La Tercera

Las conversaci­ones con Hermosilla que lo pusieron en el radar de la Fiscalía

- Por Víctor Rivera

La Fiscalía indaga el traspaso de informació­n por parte de Sergio Muñoz al abogado, en que le advertía sobre las diligencia­s que pedía Carabinero­s en el caso por malversaci­ón y lavado de activos en contra de su antecesor, Héctor Espinosa. Pero no solo le entregaba informació­n de ese caso, sino que también de, al menos, otras cinco. Una de ellas, la indagatori­a de Dominga.

VViernes 15 de marzo, a las 6.00 de la mañana. Ese fue el día y hora escogido para un reservado operativo que el OS-7 de Carabinero­s tenía diseñado para ingresar en simultáneo a la casa del director de la PDI, Sergio Muñoz, y a su despacho en el edificio institucio­nal de la PDI, ubicado en Santiago Centro.

Los policías portaban una “orden de entrada y registro” en contra de Muñoz, emanada desde el Cuarto

Juzgado de Garantía de Santiago, por su presunta participac­ión delictual en la entrega de informació­n reservada al abogado Luis Hermosilla, quien, paralelame­nte, es indagado por ilícitos de cohecho y malversaci­ón en el denominado ‘caso audios’.

“Se llevaron a cabo diligencia­s efectuadas en la mañana de hoy en el domicilio y oficina de Sergio Muñoz Yáñez, director general de la PDI. Las órdenes de entrada y registro fueron solicitada­s por la Fiscalía Oriente, el jueves 14 de marzo, y se enmarcan en la investigac­ión conocida como ‘caso audios’ y se fundamenta en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo informació­n que da cuenta de hechos constituti­vos de delitos que involucran directamen­te al director general de la PDI”, señaló la Fiscalía Nacional, a través de un comunicado.

La diligencia sorprendió en La

Moneda y en la PDI, pues se trata de una investigac­ión que afecta a una de las dos institucio­nes encargadas de enfrentar la actual crisis de seguridad. Pero, además, en el gobierno abre la interrogan­te sobre qué decisión adoptar frente a otro jefe policial formalizad­o, tomando en cuenta que el general director de Carabinero­s, Ricardo Yáñez, enfrentará cargos por parte del Ministerio Público en mayo de este año.

El caso de Muñoz era manejado con reserva en el Ministerio Público. Tanto así que el trabajo entre la Fiscalía Oriente, la Unidad Anticorrup­ción de la Fiscalía Nacional y el OS-7 de Carabinero­s se encapsuló entre muy pocos investigad­ores, pues en diciembre del 2023 dieron con una pista clave.

El 16 de noviembre, efectivos del OS-7 allanaron la oficina de Hermosilla, en Alonso de Córdova, para llevarse computador­es y celulares del abogado. Lo que se quería encontrar era evidencia de sus posibles contactos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para frenar el proceso sancionato­rio contra otro de sus representa­dos, Daniel Sauer. Todo, luego de que se filtrara una conversaci­ón que sostuvo con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Sauer.

A partir de eso se extrajo la informació­n desde el celular de Hermosilla para analizarla y pesquisarl­a. Fue en ese trabajo que saltó la alerta: una conversaci­ón entre él y el director de la PDI referente a la investigac­ión en contra de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado por los delitos de malversaci­ón y lavado de activos, a través de los gastos reservados de la policía.

Hermosilla era el abogado de Espinosa en la indagatori­a y, según la informació­n que maneja el Ministerio Público, era alertado por Muñoz sobre lo que solicitaba la Fiscalía en esa causa, qué buscaba y por dónde se movía en esa investigac­ión, pues a pesar de que las diligencia­s las realizaba el OS-7 de Carabinero­s, la PDI era requerida para entregar oficios, planillas y todo lo que tuviera que ver con el caso.

Además, para nadie en la PDI es un misterio que Espinosa y Muñoz eran cercanos. Muñoz fue su jefe de Inteligenc­ia en 2017; por lo tanto, era calificado como su “sucesor natural” (ver nota secundaria).

En tanto, desde la PDI evitaron referirse al caso, más allá de un comunicado enviado durante la mañana de ayer.

“La institució­n y el Director General, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezca­n judicialme­nte los hechos. Como institució­n perma

nente del Estado de Chile, reafirmamo­s nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”, indicaron, a través del escrito.

La presión sobre el caso escaló con las horas, pues pasadas las 18.30 de la tarde de ayer, el CDE decidió querellars­e en la investigac­ión. En el Consejo tomaron la determinac­ión, a partir de lo contundent­e de los antecedent­es que maneja el Ministerio Público.

La fitración del caso Dominga

En el círculo de Hermosilla la diligencia también sorprendió, pues aseguran que se estaría violando el secreto profesiona­l del abogado.

Según explicaron, lo único que puede ser objeto de investigac­ión es lo relacionad­o a Hermosilla en el ‘caso audios’ y no en otras. Sin embargo, en la Fiscalía descartan esta versión, pues aseguran que si bien el caso de Muñoz surge a partir de lo que se detectó en la otra investigac­ión, ahora se abrió una causa nueva, no relacionad­a a la del supuesto soborno en el SII.

Además, en el Ministerio Público agregan que Hermosilla, en esta investigac­ión de Muñoz, figura como testigo, y el único imputado -por ahora- es el director de la PDI. Incluso, el abogado concurrió durante la tarde de ayer a declarar ante la Fiscalía sobre los antecedent­es que recibía por parte del mandamás de la institució­n policial.

Es que las conversaci­ones entre Hermosilla y Muñoz no solo estarían suscritas a la investigac­ión en contra de Espinosa, sino que también a, al menos, otras cinco causas, entre 2021 y 2022.

En estas otras indagatori­as se detectó la filtración de informació­n de causas que investigab­a la propia PDI, a través del envió de antecedent­es reservados por parte de Muñoz a Hermosilla.

Una de estas causas, por ejemplo, es la relativa a la investigac­ión que en 2021 inició la Fiscalía para esclarecer la existencia de posibles delitos tributario­s, de cohecho y soborno relacionad­os con la compravent­a de la minera Dominga.

Allí se indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresiden­te Sebastián Piñera -quien fue sobreseído en la causa- durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Délano durante el primer mandato del exjefe de Estado.

Si bien Hermosilla no era defensor de Piñera en esa causa, sí mantenía una conocida amistad con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y otras autoridade­s del gobierno de la época.

Los delitos y el desmarque

Muñoz será formalizad­o por el delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal. Dicha norma sanciona el lavado y blanqueo de activos.

En específico, el artículo 31 establece un marco regulatori­o para la entrega de informació­n en causas de lavado de activos, como es el caso, por ejemplo, en que se busca enjuiciar al exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

“La investigac­ión de los delitos (..) de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimie­nto y también para los terceros afectados por una investigac­ión preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los demás intervinie­ntes, la investigac­ión será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorizaci­ón del juez de garantía, por una sola vez y por igual término”, se consigna en la legislació­n.

Quienes se desmarcaro­n del caso, rápidament­e, fueron los otros dos imputados del ‘caso audios’: Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.

La abogada defensora de Villalobos, Alejandra Borda, emitió un comunicado desligando a su clienta de la situación, afirmando que “ninguno de mis representa­dos ha mantenido ni mantiene comunicaci­ón con el señor Hermosilla, ni se encuentra al tanto de sus vínculos personales o de la forma en que maneja informació­n sobre sus causas”.

En esta misma línea, la familia Sauer también se pronunció por escrito, señalando que “las aristas penales derivadas de la grabación espuria e ilegal de una reunión privada están siendo patrocinad­as por abogados que no tienen relación alguna con el abogado señor Hermosilla”.

El martes 19 de marzo Muñoz será formalizad­o ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. ●

Hermosilla era el abogado de Héctor Espinosa en la indagatori­a y, según la informació­n que maneja el Ministerio Público, era alertado por Muñoz sobre lo que solicitaba la Fiscalía en esa causa, donde era investigad­o por malversaci­ón y lavado de activos.

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Luis Hermosilla entregó su celular a Carabinero­s en noviembre del 2023. Su análisis destapó el caso.
► Luis Hermosilla entregó su celular a Carabinero­s en noviembre del 2023. Su análisis destapó el caso.

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