Morosidad del CAE: efectos de una promesa ambigua
Como era de esperar, la falta de claridad del gobierno sobre el futuro del Crédito con Garantía Estatal ha terminado generando un alza de la morosidad, elevando los costos del sistema y afectando las políticas de financiamiento de la educación superior.
La ambigüedad en la recurrente promesa de condonación universal del Crédito con Garantía Estatal (CAE) por parte del gobierno ha generado consecuencias significativas y preocupantes para la política de financiamiento de la educación superior. Sumado a los efectos económicos de la pandemia y la promulgación de la ley 21.214 –que prohíbe informar las deudas educativas–, tras el triunfo electoral del mandatario prometiendo la condonación del CAE, más de 73.807 han dejado de pagar sus cuotas y cayeron en morosidad por esta última razón (Pivotes 2024). Así, hoy nos enfrentamos a un inquietante récord: más de 540 mil personas dejaron de pagar el CAE en 2023. La morosidad entre los egresados (con tres o más cuotas impagas) pasó en los últimos siete años del 29% al 54%.
La promesa de condonación universal ha demostrado ser impracticable. Las proyecciones indican cifras astronómicas que superan los 10 mil millones de dólares, cerca del 4% del PIB. En este contexto, en estos dos años de gobierno hemos observado posturas divergentes: algunas autoridades abogan por cumplir la promesa, ignorando el riesgo para la sostenibilidad fiscal, mientras que otras reconocen su inviabilidad. Esta falta de consenso se ve reflejada en que aún no se conoce el detalle de la medida. Las autoridades han respondido que este retraso se debería a que se espera un estudio para definir un futuro proyecto de ley, que buscaría cambiar el modelo de financiamiento estudiantil y reemplazar el CAE. Es decir, la promesa de condonación realizada durante la campaña y sostenida durante estos dos años no cuenta con los estudios ni análisis que la sustenten.
Todo indica que la condonación dejará de ser universal, aunque desconocemos sus alcances. Lo que sí sabemos es que mientras estas indefiniciones continúen, se seguirá incentivando la morosidad y, con ello, el aumento de las garantías ejecutadas. Al respecto, el costo de éstas lo asume tanto el Fisco como las instituciones de educación superior. El costo total de estas ha sido de UF 38,7 millones acumuladas al 31 de diciembre de 2022 (Ingresa, 2023).
Eliminar el CAE tampoco sería una medida favorable, dado que ha posibilitado que más de 1 millón de estudiantes accedan a la educación superior y obtengan sus títulos en nuestro país. Además, este sistema también ha permitido, en países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos, que un mayor número de personas acceda a la universidad manteniendo la sostenibilidad fiscal. Como todo instrumento, es perfectible. Si bien la reducción de la tasa de interés al 2% y contingente al ingreso en 2012 fue un avance, ahora el enfoque debe centrarse en reducir la morosidad. Para ello, una buena opción sería ampliar el período de gracia, permitiendo que los egresados puedan estabilizarse financieramente. Así también, se debe evaluar mejorar el subsidio de las cuotas mensuales y mayores incentivos al prepago, entre otras mejoras.
Es crucial que las autoridades actúen con transparencia y decisión para resolver esta situación, asegurando un acceso equitativo a la educación superior sin comprometer el futuro financiero de los estudiantes, junto con lograr la sostenibilidad del instrumento. Además, urge que el gobierno busque generar un cambio cultural con respecto a la expectativa de condonación.