ACUSACIÓN A JUECES: UN PELIGRO
SEÑOR DIRECTOR:
El 13 de marzo se presentó en el Senado un proyecto de reforma constitucional que busca incluir a juezas y jueces de los tribunales de primera instancia dentro del catálogo de autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.
El control del poder de las autoridades estatales es siempre bienvenido, pero en la medida de que ese control no desnaturalice la función que se está controlando. Sin embargo, con el proyecto ocurre justamente esto último. De aprobarse, la actividad judicial ya no consistiría en aplicar solamente la ley, sino en aplicarla en tanto ello resulte convincente para el Poder Legislativo.
Someter a jueces y juezas al poder del Congreso agregaría un control más a sus funciones, pero también le sumaría poder al Parlamento, transformándolo –de paso– en el órgano del Estado con mayor capacidad de influencia sobre el resto y sin contrapeso alguno. Con jueces y juezas acusables constitucionalmente, el Poder Judicial resultaría politizado, pero –igual e incluso más peligrosamentetambién la política quedaría sin control. Algo insostenible en sí mismo, pero además paradojal por el momento en que se plantea: una época en que algunos sectores encienden alarmas por lo político o la politización de varias sentencias que se vienen pronunciando desde hace tiempo.
La existencia de acusaciones constitucionales o juicios políticos en contra de integrantes del Poder Judicial es una situación excepcional en los ordenamientos jurídicos. Es de esperar que aquello se mantenga en Chile pues cualquier interferencia en la actividad jurisdiccional afecta no sólo a quienes la ejercen, sino también a todos los ciudadanos y ciudadanas.
José Ignacio Núñez Leiva
Profesor de Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Chile