Las claves del caso policial que mantiene en alerta a las autoridades
Ministerio Público y policías han intensificado las labores para dar con el paradero del otrora militar que mantenía calidad de refugiado en nuestro país. Pese a ello, aún no hay rastros de los captores, antecedentes de una eventual salida del país, ni móvil de la operación confirmado.
Siete días han transcurrido desde que el teniente (R) venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia. A eso de las 3.15 de la madrugada del miércoles 21 de febrero, cuatro sujetos ingresaron a su vivienda, ubicada en el piso 14 de un edificio en Calle El Molino y, desde ese momento, se desconoce su paradero.
Su hermana, que vivía junto a él, es quien ha estado a cargo de las conversaciones con autoridades y el Ministerio Público, entidad que desde que ocurrieron los hechos activó una serie de diligencias para identificar a los captores y dar con la ubicación del otrora militar.
Pero aunque ya ha transcurrido una semana, las noticias que la familia ha recibido son escasas. Como relató a La Tercera su hermano, Javier Ojeda, hasta ahora no han recibido ningún llamado, mensaje ni correo electrónico de los captores pidiendo algún tipo de rescate.
Tampoco, según comentó, tienen antecedentes certeros de que el teniente haya sido llevado de regreso a territorio venezolano. Conforme con su relato, las autoridades nacionales aún mantienen abiertas todas las hipótesis respecto de lo ocurrido, aunque para ellos, detrás de todo estaría la mano del gobierno de Nicolás Maduro.
“Una de las hipótesis que maneja el Estado sería culpar al gobierno de Venezuela. Obviamente yo creo que esa es una de las hipótesis más fuertes, porque ya han hecho señalamientos muy directos en contra de mi hermano y le han dado un carácter muy fuerte. Esos antecedentes fortalecen esa hipótesis”, aseguró haciendo presente que su hermano ha sido vinculado a un intento de golpe contra Maduro y que, por lo mismo se le persigue.
Pero pese a esa convicción que manifiesta, los avances de las pesquisas que ha ordenado el Ministerio Público a la PDI no han arrojado pruebas de aquello. Esto, aún cuando hay un equipo encabezado por el subprefecto Hassel Barrientos que mantiene dedicación exclusiva y 24/7 para esta indagatoria.
Planificación
Las diligencias instruidas incluyen una serie de entrevistas a testigos que presenciaron movimientos “extraños” en el edificio desde donde fue secuestrado Ojeda. Fuentes del caso, en esa línea, advierten que todo fue “pensado” y que “sí o sí” necesitó de un “estudio de campo” previo por parte de los delincuentes.
Se cree, en esa misma línea, que los secuestradores realizaron seguimientos a Ojeda en los últimos días antes de la “extracción”, como también rondas que les permitieran identificar sus horarios y traslados. Por lo mismo, también se indaga el círculo de amigos del exmilitar, como a sus cercanos en el trabajo.
Como prueba de la preparación que existiría tras este caso, fuentes ligadas a la indagatoria relevan la cantidad de autos que fueron utilizados. Primero, el refugiado venezolano fue subido por los cuatro sujetos que lo sacaron de su vivienda a un Nissan Versa 1.6 -que no tenía encargo por robo- e inician la huida.
Sin embargo, una hora después el vehículo apareció en la comuna de Renca, a un costado de la Costanera Norte y en su interior se encontraron un arma con 14 cartuchos sin percutar, un casco y un chaleco antibalas con estampados que imitaban los logos de la PDI.
Desde ahí, los secuestradores subieron a otros dos vehículos que fueron detectados por personal especializados y tras las cuales persiste su búsqueda.
Resguardos a la familia
Desde que ocurrieron los hechos, la familia del teniente Ojeda -su hermana, esposa e hijo-, fueron trasladados hasta un lugar con protección a fin de evitar que corrieran peligro.
De hecho, como informó este medio, esa fue la primera medida que adoptó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lidera las diligencias, una vez que se inició la búsqueda. En concreto, fueron trasladados desde su departamento en Independencia hasta otro inmueble en las afueras de la capital. Allí cuenta con protección policial 24/7, además de turnos de Carabineros, a través de rondas periódicas.
También se dispuso una línea directa entre la familia, las policías y la Fiscalía, la cual opera como una especie de “botón de pánico”, en caso de que su seguridad fuera puesto en riesgo. Y si bien aquello ha sido agradecido por la familia, como relató Javier Ojeda, no ha logrado calmar la “desesperación” que los ha embargado estos días.
“Por lo menos mi cuñada y mi sobrino están en un sitio de resguardo, y obviamente que el cambio drástico de vivienda, por lo menos para el niño, le ha afectado y está desesperado por la atención de su padre. Mi cuñada está muy mal, está desesperada. Mi hermana, en cambio, está haciendo el esfuerzo por mantener un poco más de control porque está realizando los trámites ante las autoridades”, aseguró.
Dada la situación que enfrentan, como agregó Ojeda en entrevista con este medio, están realizando coordinaciones con las autoridades nacionales para que su madre pueda ser trasladada hasta Santiago y así seguir la búsqueda de su hijo de manera presencial.
Un convenio bajo lupa
Si bien hasta ahora las hipótesis siguen abierta, hay una que ha implicado duros cuestionamientos a las autoridades de gobierno. Esto, porque entre las teorías del caso se mencionó que el convenio suscrito por Chile y Venezuela en enero pasado para avanzar en el combate del crimen organizado sería la vía por la que se materializó esta operación.
Sin embargo, desde el Ejecutivo han descartado tajantemente dicha información, principalmente el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue quien viajó hasta país caribeño para firmar el pacto. Tildó dichas especulaciones, de hecho, como “absurdas”.
La familia, en tanto, también da por descartado aquello y advierten que Monsalve no podría en riesgo la seguridad de todo el país por un caso como este. Sin embargo, sí son de la idea de que el gobierno de Venezuela pudo “haber sido una oportunidad para el régimen”.
“En mi opinión personal, sería una de las oportunidades que pudo haber tenido el régimen. Si el Estado chileno hubiese sabido de esto, sería una violación por completo de los derechos humanos y de la seguridad e integridad del Estado chileno, pero no descarto que podría haber sido una de las oportunidades que aprovecha el gobierno venezolano, porque se podían evitar oposiciones”, aseguró Javier Ojeda.
Más allá de la serie de declaraciones que el secuestro del teniente ha generado, lo cierto es que tanto el Ministerio Público como las policías mantienen todas las alertas encendidas para dar con su paradero. Por lo mismo, se ha mantenido el resguardo intensificado en las fronteras y distintos puntos del país. ●