Mayor fiscalización sobre licencias médicas
Aunque la mayor parte de los profesionales médicos se ajustan a la legalidad, los datos muestran que los pocos que no lo hacen provocan graves pérdidas en el sistema de salud.
Los recientes datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social respecto del sistema de licencias médicas -y que fueron recogidos por este medio- indican que si bien su emisión presentó una disminución en 2023 respecto del año anterior tanto en Isapres como en Fonasa, siguen presentándose situaciones anómalas que ilustran el grave daño que se puede producir sobre el sistema de salud cuando se hace un mal uso de este instrumento.
Así, según el informe, el 0,9% de los profesionales de salud autorizados a emitir licencias -los que en este caso suman 418- emitieron más de 1.600 licencias, sumando en conjunto una cantidad superior a las 800 mil, lo que representa el 11% del total de licencias y un porcentaje similar del total de gastos destinados al pago de licencias durante 2023. Aunque no cabe asegurar que todos estos casos constituyen una situación fraudulenta, no cabe duda de que llama la atención el alto número de licencias emitidas por cada uno de ellos, considerando que el promedio anual por facultativo no supera las 200. Incluso hay seis médicos que registran una emisión superior a cinco mil licencias.
Los datos muestran que de los más de 45 mil profesionales que emitieron licencias, cerca del 80% lo hizo dentro de los estándares que se consideran normales, lo que es una señal bienvenida, pero las mismas cifras ilustran que basta solo un pequeño porcentaje que se aparte de la legalidad para provocar un grave daño patrimonial a los sistemas de salud, considerando que el pago de las licencias se hace con cargo a la cotización obligatoria de salud que pagan los trabajadores. Es evidente que en la medida que se destinan más recursos al pago de licencias -para el caso de Fonasa, cerca de la mitad de la cotización obligatoria se destina a estos fines- habrá un menor presupuesto para financiar prestaciones de salud, que en el caso del sistema público resulta crítico para poder disminuir a una mayor velocidad las listas de espera en atenciones médicas y cirugías.
Contar con mejores sistemas de fiscalización que permitan desincentivar el mal uso de las licencias resulta por tanto una reforma indispensable al sistema de salud. En esto se ha venido avanzando en los últimos años, de modo que las mayores fiscalizaciones han permitido disminuir en forma importante la emisión de licencias, lo que ha sido particularmente evidente en aquellos casos de médicos que emiten miles de licencias. Un proyecto de ley ingresado en marzo de 2022, que fortalece las facultades de los organismos fiscalizadores y reguladores, así como un aumento de penas y períodos de suspensión para emisores fraudulentos de licencias, avanza en la dirección correcta, toda vez que las actuales sanciones han probado no ser suficientemente disuasivas.
Cabe también analizar exhaustivamente las causales más frecuentes por las cuales se solicitan licencias, donde las enfermedades mentales ocupan un lugar relevante. Los datos de 2022 indican que este tipo de enfermedades representaron un tercio del total de las licencias emitidas, y cerca del 40% del gasto total. En los casos identificados de médicos que emiten un alto número de licencias, se ha podido observar que las referidas a enfermedades mentales suponen un elevado porcentaje, lo que sugiere mayor atención de parte de las autoridades, no solo porque ello da pie para suponer que este tipo de patologías se presta para un uso más inescrupuloso, sino porque además afecta a los pacientes que verdaderamente requieren licencias bajo esta causal.