El estudio con sexo en vivo y drogas que el Minsal se vio obligado a frenar
En julio del año pasado la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece), dependiente de la Subsecretaría de Salud del Minsal, publicó una oferta con el fin de estudiar las fiestas conocidas como Chemsex, que, según el documento, son prácticas sexuales que conllevan un alto consumo de drogas y que se realizan en eventos sociales, con el fin de luego promover medidas de protección. Para eso, los investigadores además de tener un rol de observación, debían participar de estas instancias.
Un llamado a licitación por 50 millones de pesos y que busca pesquisar en terreno el comportamiento de las personas asiduas a drogas sexualizadas (o Chemsex por su combinación de palabras en inglés) tiene bajo la lupa a la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece), dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.
Ocurre que con el objetivo de conocer en terreno el comportamiento de los usuarios de drogas pertenecientes a diversos colectivos “LGTBI+ y no binarios de la RM”, según se lee en la licitación, y con el fin de fortalecer las estrategias de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, dicha división publicó el pasado 10 de julio una licitación para hacer investigaciones al respecto. Investigaciones que, por cierto, debían ser de carácter etnográfico, es decir, que debían utilizar técnicas como la observación participante y las entrevistas cara a cara.
Y aunque los objetivos de la investigación eran determinar la modalidad de estas fiestas y así generar políticas de salud pública, el estudio no pasó desapercibido al interior de la cartera. De hecho, generó dudas y críticas puertas adentro por parte de diversas autoridades. Hay quienes incluso cuentan que el proyecto continuó pese a no tener el visto bueno del comité ético de la cartera.
Según las bases de licitación, los métodos y técnicas a utilizar para el levantamiento de información debían “resguardar la implementación de un enfoque comprensivo y participativo, basado en derechos humanos y resguardando la confidencialidad, que permita realizar una caracterización de uso de drogas y comportamiento sexual, a través de los discursos y observación de comportamientos de los propios participantes de eventos de Chemsex”.
En resumen, los investigadores debían asistir y participar de estas fiestas para realizar la investigación. Incluso, la misma licitación establece que los informes debían realizarse a través de un trabajo desarrollado por “observadores-participantes” que sean parte de la comunidad LGTBI+ y no binaria.
Fuentes conocedoras del estudio explican que las “observaciones microetnográficas” debían realizarse en tres espacios distintos: fiestas privadas, eventos asociados a circuitos comerciales y locales establecidos que favorecen y habilitan espacios para encuentros sexuales como bares, saunas y clubs. Ahí, acorde a conocedores del detalle técnico, las observaciones realizadas debían quedar plasmadas en un “diario de campo”, donde los investigadores debían realizar un registro total y una “descripción densa” de las observaciones realizadas en los espacios explorados.
En la propuesta, además, se definía que quienes realicen la observación participante serán llamados “colaboradores” y se especificaba que debían ser personas pertenecientes a los colectivos LGBT+, HSH y no binarios que acepten participar del estudio, en todas o algunas de sus fases, siendo capacitados para ejercer roles de investigación directa. “Constituyen actores participantes de las redes, circuitos y espacios donde se practica Chemsex y desarrollarán labores de observación etnográfica y entrevistas, así como informantes calificados y actores centrales de retroalimentación”, se leía.
Posteriormente, también se describía un “protocolo de actuación” que indicaba que se debía velar por el resguardo de los aspectos éticos-metodológicos. En dicho protocolo se indicaba qué y a quiénes observar, buscando pesquisar acceso, aspectos físicos externos e internos, aspectos sociales tales como usos del espacio diferenciando lugares de baile y sexo, interacción entre actores, lenguaje verbal y no verbal, proximidad entre asistentes, y caracterización de asistentes del evento, entre apariencia, vestimenta, expresión de género y formación de grupos.
Según también se lee en las bases técnicas de la oferta, el Chemsex, un acrónimo de habla anglosajona al que confluyen dos palabras -químico y sexo-, se refiere a aquellas prácticas sexuales que conllevan un alto consumo de drogas. Según el documento, son “de amplia importancia desde el punto de vista de la salud pública, dadas las vulnerabilidades, riesgos y daños sicosociales que conlleva, y de gran relevancia social, cultural y política, aspectos que obligan a conocer su incidencia en las comunidades de la diversidad sexual en Chile y su vinculación con la transmisión del VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS)”.
Pero ni esos argumentos bastaron para frenar el ruido interno.
Y es que exactamente 10 días después -20 de julio-, el Centro de Estudios Germina se adjudicó la oferta por $49.763.500 para en un plazo de 12 meses realizar un estudio de carácter etnográfico; es decir, utilizar técnicas de observación participante y entrevistas cara a cara. Asimismo, las bases especifican que la realización del estudio requiere una estrategia metodológica mixta, que combine métodos cuantitativos y cualitativos “que permitan una adecuada descripción de las prácticas de Chemsex de personas pertenecientes a los colectivos LGTBI+ y no binarios de la Región Metropolitana”.
Pero el desarrollo del proyecto también fue turbulento. Según fuentes de la cartera, en una reunión al respecto del 23 de noviembre, los encargados del estudio dieron cuenta de dos hechos importantes y que hoy juegan un papel clave en la continuidad del proyecto: primero le informaron a las autoridades que durante una de las observaciones uno de los investigadores fue agredido, y también confirman que aún no se ha iniciado la revisión ética que, acorde a diversas fuentes, fue advertida por el gabinete de Salud Pública a la Diprece en más de una oportunidad.
Y como eso no había ocurrido, al día siguiente los jefes de división respectivos acordaron suspender el trabajo de campo hasta que se tenga la aprobación de un comité ético, que hoy estaría en manos de académicos de la Universidad de Chile.
Consultados por La Tercera, desde el Centro de Estudios Germina no quisieron referirse al estudio y desde la Subsecretaría de Salud Pública señalan que a pesar de los avances que ya se dieron, finalmente “el estudio mencionado no se llevará a cabo, hoy está en categoría de suspendido”. Y añaden que el 24 de noviembre de 2023 se le comunicó a la consultora esta decisión “y de hecho, en enero 2024, la Subsecretaria de Salud Pública solicitó directamente poner término anticipado al contrato suscrito”. ●