“Chile ha cumplido cabalmente con la protección comprometida en la ley de refugio”
En medio de cuestionamientos por el resguardo que se otorga a extranjeros reconocidos como refugiados, el mandamás del Servicio Nacional de Migraciones asegura que no hay infracciones de parte del Estado. Además, a dos años de que asumiera el Presidente Gabriel Boric, insiste en que hay un mejor control de las fronteras.
Un intenso y complejo trabajo es el que Luis Thayer Correa, director del Servicio Nacional de Migraciones, asegura se ha realizado durante los últimos 24 meses.
Y es que, si bien recientemente estuvo envuelto en una serie de consultas respecto de la condición en que se encontraba en territorio nacional el asesinado teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, las materias en que se ha desplegado han ido mucho más allá de eso.
Así, insiste en que las labores realizadas permiten al país contar con una gestión más controlada de las fronteras y del ingreso de personas migrantes.
¿Cuál es su balance a dos años de asumido el Presidente Boric?
Han sido dos años de harto trabajo. En materia de migraciones, la agenda siempre es muy compleja. Tiene muchas dimensiones. Nos tocó normalizar el servicio. Lo recibimos sobrecargado, con 580.000 solicitudes pendientes de tramitación y había muchas deficiencias de gestión. Pero hemos ido avanzando, ya tenemos el 60% resuelto y este año vamos a concluir. Hemos tenido la instalación del servicio en regiones, formulamos la Política Nacional de Migración, trabajamos en el empadronamiento de 182.000 personas en situación irregular y hoy sabemos quiénes son, dónde están, si tienen antecedentes. Además, desplegamos una agenda legislativa en la que se ha ido avanzando con consensos importantes en el Congreso.
¿Les ha tocado un escenario más comple
jo o les ha sido más complejo afrontarlo?
Se juntaron varios factores y el país vivió una situación migratoria para la cual no había ni la institucionalidad, ni la política, ni la ley que se requería. Enfrentamos una situación migratoria de crecimiento de la irregularidad con instrumentos que estaban creándose. Nos tocó un momento de alta complejidad y creo que hemos ido estabilizando los instrumentos. Hoy día tenemos una mucho mejor gestión de la migración que la que pudo haber en el pasado. Los ingresos irregulares van a la baja, tanto en las denuncias como en las detenciones que hace Carabineros en la frontera. Además, tenemos mejores normas y una institucionalidad más preparada.
¿Considera que han tenido un cambio de mirada desde la campaña?
Si uno mira el programa del Presidente Gabriel Boric hemos ido avanzando en esos compromisos y está escrito. No ha habido cambio en ese sentido.
¿Y en el tono?
Yo creo que la forma en que se ha dado la migración en los últimos años ha tensionado mucho las relaciones en las comunas, en las comunidades y territorios. Y las ha tensionado, principalmente, porque no había habido un abordaje de Estado que lo pusiera en el centro de las preocupaciones. Nuestro gobierno sí tiene la preocupación por los territorios, lo expresa así la política y en las modificaciones legales que hemos establecido.
¿Esa tensión no los ha llevado a evaluar la fijación de una cuota migratoria?
Lo importante es que la migración tenga una lógica. Primero, que sea regular, que haya un orden respecto de los ingresos, y que sea en condiciones de seguridad para las personas y los territorios. Debe tener una racionalidad respecto de las necesidades del país. Si una persona quiere venir a Chile y no cumple los requisitos, no puede entrar. Y dentro de los requisitos está el tener un contrato de trabajo o tener una oferta. Si no hay un contrato de trabajo o una necesidad de empleo lo lógico es que esa persona no entre. Lo mismo respecto de los vínculos. Si una persona tiene vínculos familiares evidentemente que ahí hay un requisito cumplido.
Mejor control de la frontera y refugio El 20 de febrero usted dijo que se estaban recuperando las fronteras. ¿Lo sostiene?
Sí. El control de la frontera, en años anteriores, se vio desbordado y hoy las denuncias por ingreso irregular han bajado 18% y las detenciones 21%. Entonces, evidentemente que tenemos más capacidad de controlar la frontera. Además, hay anuncios de inversiones importantes de mejores mecanismos para controlar la frontera, el plan de infraestructura crítica y más funcionarios del Ejército reforzando la labor de las policías. Se han ejecutado más de 10.000 reconducciones. Eso es recuperar el control de la frontera.
Pero justo un día después de que hace esas declaraciones se produce el secuestro del
teniente Ronald Ojeda, donde estarían involucrados sujetos que habrían ingresado y eventualmente salido de manera irregular del país. ¿No cree que eso genera sensaciones contradictorias?
Lo que yo señalé es que estamos recuperando el control de la frontera. Tenemos una mejor gestión de lo que teníamos antes y ahora tenemos información de las personas que ingresaron en el pasado de manera irregular. Y vamos a seguir trabajando en mejorar el estándar de gestión y control.
Sabemos que el teniente Ronald Ojeda tenía condición de refugiado y que, pese a ello, fue secuestrado y asesinado. ¿Qué responsabilidad le corresponde al Estado?
El refugio implica un compromiso internacional. Implica un estatus migratorio privilegiado que supone dos cuestiones fundamentales. Primero, el principio de no devolución, y segundo, el principio de confidencialidad, que resguarda que la identidad de la persona refugiada no puede ser publicada por el Estado. Nuestro país cumple cabalmente con la implementación y los compromisos internacionales en la materia.
Claro, el gobierno no ha confirmado la condición de refugiado del teniente Ojeda, pero independiente de ello, ¿las personas en condición de refugio no debiesen tener una mayor protección de parte del Estado?
Es que son objetos de una protección en el marco del refugio y eso se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo con las más de 900 personas refugiadas que hay en nuestro país. La ley de refugio no establece una obligación policial respecto de las personas que acceden a esa condición. Chile ha cumplido cabalmente con la protección comprometida en la ley de refugio.
¿Cuáles son las mejoras en términos de refugio durante esta administración?
Lo que ha pasado es que el refugio se intenta utilizar mucho para regularizar la situación migratoria, pero en realidad es un estatus migratorio especial para personas cuya vida está en peligro en sus países de origen. No es para regularizar personas que no tienen esa situación y que están en nuestro país por motivos principalmente económicos. La modificación legal nos va a permitir fortalecer las capacidades del servicio para distinguir entre aquellas personas que requieren refugio para que lo obtengan de manera más expedita respecto de aquellas que no. Y nos va a permitir derivar hacia otras situaciones migratorias a personas que no requieren refugio.
¿En qué pie están las conversaciones con autoridades venezolanas?
En 2023 se firmó un protocolo de colaboración con Venezuela para facilitar y acelerar los procesos de identificación de las personas que vamos a expulsar. Cuando vamos a expulsar a un ciudadano venezolano, Venezuela tiene que reconocerlo. Eso está perfectamente operativo, no ha sufrido ningún cambio.
“Hoy no hay un mecanismo de regularización en marcha”
¿Qué se va a hacer con la información de las 182.000 personas que se empadronaron?
Se está evaluando dentro de los lineamientos que establece la Política Nacional de Migración. Hoy día tenemos información que antes no teníamos. Sabemos que el grueso de las personas empadronadas es venezolana -el 90%- y que la mayoría está en la Región Metropolitana. Estamos evaluando cuáles van a ser las decisiones que se toman hacia adelante.
¿Se habilitarán mecanismos de regularización?
La Política Nacional de Migración ha establecido criterios y más condiciones para regularizar. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Que una persona, para regularizarse, tiene que tener condiciones mínimas de integración dentro de nuestro país, no como ha sido en el pasado. Sin embargo, hoy no hay un mecanismo de regularización en marcha.
¿Se está diseñando?
Se está estudiando. No hay un plazo. Se definieron criterios para que, de crearse un mecanismo, opere con esos criterios, porque nos parece que no puede haber procesos de regularización sin condiciones, que sean masivos, sin revisión exhaustiva de la situación policial y sin una real posibilidad de que esas personas se integren.
¿Y de qué va a depender de que se fije este mecanismo en esta administración?
De múltiples factores. Se está estudiando la viabilidad de hacer procesos acotados de regularización. Lo importante es que la regularidad de las personas incide directamente en la seguridad del país. Irregularidad es igual a inseguridad. ●