Política exterior y ruta de la violencia
La seguridad se ha constituido en una demanda mundial y nacional, no sólo por el debilitamiento de las estructuras internacionales y de los Estados, sino más bien, por el surgimiento de grupos transnacionales capaces de generar situaciones de inestabilidad, al excluir y sustituir al Estado de extensas zonas geográficas y de importantes zonas urbanas. Por ello, fue acertada la decisión del gobierno chileno de aceptar la invitación argentina de abordar conjuntamente algunas áreas de la violencia, especialmente aquella vinculada al narcotráfico y transfronteriza, que con el secuestro y muerte de un exmilitar venezolano ha agudizado la inseguridad interna y agravado la vulnerabilidad de las fronteras del país. Lo que presiente Argentina es que Chile se ha convertido en un foco de violencia que amenaza la seguridad de su propio territorio. Es la misma sensación que brota en el norte de nuestro país la frontera con Bolivia, país que se ha convertido en un foco central de exportación de delitos y narcotráfico a los países vecinos, pero que hasta la fecha no parece alterar el rumbo ni los acentos con que nuestra Cancillería está encarando la relación con ese país.
Tras décadas de esfuerzo y trabajo, el progreso y bienestar que ha alcanzado Chile podrían no valer nada con la irrupción de la violencia y la inseguridad en la vida privada de millones de habitantes de nuestro país. Chile necesita volver a reencontrarse con el sentimiento de vivir en un país seguro y nuestro sistema democrático tiene el deber de volver a ofrecer esta perspectiva. El descubrimiento de la sensación de inseguridad se ha convertido en un acontecimiento central en la vida de nuestro país y es hora de recuperar las calles y las fronteras seguras.
Que la política exterior recoja esta variable, la tematice y aborde con seriedad y profesionalismo, es una de las principales tareas donde debiera abocarse nuestra Cancillería, tanto en su agenda de coyuntura, pero básicamente en sus labores de prospectiva y planificación.
El reciente acuerdo de cooperación celebrado con el gobierno de Caracas tiene como problema esencial que la contraparte es una dictadura que persigue y exilia a sus ciudadanos y que, por lo tanto, la información que puede proporcionarnos puede estar orientada a criminalizar a quienes no lo son y a caracterizar como blancas palomas a delincuentes avezados. Exponer al Estado de Chile a este tipo de actividades es un descuido que nuestra diplomacia debe urgentemente enmendar.
La violencia ha colonizado vastos territorios del país, y si en el norte se concentra en el narcotráfico, la migración irregular y el contrabando, en el centro y sur del país toma forma de conflictos sociales con matices complejos y propios de actos terroristas. Una lectura adecuada y severa de las causas e impulsos que la detonan es tarea urgente del gobierno y su política exterior.