Fiscalía investiga traspasos de insumos desde Achifarp a fundación presidida por Jadue
Tras la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, el jefe comunal junto a otros cuatro alcaldes constituyeron la fundación Fulap. Entre 2022 y 2023 la ONG utilizó insumos que habían sido comprados con fondos de la fallida asociación.
En medio de las pesquisas que desarrolla la fiscal Giovanna Herrera para dilucidar presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos y malversación de caudales públicos en el funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), se levantaron nuevos antecedentes que apuntan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Y es que luego de que en junio de 2022 se ordenara la liquidación forzosa de Achifarp, una serie de insumos y maquinaria quedaron en desuso, por lo que la persecutora decidió seguir la ruta de dichos elementos.
Así, por medio de una serie de declaraciones, detectó que parte de la indumentaria llegó a oficinas donde operaba una fundación que Jadue, junto a otros cuatro alcaldes -Gonzalo Montoya, de Macul; Ana Albornoz, de Santa Juana; Joel Olmos, de La Cisterna; Mauro Tamayo, de Cerro Navia, y Bernardo Leyton, de Canela-, constituyó a las pocas semanas de que Achifarp dejara de funcionar. Se trata de la Fundación de Salud Primaria (Fusalp).
La idea de dicha entidad era vender aparatos auditivos y ópticos a bajo costo. Según los mismos funcionarios que han declarado en la causa, utilizaron equipamientos que formaban parte del inventario de la fallida asociación.
De acuerdo con lo expuesto por Jadue en noviembre de 2022 en el programa “Sin Maquillaje”, el objetivo de la nueva fundación era “darle continuidad de propósito al proyecto que representaba la Achifarp y que fracasó porque más de 50 alcaldes dejaron de pagar las cuentas y generaron una deuda de los municipios de más de $1.300 millones, lo que le impidió a la Achifarp cumplir con uno de sus proveedores”.
Pese a ello, la estrategia volvió a situarse bajo la lupa del Ministerio Público.
El movimiento de los equipos
Conforme con la declaración prestada por Ricardo Santis, funcionario de Achifarp, a fines de noviembre, “las máquinas de la fábrica auditiva quedaron en el mismo lugar (en el primer piso de la Municipalidad de Recoleta), y posteriormente sé que se las llevaron a la Fusalp, ubicada en Avenida Perú Nro. 1474, comuna de Recoleta, donde ayudé a mover las máquinas para allá; me manifestaron que había un leasing de compra de las máquinas auditivas”.
Agregó, en el mismo sentido, que “en Fusalp se vendieron alrededor de 20 a 30 moldes más o menos, yo era el único que estaba ahí y utilizábamos las máquinas de Achifarp, lo sé ya que yo trasladé una impresora, herramientas, entre otras a Fusalp”.
La declaración coincide con la de otros funcionarios, quienes además indicaron que la persona que estaba a cargo de las operaciones era José Matías Muñoz Becerra, otrora secretario ejecutivo de Achifarp.
Él mismo, de hecho, es quien confirma la información en medio de su declaración. “En relación con los bienes de la fábrica auditiva, tales como impresoras 3 D, 2 escáneres, y los moldes, fueron trasladados en marzo de 2022 desde la Municipalidad de Recoleta al inmueble de Av. Perú, que en ese momento era de la Achifarp”, indicó.
Eso sí, de acuerdo con su versión, las máquinas no se usaron. “Ese inmueble empieza a usarse de la Fusalp en agosto de 2022, en ese momento estaban las máquinas de la fábrica auditiva en ese lugar, estaban ahí sin ser usadas, nunca se pudo usar porque no estaban las licencias y permisos”, sostuvo.
Incautación
Siguiendo la huella de los insumos y en conocimiento de que estas habían sido trasladadas por segunda vez hasta oficinas ubicadas en calle Estado, Carabineros se constituyó en el lugar y requisó una serie de elementos.
De acuerdo con un documento elaborado por personal del OS-7 de Carabineros, fechado el 12 de diciembre de 2023, en el lugar se encontraron varios elementos que tenían como fin fabricar prótesis auditivas y equipos para control de glucosa.
En el informe, la policía hace presente que, “de igual forma, en el interior de la oficina ubicada en calle Estado se pudo encontrar timbre, carteles y otros documentos asociados a la Fundación Fusalp, lo que deja de manifiesto que esta se encontraba operando en dicho lugar”.
Igualmente, hicieron presente que “en dicha oficina se encontraba trabajando personal de la Fundación Fusalp, la cual se encontraba en comodato, lugar en el cual funcionaban la Óptica Popular y el Centro Audiológico, manteniendo como encargado o representante de esta a Matías Muñoz Becerra”.
Jadue: “No leo lo que firmo”
En medio de su declaración, al alcalde Daniel Jadue se le consulta por la creación de la citada fundación, asegurando que la idea era replicar el modelo de las farmacias populares.
“Sobre Fusalp, quisimos realizar lo mismo que en la asociación Achifarp: se crea una asociación privada conformada por cinco personas naturales, las cuales todas éramos alcaldes. Esto se inicia con aportes personales de cada uno de los miembros de alrededor de $500.000 y con el financiamiento de un empresario amigo del alcalde Gonzalo Montoya, el cual no conozco ni tengo información sobre él, tampoco sé cuánto dinero aportó”, indicó.
En el mismo sentido, agregó que “a Fusalp se fue a trabajar Muñoz, por Gonzalo Montoya. De esta yo me retiré hace cinco meses aproximadamente y no tengo conocimiento de quién manejaba los dineros, yo no tenía poder en esta, no tengo conocimiento dónde funciona Fusalp, lo más probable es que esta se encuentre paralizada”.
Asimismo, dado que en medio del caso se le ha cuestionado por derivar insumos en beneficio del Partido Comunista, también se defendió. De hecho, los representantes legales de Best Quality han declarado ante la Fiscalía que Jadue habría “presionado” para que se hicieran donaciones en favor de la colectividad.
“Fui informado por la prensa que el mismo proveedor decía que esos productos supuestamente solicitados por mí, lo que niego nuevamente de manera rotunda, fueron dejados en el local del Partido Comunista de Recoleta. Al respecto puedo decir lo siguiente. Primero, desde mi llegada a la alcaldía de Recoleta abandoné todas mis responsabilidades partidarias en la comuna y me aboqué exclusivamente a mis responsabilidades como alcalde”, dijo.
Agregó que no tiene las llaves de esa sede del PC y que “lo único que hay acá es un proveedor de Achifarp que hizo tratos comerciales directa y única y exclusivamente con el secretario ejecutivo de la Asociación, y que ante el atraso en los pagos comprometidos decidió presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas para realizar daño a la persona del presidente de la Asociación en su calidad de precandidato presidencial”.
De la misma forma, descartó ser el responsable directo de la compra fallida de dosis de interferón, porque firmó el acuerdo sin haber leído previamente.
“Hago presente que tampoco conocía los hitos de dicho convenio, debido a que no leo lo que firmo, por eso existe una cadena o un grupo de personas que lee y revisan la totalidad de convenios y documentos que llegan, como la Dirección Jurídica y la Dirección de Control”, manifestó.b
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, fue consultada este miércoles sobre el planteamiento que hizo el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, al afirmar que “a mucha honra” no califican de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El comentario de Carmona en radio Cooperativa recibió críticas de la oposición así como del propio oficialismo.
“El gobierno nuestro y los gobiernos de Chile en el último tiempo han sido muy claros de que nosotros sostenemos una preocupación sobre Venezuela respecto a que ciertos estándares básicos en una democracia han sido vulnerados. No es una opinión de Chile, es una opinión de la comunidad internacional”, planteó Tohá. “Como país muchas veces hemos elevado la voz y lo ha hecho también el Presidente Gabriel Boric, respecto a esa preocupación y a esa opinión del gobierno de Chile de que los derechos humanos se deben respetar en cualquier parte, sea del signo que sea el gobierno de turno. Y esa debiera ser la postura de todos los que tenemos un compromiso en esta materia, independiente de la cercanía o lejanía política que tengamos con los gobernantes”, sentenció la secretaria de Estado.