Una nueva oportunidad para el sistema político
Los cambios propuestos por un grupo transversal de expertos para corregir nuestro dañado sistema político deberían ser recogidos por el gobierno, los partidos y el Congreso, porque dichos cambios son prioritarios para el país.
Ha trascendido que un grupo de 11 expertos -representativos tanto del oficialismo como de la oposición- han elaborado un documento que contiene 24 propuestas para reformar el sistema político chileno, tomando como base los acuerdos que se alcanzaron en el último proceso constituyente, donde fue posible consensuar una serie de aspectos que avanzan en corregir una serie de problemas que dañan el funcionamiento de nuestra democracia.
Puesto que la propuesta constitucional fue rechazada en las urnas, existía el riesgo de que todo lo que se había logrado avanzar en reformas al sistema político terminara diluyéndose irremediablemente, sobre todo porque en principio se ve difícil que los partidos así como los parlamentarios cuenten con la suficiente motivación para renunciar a una serie de privilegios y espacios de poder.
Existe un diagnóstico ampliamente compartido de que nuestro sistema político se encuentra altamente atomizado -una veintena de partidos tienen hoy representación parlamentaria-, en tanto que las prácticas de “discolaje” se han hecho cada vez más recurrentes, debilitando así el rol de conducción de los partidos y alimentado la formación de nuevas colectividades, las que muchas veces terminan siendo meras plataformas para satisfacer las pretensiones de caudillos. En un escenario así, la posibilidad de alcanzar acuerdos en el Congreso se ha vuelto una tarea cada vez más compleja -una prueba manifiesta de ello es la imposibilidad de alcanzar un consenso en torno a la reforma previsional, a pesar de que lleva años tramitándose en sede legislativa-, atentando contra elementales niveles de gobernabilidad.
El diagnóstico sobre el cual se elaboró el segundo proyecto constitucional recogió expresamente la necesidad de fortalecer los partidos y apuntar hacia la conformación de grandes colectividades que fueran representativas de amplias sensibilidades, desincentivando su proliferación desmedida. Para ello se contempló un umbral del 5% de la votación nacional para efectos de lograr representación en la Cámara de Diputados, o bien contar con un número mínimo de parlamentarios electos o en ejercicio. Otra de las normas incorporadas fue la pérdida del escaño parlamentario en el caso de la renuncia al partido de origen.
La nueva propuesta en que han trabajado los expertos recoge estas iniciativas, así como el hecho de que el jefe de Estado pueda priorizar algunos proyectos en la tramitación parlamentaria, e incorpora una serie de otras materias, como por ejemplo las relativas a los parlamentarios independientes.
Las primeras reacciones de los partidos políticos frente a este documento han sido en general de tibia recepción o de abierta distancia, en el caso de algunas colectividades más pequeñas. Determinadas voces ya han hecho ver que la prioridad del país deben ser las reformas sociales y el ámbito de la seguridad, sin margen para volver a abrir procesos que solo interesarían a la clase política, además de hacer ver que la inminencia de procesos electorales hace aún más improbable una tramitación expedita. Tales predicamentos desconocen la importancia fundamental para nuestra democracia de que el sistema político busque ser corregido, porque a la larga con ello se abren más chances de que las grandes reformas encuentren un cauce de mayor fluidez, además de asegurar mayores niveles de estabilidad política. El gobierno, los partidos y los parlamentarios tienen en sus manos la responsabilidad de concretar estos indispensables cambios, en el entendido de que son prioritarios para el país.