Un gobierno al debe a mitad de camino
Hay tres elementos bajo los que podemos evaluar el desempeño de un gobierno: (i) su responsabilidad con los recursos públicos, (ii) su capacidad de forjar acuerdos para empujar sus ideas y (iii) lograr unir a la sociedad en torno a un relato, un compartido. Llegando a la mitad de su mandato, el gobierno muestra fallas en los tres frentes. Desde un punto de vista fiscal, el gobierno es rehén de medidas irresponsables selladas en su programa, como la condonación universal del CAE o la reparación de la deuda histórica de los profesores. En educación, el rumbo se pudo haber enmendado, priorizando estos recursos a un plan potente de reactivación para edades tempranas, pero no se hizo (Chile destina un 0,03% del PIB a su plan, 20 veces menos que USA). Tampoco se ha gestionado con eficiencia la crisis del SLEP de Atacama, que ya le robó 83 días de aprendizaje a los estudiantes. Así, queda lejos la promesa de “fortalecer y expandir la educación pública, terminando con décadas de abandono y privatización” (pág. 128).
Dado el actual magro escenario económico, tampoco fue responsable demorarse tanto en incluir medidas pro crecimiento, inexistentes hasta el estrepitoso rechazo de la primera reforma tributaria. Hoy el Ejecutivo habla de bajar tímidamente el impuesto a empresas y de reducir trabas a la inversión, pero al mismo tiempo no logra alinear a todos sus ministros en torno a este objetivo.
Quizás el mayor logro en materia de responsabilidad fiscal fue el exitoso ajuste del gasto que logró el ministro Marcel el 2022 (-24,1% anual). Sin quitarle mérito, hay que señalar que no fue necesario un giro de timón, sino solo asegurar que este no se desviara de su trayectoria de consolidación fiscal, definida en el acuerdo Covid (2020) y refrendado en la última Ley de presupuestos del Pdte. Piñera (2022).
El gobierno tampoco ha logrado acuerdos en sus reformas emblemáticas: pensiones y tributaria. El problema radica en que los puntos de partida han estado extremadamente lejos de posiciones de consenso y, a ratos, sin nitidez en sus objetivos. ¿Por qué desarmar por completo la industria de las AFP? ¿Por qué insistir en introducir componentes de reparto? ¿Cuál es el objetivo último de impulsar otra reforma tributaria?
En la agenda de seguridad, los complejos de muchas de las actuales autoridades con el uso legítimo de la fuerza del Estado y su coqueteo con la violencia como método válido en política (“desobediencia civil”) han mermado su efectividad para controlar la escalada de violencia y al crimen organizado. Incluso, esta semana se llegó al absurdo de querer aplicar reglas de uso de fuerza diferenciadas a inmigrantes y minorías sexuales.
Hay un último elemento, menos tangible pero no menos importante. La generación que gobierna prometía una transformación radical en todos los frentes. Hablaban de derrocar al capitalismo, dejar atrás al Estado “neoliberal” y de hacer política con una nueva escala de valores. Sueños juveniles que se estrellaron ante el estrepitoso rechazo de una constitución que prometía un Chile plurinacional y que luego se enterraron bajo el escándalo de una red de fundaciones diseñadas para acaparar recursos públicos.
El gobierno llega a la mitad, sin quilla ideológica para liderar sus principales desafíos y con un proyecto político que no representa a las mayorías. Quizás, si en el segundo tiempo prima el pragmatismo por sobre las consignas, se pueda avanzar en alguno de los desafíos que tenemos por delante. Difícil, pero no imposible.