Jugando a los detectives
La madrugada del 21 de febrero, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde el departamento en que vivía. Ojeda era un opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, que lo había arrestado bajo acusación de “terrorismo”. Escapó en 2017, y recibió el estatus de refugiado en Chile. Hasta ahí los hechos. Eso es todo lo que se supo de ese caso durante nueve días.
Durante ese intervalo, la incertidumbre fue llenada por un festival de especulaciones. Los políticos se dedicaron a jugar a los detectives, intentando sacar provecho proselitista de una investigación de vida o muerte.
Hablando desde Miami, el dirigente opositor venezolano Iván Simonovis se paseó por los medios dando el caso por resuelto, con nombres y apellidos. “En una incursión ilegal Alexander Granko (de la Guardia Nacional Bolivariana) planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron” a Ojeda, quien “ya estaría en Venezuela”, aseveró apenas conocido el secuestro.
Es el mismo Simonovis quien aseguró que el estallido social fue “planificado desde Venezuela” como parte de un “agresivo plan de la izquierda socialista para la destrucción masiva de la democracia en América Latina”.
Políticos adoptaron esa tesis interesada y sin un gramo de evidencia como si fuera cierta. El diputado RN Frank Sauerbaum investigó y juzgó: “es una operación de inteligencia de un país vecino para hacerlo desaparecer”, sin vínculos con el crimen organizado. Se desató lo que Ex-Ante bautizó como una “tormenta política” contra La Moneda, para “hacer valer responsabilidades políticas” en el gobierno, “en el entendido de que Maduro está detrás de la operación”.
Para ello, acusaron a la ministra Tohá de “secretismo”, después que la Fiscalía decretara la reserva de la investigación, un procedimiento habitual en un secuestro.
El presidente de Amarillos y de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Jouannet, acusó que “el gobierno sabe mucho más de lo que dice”. (Obvio, ¿o acaso el gobierno debería decir públicamente lo que sabe sobre una investigación reservada?) Este silencio, concluyó, “abre la caja de pandora”, para que “todo el mundo empiece a especular”. Tras ello, Jouannet se dedicó a especular: “estamos infiltrados por grupos chavistas que están operando libremente en Chile”, aseguró.
Su colega UDI Henry Leal, también de la Comisión de Seguridad, agregó que “nosotros no le creemos al gobierno que no sepa nada. Aquí debe haber información que están ocultando y necesitamos que salga a la luz pública”.
Un breve flashback: en noviembre pasado, la ministra Tohá dijo que “se pagó un rescate” en un secuestro. Entonces, el mismo Leal la acusó de “imprudencia temeraria” y de “poner en riesgo la seguridad de todos los chilenos” por sacar a la luz pública esa información.
Pero ahora, los diputados exigieron a la ministra entregar los antecedentes en una sesión “secreta”. Otro breve flashback: en junio pasado, el gobierno habló “en confianza” con los parlamentarios sobre un tema de seguridad: los ataques en la Macrozona Sur. Uno de ellos, Miguel Mellado, grabó en secreto los dichos del Presidente Boric, filtró públicamente el audio, luego condenó la filtración y, tras ser pillado, declaró que “no sentía vergüenza” por lo hecho. Y ahí sigue, tan campante.
Los políticos también se colgaron de la versión de un medio opositor venezolano que, sin evidencia alguna, denunció que “Chile dio luz verde” para que el régimen de Maduro ejecutara el secuestro. Cuestionaron entonces el acuerdo firmado por el subsecretario Monsalve en enero, tras las fallidas expulsiones de venezolanos a ese país.
Las mismas gestiones que habían sido exigidas y aplaudidas por la oposición (“tenemos que estar todos detrás de Monsalve en esto”, decía el diputado UDI Jorge Alessandri al anunciarse el viaje a Venezuela), se convertían ahora en la trama de una oscura maquinación.
Y ya que se trata de hablar sin saber, el oficialismo también lanzó su teoría al voleo. El presidente del PC, Lautaro Carmona, se preguntó “si no hay aquí un montaje, una intromisión de aparatos de más al norte de Venezuela, particularmente de la CIA”. ¿Evidencia? Ninguna.
Este viernes, tras seguir pistas ligadas a otros casos de crimen organizado, la PDI encontró el cuerpo de Ojeda, detuvo a un venezolano de 17 años, e identificó a otros dos sujetos como autores del crimen.
La Tercera informó que las diligencias “debilitan la tesis de un móvil político. Los hechos apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado Tren de Aragua”. El Mercurio reconoció que “el móvil del delito se alejaría de la tesis de una intervención de agentes de inteligencia del régimen de Maduro”.
En resumen: mientras los políticos especulaban con fantasías interesadas, la Fiscalía y la PDI seguían pistas reales sobre el crimen organizado.
El hallazgo dio vuelta la tortilla. Ahora el oficialismo se envalentonó. La primera reacción del presidente Boric tras confirmarse el asesinato no fue condenar el crimen ni solidarizar con la familia de la víctima, sino… con el Partido Comunista.
Pero, de nuevo, cautela. El caso no está resuelto aún. Falta detener a los demás responsables, saber quién encargó el crimen, y establecer si hay alguna motivación política tras él.
Mientras los profesionales investigan, a los políticos les corresponde hacer su pega: despachar una Ley de Inteligencia que lleva seis años en trámite, crear el Ministerio de Seguridad y aprobar las aún pendientes reglas del uso de la fuerza.
También fortalecer la vigilancia sobre el dinero del crimen organizado. ¿Por qué tanta reticencia a abrir sus cuentas corrientes, “honorables”? ¿Por qué tantas trabas a que Impuestos Internos pueda pesquisar dineros?
En cuanto a la investigación de los crímenes, nuestros Hércules Poirot del Congreso, nuestros Sherlock Holmes de la política, nuestros 007 del hemiciclo, nos podrían hacer el gran favor de quedarse callados.
Porque la investigación de un crimen atroz es un tema demasiado serio para andar jugando a los detectives.