y solo ante la insistencia de los diputados republicanos finalmente la decretó, pero separando la investigación, de modo aislar esta imputación de las otras investigaciones que lleva adelante por el ‘caso convenios’”, resaltó Schurmann.
Una visión distinta tiene Rodríguez sobre lo que hizo el Ministerio Público. “No ha habido una separación de hechos, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, a nivel de las conductas de los organismos centrales. Nosotros, cuando presentamos la querella el año pasado, imputamos la posible responsabilidad por haber facilitado los fraudes al Fisco, rebajando los controles necesarios que existían en el sistema público”, aclaró el abogado.
Desde el oficialismo dicen que Crispi dará su testimonio para colaborar con la investigación y, a la vez, para “dar término al uso político que diputados republicanos han hecho de la causa”. En el mismo tenor, el abogado de Jackson dice que “esta declaración será importante para descartar toda participación de mi cliente en el llamado ‘caso convenios’ y así demostrar que la querella de los diputados republicanos no fue más que una maniobra política”.
Frente a las declaraciones de Contreras
Las declaraciones de Carlos Contreras el fin de semana, donde afirmó que “Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric”, movieron aguas que estaban bastante quietas después de las formalizaciones en este caso.
Sergio Rodríguez, el abogado que representa a los diputados republicanos, dice que las palabras del ex-RD son un aporte a las investigaciones que lleva Fiscalía. “Creemos que desde el punto de vista de la investigación sí hay nuevos antecedentes, pero esos buscan justificar su conducta. Esperamos que esas palabras sirvan de base para las diligencias que serán decretadas por el Ministerio Publico, para determinar los alcances de las instrucciones que recibió en la ejecución presupuestaria”, dijo el abogado.
Esto lo dice en contraposición a lo que señalan fuentes cercanas a Crispi, quienes sostienen que en la entrevista a La Tercera no revela ningún antecedente nuevo a Fiscalía y que, por el contrario; a pesar de que los disparos vayan hacia el jefe de asesores de la Presidencia, son palabras que lo ayudan, ya que Contreras habla desde la “intuición”, afirman. De la misma forma, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo que “las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía”.
Rodríguez aclara que si bien, a su juicio, el hecho de que el imputado amplíe sus dichos y entregue nuevos antecedentes que aporten, “lo que se requiere es el detalle acerca de la instrucción que recibió a nivel central”. ●