Dichos de la ministra vocera de gobierno
Sostener, como hizo la secretaria de Estado, que el caso del exdirector de la PDI sugiere la existencia de una red de corrupción que involucra “a ex personeros de gobierno y líderes políticos” sin tener antecedentes no se condice con la prudencia que se exige a las autoridades ante un caso grave como el que se investiga.
Luego de la formalización y posterior prisión preventiva del ex director de la PDI, decretada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por considerarlo un peligro para la sociedad y para garantizar el éxito de la investigación, la actual vocera de gobierno comentó el caso, asegurando que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata” en la que no sólo estaría implicado el ex titular de la policía civil, sino también “ex personeros de gobierno y líderes políticos de la oposición”. Los dichos de la ministra causaron sorpresa, no sólo por comentar un proceso en curso, sino por ser especialmente arriesgados al sugerir la existencia de un entramado delictivo donde intervendrían distintas personas en forma coordinada, pero sin dar nuevos antecedentes para sustentarlo.
Más allá de la gravedad de los delitos imputados al ex director de la policía de investigaciones y evidenciados en los mensajes intercambiados con el abogado Luis Hermosilla, el alcance de las ramificaciones del hecho están aún por comprobarse. No parece prudente, por ello, que una ministra de Estado intervenga en esta etapa de la investigación, sugiriendo, además, que el objetivo de la supuesta red era “entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción”. Su cargo le exige actuar con especial cautela y responsabilidad y, en el caso de que sus declaraciones se basaran en nuevos antecedentes a los que ella hubiera tenido acceso, debería entregarlos con prontitud a la justicia y a la Fiscalía para que ésta pudiera investigarlos, antes de comentarlos públicamente.
Así también se lo planteó el fiscal nacional, quien ayer llamó a la ministra a “aportar los antecedentes correspondientes ante la persecutora a cargo del caso”. “Yo no sé qué información tiene (…) para hacer una afirmación de esa naturaleza”, dijo el titular del Ministerio Público, precisando que “si efectivamente tiene información sobre la existencia de una red debería entregarla a la fiscal de la causa”. Sin embargo, según retrucó luego la ministra, ella no tiene nuevos datos que sustenten esa tesis y que si los tuviera los pondría a disposición de la Fiscalía”. Además, agregó que ojalá sus afirmaciones respondan “solo una impresión” formada a partir de la información conocida, la que según ella sugiere que no se trata sólo “de un problema asociado al ex director de la PDI”.
Las palabras de la ministra resultan especialmente graves porque dan cuenta de cierta liviandad en los comentarios de una causa en curso y terminan contribuyendo a ahondar el clima de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, al sugerir una tesis cuya veracidad aún no ha sido probada, pero que termina instalada en la opinión pública. La gravedad del caso investigado y de los delitos imputados al ex jefe de la policía civil hacen especialmente importante actuar con prudencia de parte de quienes detentan cargos de autoridad y no adelantarse a lo que determine finalmente la justicia. Intentar sacar provechos políticos a esta altura del proceso es arriesgado. Hay que dejar que los tribunales actúen en plena independencia para determinar finalmente los reales alcances del caso.