Chilenos en alerta por ley que podría cambiar la educación argentina gratuita
Aunque la Ley Ómnibus de Milei no prosperó tal como se presentó, una de las posibilidades del gobierno trasandino es dividirla y avanzar por partes, lo que tiene atentos a los casi 6 mil nacionales que están en universidades públicas.
La ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, impulsada por el nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, y más conocida como Ley Ómnibus, dentro de otras cosas en el artículo 553 (de 664 presentados) busca modificar parte de la Ley de Educación Superior transandina, que actualmente señala que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”.
Y aunque el futuro de la Ley Ómnibus es incierto (fue aprobada en general en la Cámara Baja, el Congreso de Diputados dispuso que regresara para ser revisada en comisiones y una de las alternativas del gobierno ahora es hacerla avanzar por partes), lo cierto es que la propuesta de que los estudios dejen de ser gratuitos para los extranjeros con las normas actuales tiene en alerta a un grupo no menor de chilenos. Debido a lo anterior, hace algunas semanas los consulados de Chile en Argentina están recogiendo información sobre los estudiantes chilenos en ese país para entregarla en la embajada que encabeza José Antonio Viera-Gallo.
Y es que mientras algunos dicen entender la idea de fondo, otros ven con preocupación que la propuesta de Milei cambie las reglas del juego, dado que el proyecto de ley señala que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos”.
Así, el texto prosigue con que las instituciones de educación superior estatales y universidades nacionales “podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos”, aunque también establece que se pueden entregar becas a extranjeros que lleguen como parte de ciertos acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.
En concreto, lo que está en riesgo para los chilenos en caso de que se terminara aprobando tal como está la ley, es que si no cuentan con la nacionalidad o la residencia permanente, podrían empezar a ver cobros para seguir con sus respectivas carreras. Estudiar en Argentina ya no sería solo un tema que pase por ser aceptado en una casa de estudios, sino que estar dispuesto a pagar por ello.
Acorde a los datos más actualizados disponibles del Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Educación argentino, eran 117.820 los extranjeros estudiando en la educación superior transandina según la ‘Síntesis 2021-2022 del Sistema Universitario Argentino’, con 88.601 de ellos haciéndolo en el sector estatal. De todos esos, 5.587 eran chilenos, ya sea en programas de pregrado, grado o posgrado.
Y si bien Chile es apenas el octavo país que más extranjeros aporta al sistema argentino (antes están Perú con 14.371, Brasil con 13.941, Colombia con 10.858, Paraguay con 10.412, Bolivia con 9.774, Venezuela con 7.856 y Ecuador con 6.164), lo cierto es que quienes lo componen algo tienen que decir sobre un sistema que conocen de cerca.
Una de ella es Catalina Astorga. “La posibilidad de acceder a una educación de calidad y gratuita es algo increíble de lo que estaré toda la vida agradecida”, señala la estudiante de quinto año de medicina en la U. Nacional de Córdoba (UNC). Por eso, antes de opinar, pone contexto sobre Argentina: “El país se encuentra atravesando una crisis económica histórica y ante situaciones así están reestructurando sus políticas para minimizar lo más posible el costo en el área que sea”. Dada esa situación, no le parece “una idea descabellada” cobrarles a los extranjeros. “Mis años de carrera la están pagando todos los argentinos. Creo que no busca hacer una diferencia entre nacionalidades, sino que minimizar los gastos públicos, que en este momento es algo que se requiere”.
Astorga añade que, aun si se con
cretara la ley, en Argentina “seguirá siendo mucho más accesible estudiar que, por ejemplo, en Chile (…) Tienes que vivir en un país en crisis para darte cuenta cómo afecta en el día a día”.
Una opinión similar tiene Valentina Toledo, quien también cursa medicina, aunque ella está en primer año en la U. de Buenos Aires. “Argentina está cursando una crisis económica importante, por lo cual el costo de la educación a extranjeros no residentes representa, junto con otros, un gran gasto para el país”, señala. Y aunque ella tiene residencia permanente y una nueva ley no debería afectarle, asegura que igualmente “sentiría injusto para los argentinos tener que cubrirme el costo de la educación y la salud”.
Incluso se aventura en proponer que cuando Argentina logre superar la crisis pueda existir un plan que beneficie tanto al estudiante como al país. “Por ejemplo, que estudien gratis a cambio de unos años de ejercer”.
¿Una mirada distinta? Un estudiante chileno de tercer año en la U. Nacional de La Plata, que prefiere no dar su nombre, asegura que con una nueva ley sus planes “podrían llegar a cambiar, pero habría que ver en concreto cuánto sería el cobro y si al final sale a cuenta vivir fuera de Chile y estar pagando acá, versus volver y buscar alternativas de estudio allá”. Y cierra: “Hay que ver cómo se daría, pero que se cambien las reglas a mitad de camino, no me parece”. ●