Movilizaciones en Antofagasta obligan al Mineduc a acelerar su hoja de ruta legislativa en convivencia escolar
El exparlamentario apeló a la decisión de la Corte de Apelaciones que rechazó un recurso de protección para que se bajara desde la página web del Poder Judicial un reportaje sobre el fallo que lo sentenció.
La cartera ya venía trabajando en un proyecto de ley que abordara los conflictos originados dentro de los colegios, sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, las manifestaciones en el norte luego del fallecimiento de una profesora hacen que el ministerio deba ponerle premura a la materia.
Desde que asumió como ministro de Educación las movilizaciones del sector han sido una tónica en la gestión de Nicolás Cataldo (PC): si primero fue el de los sindicatos de Fundación Integra que tienen a su cargo más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles en todo Chile, y luego siguió el extenso paro docente de Atacama, hoy Antofagasta comienza a generar su propio ruido luego de que el Sindicato de Profesores y Profesionales de Educación (Sippe) de los establecimientos municipales -luego apoyado por el Colegio de Profesores- llamara a un paro en protesta por el fallecimiento de la profesora de 31 años de la Escuela D-69, Katherine Yoma, quien se quitó la vida el 7 de marzo tras recibir amenazas y agresiones por parte de un estudiante y el apoderado de este. Desde ahí las movilizaciones solo han ido en aumento y ya comienzan a obligar al Mineduc a tomar medidas.
Resumidamente, desde Sippe han asegurado que mantendrán la paralización docente que iniciaron el 18 de marzo en la región mientras se mantenga en su cargo la secretaria ejecutiva de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), Belguin Cisternas, quien tiene bajo su alero la educación comunal, además de incluso apuntar sus dardos al alcalde la comuna, Jonathan Velásquez (ind.). Ellos, aseguran los cercanos a Yoma, una vez que recibieron las denuncias de la profesora tomaron represalias en su contra y redujeron sus horas de clases y sueldo.
Pero estas no son sus únicas peticiones para deponer las movilizaciones a las que se han sumado profesores de universidades y de colegios no municipales, puesto que junto a parlamentarios y familiares de Katherine Yoma han pedido impulsar una ley con su nombre que aborde este tipo de situaciones. Lo que se busca es mejorar los protocolos para resguardar a los profesores frente a hechos violentos, así como sancionar a quienes los provoquen.
Son al menos 60 establecimientos que actualmente están paralizados en la región y que han llevado al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a pedir audiencia con el ministro Cataldo por este motivo, así como trasladarse al territorio. De hecho, en la masiva movilización del lunes recordó que “hace rato que venimos clamando porque el tema de la violencia, de las agresiones a los docentes, se aborde. No puede ser que una profesora, buena profesional, comprometida, sienta tal nivel de frustración y de agobio para que llegue a esta terrible decisión”.
Y añadió que “más allá de lo dramático que se ha vivido en Antofagasta, este es un tema nacional, es un tema país y tiene que dársele ese tratamiento y esa prioridad. Urge que las autoridades pongan este tema en primera prioridad. Esto es más importante que el Simce, que los rankings y esas cosas”.
Al respecto, el ministro Cataldo contextualiza que “lamentablemente tras la pandemia todo el sistema se ha visto tensionado por situaciones de violencia, salud mental, discriminación y problemas de convivencia, y por ello hemos desplegado, desde el año 2022, iniciativas vinculadas al bienestar de los equipos directivos y de las y los estudiantes desde el Plan de Reactivación Educativa”.
Y es que antes del fallecimiento de Yoma la cartera venía trabajando en una ley sobre convivencia escolar, y los hechos recientes y la presión por contar con una ley han acelerado ese trabajo y, es más, han provocado un cambio en la estrategia en esta materia, teniendo que acelerar su afinamiento y buscar una pronta presentación.
“Obviamente, como Ejecutivo estamos disponibles a que todas las propuestas conversen y sean parte de un solo diseño, considerando la amplitud de temas que están vinculados a la convivencia escolar. Estamos trabajando para aunar todos los intereses en nuestro proyecto de ley, tanto de las y los parlamentarios, como de los profesores y también del Ejecutivo, para que efectivamente tengamos una mejor propuesta, que dé solución a este tipo de hechos”, añade Cataldo.
Esa propuesta legislativa sobre convivencia educativa y espacios educativos protegidos ha sido abordada por un equipo conformado por el Mineduc y que busca incluir distintos proyectos e ideas relativas a convivencia educativa, no discriminación, seguridad y la prevención de delitos y consumo de drogas en los espacios educativos, y la cartera está considerando siete aspectos: deber del Estado para abordar la convivencia educativa; comprensión de la convivencia educativa y el buen trato como aprendizajes relevantes a lo largo de toda la trayectoria educativa; fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, lo que implica entre otras cosas darle más atribuciones a la Superintendencia de Educación; establecer responsabilidades y especificidades en el abordaje de la violencia; reforzar los instrumentos de gestión vinculados a convivencia; resguardar los equipos docentes ante situaciones de violencia; y fortalecer la participación de la comunidad educativa en la elaboración de instrumentos de gestión de la convivencia.
“Hemos conversado tanto con la familia de Katherine Yoma como con los distintos actores, entre ellos los parlamentarios, para presentar un proyecto de ley que aborde la convivencia educativa en todas sus dimensiones. Es un proyecto esperado por el gremio de profesores y profesoras”, se compromete Cataldo.
En lo inmediato, además, el Mineduc, a través de los equipos regionales, provinciales y con apoyo del nivel central, ha elaborado un plan que integra acciones concretas en apoyo a las comunidades educativas de Antofagasta, aun cuando el sostenedor de los establecimientos es la corporación antofagastina.
El plan considera acciones durante el primer semestre, así como para el segundo, y también 2025 en 3 ejes: convivencia educativa, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas y postvención. En tal sentido, se ampliarán aspectos del Programa A Convivir se Aprende en Antofagasta, se desarrollará un Plan de Formación y Acompañamiento para el Bienestar de los Equipos Educativos durante el primer semestre de 2025, así como se hará un trabajo de contención y apoyo en las tres comunidades educativas que fueron más directamente impactadas por el suicidio de la docente.
Todo esto, además, se da en medio de que la familia de la profesora anunciara este martes una querella en contra el alcalde Velásquez “por notable abandono de deberes”, justo después de que el edil publicara en sus redes sociales documentos médicos de Yoma, que eran privados. “Me cuesta encontrar un alcalde que actúe tan miserable como lo ha hecho usted; lo que ha hecho, el dar a conocer públicamente un documentos sensible y delicado como es mostrar la salud de una persona, que además ha tomado la terrible decisión de quitarse la vida, es miserable. No podemos tener en Chile autoridades tan insensibles, inhumanas y tan manipuladoras de la verdad”, dijo al respecto el presidente del gremio docente. ●
El exsenador Jorge Lavandero volvió a tribunales, pero ahora con una particular petición: que el Poder Judicial baje desde su página web un reportaje en que se da cuenta de su condena por abuso sexual en 2005.
La arremetida judicial de quien fuera senador por la Región de La Araucanía hasta el 2005, y anteriormente diputado desde 1957 a 1973, ingresó -en primera instancia- en noviembre del 2023 y en contra del propio Poder Judicial, al que acusaba de incurrir en “ilegalidades constitucionales” en su contra, luego de que la Dirección de Comunicaciones del organismo publicara un video en el cual se recordaban fallos históricos, como es el caso de Lavandero.
El exmilitante de la DC, partido que dejó el 2005, fue condenado ese mismo año a cinco años de cárcel luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco lo sentenciara por el delito reiterado de abuso sexual en contra de cuatro menores de edad.
A 19 años de aquello, según el recurso presentado ante la Corte Suprema y con el cual busca apelar a la decisión de la Corte de Temuco que rechazó su primer intento, el exsenador pide que se ordene bajar el video para “resarcir la estigmatizacio n que la condena produjo tanto en su persona como en su familia, quienes por lo demás llevan el apellido Lavandero, que es poco común en nuestra nación; y segundo, restablecer la honra que le fue conculcada a través de la condena y que hoy en día paradójicamente se ve obstaculizado por el mismo Poder Judicial, en un actuar desprolijo de sus aparatos comunicacionales”.
El escrito de 13 páginas ingresado ante el máximo tribunal, además, aclara que este recurso no corresponde a una solicitud al “derecho al olvido”, sino a la restricción del registro audiovisual en particular.
El video en cuestión
El video que generó que Lavandero, representado por los abogados Ramiro Gutiérrez y Carolina Meza, recurriera a apelar a la Suprema ante el rechazo del recurso por la Corte, corresponde a un registro audiovisual publicado por el Poder Judicial TV en agosto del año pasado.
El exsenador, quien anteriormente solicitó que sean borrados sus antecedentes penales desde su registro, argumenta en su recurso de apelación que el video contiene un testimonio que no formó parte de la causa. Por otro lado, apunta a que “más alla de la completa falta de actualidad del reportaje, lo más irrisorio resulta ser el ti tulo del video que ha sido definido o nombrado por un funcionario dependiente del Poder Judicial, y que denomina como: “Noticiero Judicial: Fallo Histórico - Senador Lavandero, abusador de niños”.
Seguido de aquello, también apunta que “resulta a lo menos curioso que la publicacio n del video no forme parte de un proceso noticioso de actualidad en el cual se quiera informar a la comunidad sobre la dictacio n del fallo, puesto que fue publicado en el canal del Poder Judicial 13 an os despue s de ocurridos los hechos”.
La apelación plantea que la publicación del registro “resulta ser contrario al ordenamiento jurídico, no sólo por ser arbitrario en cuanto a la falta de consideración sobre los procesos de resocialización y reinserción de personas condenadas, sino que es abiertamente ilegal que continúe estigmatizando y dañando la honra de una persona”.
El fracaso ante la Corte
En noviembre del 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar el recurso de protección presentado por Lavandero para que se eliminara el video, del cual según sostiene tuvo conocimiento luego de que familiares lo vieran circular en la red social TikTok.
Durante ese proceso, la Dirección de Comunicaciones emitió un informe explicando las razones de la publicación del video, el cual se encuentra enmarcado dentro de 170 microrreportajes sobre fallos históricos, como es el caso de la causa por abuso sexual contra Lavandero.
A juicio de la Corte, “resulta correcto lo razonado por la recurrida en su informe, en cuanto a que respecto de esta causa penal existio , y en gran medida sigue existiendo, un considerable intere s pu blico, no solo por la gravedad de los delitos contenidos en la condena, la reiteracio n de los hechos punibles acreditados, sino especialmente por la calidad de parlamentario y figura de larga carrera pu blica del condenado”.
Respecto a la reclamación del exsenador, quien plantea la temporalidad de la noticia, según el tribunal de alzada “no resulta caprichoso y, por el contrario, encuentra un fundamento racional en las funciones encomendadas a la Dirección de Comunicación del Poder Judicial”, lo que generó -explicaque se rechazara el recurso y consigo ni siquiera se revisaran los presuntos derechos vulnerados.
Es precisamente ese argumento el que cuestionan los abogados Gutiérrez y Meza ante el máximo tribunal, al sostener que la Corte no revisara el fondo del asunto deviene en un principio de inexcusabilidad.
El recurso con el cual solicitan que se revierta la decisión concluye que “la Corte decide restarle credibilidad a nuestro representado, asi de simple, sin fundamento alguno, como si se tratase de una especie de ficcio n legal”.b
Chile inicia inmunización contra virus respiratorio sincicial con Nirsevimab
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se trasladó este martes hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, para el inicio de la inmunización contra el virus respiratorio sincicial (VRS) en recién nacidos con el medicamento inyectable Nirsevimab. “Hoy día es un día histórico para nosotros, comenzamos con los primeros niños que han recibido la inmunización con Nirsevimab, el anticuerpo monoclonal que protege contra el VRS. Éste es la principal causa de hospitalizaciones y secuelas por virus respiratorios en menores de un año. Todos los que estamos acá (...) y en general la comunidad, las familias, saben lo que significa el virus sincicial durante cada invierno”, afirmó.