Salud hace su primera medición de fuerzas por ley de isapres en almuerzo con diputados oficialistas
La jefa de la cartera sanitaria asistió a la primera Comisión de Salud del Congreso este martes, pero antes de esa reunión almorzó con los parlamentarios oficialistas para sondear sus dudas y preocupaciones. En ambas instancias se plantearon los mismos cuestionamientos: la mutualización y la falta de tiempo para despachar la ley.
Puntualmente, a las 14 horas, en el comedor de la vicepresidencia de la Cámara, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, almorzó con los diputados oficialistas de la Comisión de Salud del Congreso. Esta fue, en rigor, la primera instancia formal en la que pudo compartir con parte del grupo que desde este martes está encargado de continuar la tramitación del proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
La cita oficial para que el proyecto inicie su segundo trámite estaba fijada para este martes a las 17:00 en el Congreso. Y por eso la secretaria de Estado quiso sostener una cita un poco más distendida previo a la instancia pública, a sabiendas que se anuncia que este nuevo trámite será un camino cuesta arriba para el Ejecutivo, pues se enfrentan a un grupo más grande, más diverso y menos alineado de parlamentarios. Asimismo, ya varios han advertido que están en desacuerdo con el proyecto. La antesala era en extremo necesaria.
Así, mientras algunos almorzaban salmón con budín de cebolla y otros ensaladas con pollo, la jefa de la cartera sanitaria, quien estuvo acompañada del superintendente de Salud, Víctor Torres, y del director de Fonasa, Camilo Cid, abordó las dudas y preocupaciones de los integrantes de la comisión, instancia que contó casi con asistencia completa, puesto que solo se excusó Danisa Astudillo (PS), lo que fue materia de discusión de algunos parlamentarios.
En ese contexto, una de las palabras que más se repitieron fue “mutualización”, mecanismo que busca compartir costos y riesgos, y que a través de una indicación de los senadores de oposición quedó en la redacción del proyecto. Así como está escrito, el cálculo de la deuda reduciría a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
Y aunque la modalidad no es del gusto del oficialismo ni del Ejecutivo, durante el almuerzo se conversó de la posibilidad de que se termine aprobando de todas formas al no necesariamente contar con los votos para su rechazo.
Más tarde, en la comisión los legisladores recalcaron está preocupación. La diputada Karol Cariola (PC) comentó que “el debate de la mutualización es tramposo, porque lo que hay detrás de esa propuesta es un perdonazo encubierto”. Mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) agregó que “el primer nudo crítico de esta discusión es la mutualización”.
Sobre este aspecto, en el gobierno insisten en la idea de que incluir la mutualización es inconstitucional, pero que no acudirán al Tribunal Constitucional sino hasta que sea una medida extrema. En buenas cuentas, que antes de ingresar un recurso al mentado tribunal deben esperar que la norma termine su tramitación. Además, la ministra Aguilera aseguró luego en la comisión que desde el Ejecutivo no incluyeron este mecanismo en el proyecto porque “desde nuestro punto de vista vulnera la sentencia porque mandata que la devolución de la deuda sea por contrato y no por el conjunto. De todas formas, no fue estimado así por la sala del Senado y fue aprobado”.
Contrarreloj
Debido a las enfrentadas opiniones sobre el proyecto de ley y la situación de la industria en general, los integrantes de la comisión ya advierten que se avecina una discusión larga y complicada. Incluso, la presidenta de dicha instancia, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), sentencia que “va a haber una comisión mixta, eso sí o sí, porque evidentemente el proyecto de la Cámara no va a salir igual de cóomo salió del Senado”. Esta proyección se repitió varias veces a lo largo del día.
Por esta razón, otra de las preocupaciones de los parlamentarios es el tiempo que resta para discutir, pues quedan menos de 90 días para que termine el plazo fijado por la Suprema para aplicar la sentencia.
En ese contexto, la presidenta de la mentada comisión inició la reunión advirtiendo de este problema: “El proyecto entró en mayo al Senado y salió recién en enero. Por lo tanto, es bastante estrecho el margen que le queda a esta comisión para tramitarlo. Parto señalando esto porque es un inconveniente y porque nos obligará a redoblar los esfuerzos para cumplir con el tiempo, porque hay afiliados esperando y porque hay que darles cumplimiento a los fallos de la corte”.
Con todo, el Ejecutivo aseguró que solicitar más plazo a la Corte Suprema no es una posibilidad en estos momentos, pero no descartaron hacerlo en caso de ser necesario. Asimismo, con el objetivo de agilizar el debate, se acordó que las sesiones serán dos veces a la semana. Y de acuerdo al calendario, la fecha tentativa para la votación particular de la norma será la primera semana de abril para que pase a sala la primera quincena del mismo mes”. ●