En construcción por 10 años: la interminable espera por el Hospital del Salvador
Originalmente, el recinto ubicado en Providencia, que atenderá a una población de casi 500 mil pacientes, estaba programado para su puesta en marcha en 2019.
Los planos y la descripción del nuevo Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría dicen que tendrá 24 pabellones quirúrgicos y una unidad de diálisis dotada de 19 sillones de tratamiento para pacientes con insuficiencia renal crónica, brindando así un moderno nuevo recinto público de salud emplazado en Providencia para las casi 600 mil personas que se estima podrían beneficiarse de él. Sin embargo, hay un gran ‘pero’: la fecha para que eso suceda se ha modificado más de una vez y la edificación ya cumple 10 años construyéndose. Y si antes se establecía que parte del recinto debía estar operativa el 10 de agosto de 2019, ahora se ha pospuesto la puesta en marcha provisoria para el segundo semestre de 2025. En otras palabras, el plazo de término se ha prolongado en exactos 1.661 días, o casi cinco años.
Aunque el 28 de mayo del 2014 se dio inicio a la concesión, el proceso de construcción ha tenido diversos obstáculos, con algunos que escapan de las manos de los ejecutantes, como los hallazgos arqueológicos y la pandemia, pero también con otros evitables, como el retraso en el papeleo formal para la entrega de los terrenos. De acuerdo al último balance del Ministerio de Salud sobre el estado de la construcción de este recinto, registra un avance del 77%.
En ese sentido, Nicolás Duhalde, exjefe de gabinete del subsecretario Alberto Dougnac (Redes Asistenciales) e investigador del centro de investigación Pensar en Público, afirma que “es lejos de los hospitales que mayor retraso tienen, y esto se ha debido a muchas y distintas razones. Ha sido un hospital especialmente acontecido. Y aparte ha costado que la obra retome con ritmo”.
El último problema que enfrentó el proyecto fue el aumento de costos producto de los retrasos y el cambio del escenario financiero tras la pandemia, razones por las que se tuvieron que actualizar los términos del contrato. Para eso se necesitaron diversas reuniones entre la cartera sanitaria, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC). Y eso llevó tiempo y volvió a extender la puesta en marcha del hospital.
En ese contexto, Marcelo Carvallo, jefe de Inversiones (s) del Minsal, sentencia que “la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) está programada, de acuerdo al documento que firmaron la Dirección General de Concesiones (DGC) y la sociedad concesionaria el viernes pasado (23 de febrero), para los primeros meses del segundo semestre de 2025. Este es el compromiso que está asumiendo el MOP, ministerio que administra el contrato”.
Además, respecto del último obstáculo al que se enfrentó el recinto, Carvallo detalla que “producto del alargamiento de los plazos y la crisis sanitaria, la empresa necesitó reconocer un aumento de los costos y hubo que establecer los mecanismos adecuados para hacerlo. Eso sí, durante estos meses la constructora tuvo una disminución en la actividad, lo que afectó la velocidad del avance. Además, hay un aumento del costo financiero. Reconocidos estos eventos -aumento de costo por pandemia y el aumento de costo financiero-, se acordó terminar este año con un hito del 90% de construcción”.
Asimismo, Duhalde explica que producto de los retrasos “se sufren gastos de ambos lados, tanto de la constructora como del Estado, porque cuando se planificó este proyecto había un valor acordado, pero los costos de la construcción han ido aumentando con el tiempo, y los gastos empiezan aumentar”.
Cronología del retraso
Uno de los primeros problemas que presentó la obra fue en sus inicios, específicamente en la etapa de entrega de terrenos. El Hospital del Salvador-Geriátrico se adjudicó el 31 de enero de 2014 y se dio inicio a la concesión cuatro meses después -28 de mayo-. Sin embargo, el inicio de obras tardó más de un año.
Y justo cuando los trabajos iban a comenzar los equipos encontraron restos arqueológicos, por lo que se necesitó del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que demoró dos años en estudiar los hallazgos. Solo después de eso se liberó el terreno para retomar las obras.
“Eso hace que el inicio de las obras se cambie para 2018, lo que ya implica un modificación del contrato, en términos de establecer una nueva fecha para la puesta en marcha provisoria. Y aquí está la primera gran prolongación”, detalla el jefe de Inversiones (s) del Minsal.
Luego, debido a la actualización de las especificaciones técnicas, a la vez se tuvo que actualizar el equipamiento médico y, por ende, la infraestructura que lo contenía.
Respecto al nuevo plazo de puesta en marcha, el investigador de Pensar en Público sentencia que “esto también repercute en el sistema de salud, porque el hospital no estuvo disponible en la fecha que se pensó. Además, la gente también se ve afectada pues no va a tener esta nueva atención en la fecha que esperaba”.
Con todo, en Mercado Público ya hay publicaciones del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría con el fin de comprar insumos clínicos y así estar preparados para el eventual funcionamiento del nuevo recinto. ●
A mediados de diciembre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, eligió entre la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de La Serena a Patricio Cooper para encabezar la Fiscalía Regional de Coquimbo. Con ello, abrió las interrogantes respecto de quién seguiría encabezando la indagatoria relativa a la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, dado que se trataba de una causa que estaba radicada en la Fiscalía Centro Norte y que, hasta ese momento, llevaba el citado persecutor.
Sin embargo, a meses de dicha designación, el pasado viernes 23 de febrero, Valencia estampó su firma en la resolución que designa al nuevo fiscal regional para seguir dirigiendo la investigación penal que ha puesto en jaque a la administración de Irací Hassler (PC). “Desígnese a don Patricio Cooper Monti, fiscal regional de la Fiscalía Regional de Coquimbo, para dirigir la investigación de los hechos que se siguen, así como cualquier otra investigación que se inicie a raíz de estos mismos hechos, ejerza la acción penal en su caso, y dé protección a las víctimas y testigos, si fuere necesario”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Tercera.