Del teniente Ojeda a qué hacer con la ANI

El caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda ha dejado al desnudo las graves falencias de Chile en materia de inteligencia y contrainteligencia.

Si bien el cuerpo fue hallado y comienzan a develarse los detalles del crimen, los logros policiales siempre van por detrás de los hechos delictuales, pues el país no ha sido capaz de prever las crisis, al menos en cuanto al crimen organizado.

La inteligencia y la contrainteligencia son herramientas de cualquier país y régimen, incluido el democrático, en las que el Estado dispone de recursos para tratar información que le permita actuar contra amenazas a su seguridad, antes de que estas sucedan, y, si suceden, apoyar las soluciones más breves y menos costosas.

Si bien ningún país es capaz de evitar toda crisis, cuando sus agencias funcionan, las vulneraciones suelen ser menos graves y la ciudadanía no percibe estar al descampado, como pasó con el caso Ojeda, en el que abundaron teorías conspirativas.

Pero, en Chile el debate sobre la Inteligencia ha sido postergado, pues los civiles han cargado con un historial de traumas atávicos asociados a la dictadura.

Así, la ANI fue creada en 2004, 14 años desde recuperada la democracia, como una estructura civil que debía recabar y analizar la información que proveen las siempre celosas fuerzas militares y policiales. Es decir, una agencia civil débil, y poco a poco, colonizada por exuniformados, formados bajo la obsoleta doctrina nacional de seguridad.

Así, Chile caminó en penumbras respecto de la violencia rural en el sur, la amenaza anarquista y el estallido social. Y más recientemente frente al cibercrimen -con filtraciones desde Carabineros, Ministerio de Justicia, Estado Mayor Conjunto y Ejército- y el crimen organizado, el que llega en medio de una crisis migratoria, que crea complejas aristas internacionales.

De tal modo, ha revivido el Proyecto de Ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, el que alcanzó amplios acuerdos en el Senado y que actualmente se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados, donde han emergido diferencias a partir de algunas indicaciones gubernamentales relevantes.

Más allá de la discusión, es de esperar que el país finalmente logre un sistema de inteligencia que trascienda a los gobiernos de turno, que sea capaz de dirigir, coordinar y exigir información y esfuerzos de las distintas agencias y órganos del Estado.

Además, en el marco de ese sistema, es de esperar que se cree una ANI moderna, que permita el reclutamiento de agentes civiles propios, capaces de estar en terreno para desempeñar tareas de inteligencia y contrainteligencia, como también la de requerir información a otros órganos relevantes, como el SII, la UAF, Aduanas y Gendarmería.

Y tiene que ser pronto, pues hay que advertir que, si esto no se resuelve en 2024, habrán pasado más de 20 años desde que se creó la ANI, el último (e insuficiente) gran avance institucional en la materia.