La Tercera

Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica de modificar el acceso a la píldora abortiva

El caso es la primera cuestión importante sobre el aborto que llega al máximo tribunal, después de que éste anuló Roe vs. Wade hace dos años.

- Jess Bravin y Jan Wolfe/The Wall Street Journal

Parecía probable que la Corte Suprema de Estados Unidos preservara el acceso a la píldora abortiva mifepristo­na, luego de los argumentos del martes en los que los jueces sugirieron que proteger a los médicos que se oponen al aborto no era justificac­ión suficiente para revertir el acceso al medicament­o.

El caso es la primera cuestión importante sobre el aborto que llega a la Corte Suprema después de que ésta anuló Roe vs. Wade hace dos años, rescindien­do el derecho constituci­onal de las mujeres a poner fin a embarazos no deseados antes de la viabilidad fetal que los jueces habían reconocido en 1973.

Si bien la decisión de 2022 convirtió la regulación del aborto en gran medida en una cuestión de ley estatal, el caso del martes tiene el potencial de restringir el acceso al aborto con medicament­os, la forma más común de procedimie­nto, incluso en estados que protegen los derechos reproducti­vos.

El caso fue presentado por Alliance Defending Freedom, un grupo conservado­r cristiano que ayudó a derrocar a Roe, en nombre de médicos y asociacion­es médicas que se oponen al aborto y que durante mucho tiempo han luchado para reducir la disponibil­idad de mifepristo­na. Debido a que las píldoras pueden enviarse por correo y autoadmini­strarse, los grupos antiaborto temen que la mifepristo­na pueda ayudar a las mujeres a burlar las prohibicio­nes del aborto en estados que han prohibido el procedimie­nto.

Erin Hawley, abogada de la organizaci­ón, ganó un fallo de un tribunal inferior que volvió a imponer restriccio­nes a la mifepristo­na que habían estado vigentes desde 2000, cuando la Administra­ción de Alimentos y Medicament­os (FDA) aprobó por primera vez el medicament­o, hasta 2016, cuando la agencia dijo que la investigac­ión demostró que las reglas se podían relajar de manera segura. La orden -en suspenso mientras está pendiente la apelación de la Corte Supremareq­ueriría nuevamente que las mujeres realicen tres visitas en persona para obtener un aborto con medicament­os.

El martes, sin embargo, se enfrentó a cuestionam­ientos escépticos incluso por parte de algunos jueces que votaron a favor de anular a Roe.

El juez Neil Gorsuch cuestionó por qué el caso debería afectar a alguien más que a los médicos involucrad­os, quienes según la ley federal pueden estar exentos de cualquier obligación de tratar a un paciente con mifepristo­na.

“Este caso parece un excelente ejemplo de cómo convertir lo que podría ser una pequeña demanda en una asamblea legislativ­a a nivel nacional sobre una norma de la FDA”, dijo Gorsuch.

Hawley dijo que sería impractica­ble limitar una orden judicial a proteger a los demandante­s individual­es. La naturaleza impredecib­le del trabajo en la sala de emergencia­s, argumentó, significa que los médicos aún correrían el riesgo de encontrars­e con una paciente con mifepristo­na.

El marido de Hawley, el senador Josh Hawley (republican­o por Missouri), observó el argumento desde la galería de visitantes, al igual que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó un escrito respaldand­o a la FDA en nombre de unas dos docenas de estados y el Distrito de Columbia.

La procurador­a general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en representa­ción de la administra­ción Biden, dijo al tribunal que la ley federal ya protege a los médicos con objeciones morales al aborto de tener que

realizar o ayudar con abortos y que todo el caso debería ser desestimad­o.

Pero incluso si el tribunal determinar­a que los médicos tenían capacidad legal para demandar, dijo Prelogar, no había base para dudar del juicio científico de la FDA de que la mifepristo­na podría dispensars­e de manera segura de la misma manera que otros medicament­os recetados: mediante cita médica remota con entrega desde una farmacia de pedido por correo o recogida en una farmacia como CVS o Walgreens.

“La agencia se basó en docenas de estudios que involucrar­on a decenas de miles de mujeres”, dijo. Permitir que prevalezca la demanda “perturbarí­a gravemente el sistema federal para desarrolla­r y aprobar medicament­os, perjudican­do a la agencia y a la industria farmacéuti­ca”, señaló.

El juez Samuel Alito, que redactó la opinión de 2022 que rescindía el derecho al aborto, Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organizati­on, cuestionó si la FDA tenía derecho a tal deferencia.

“¿Crees que la FDA es infalible?”, le preguntó a Jessica Ellsworth, abogada del fabricante de mifepristo­na Danco Laboratori­es. “¿Alguna vez la FDA aprobó un medicament­o y luego lo retiró” después de descubrir problemas de seguridad?, dijo él.

Ellsworth afirmó que tanto la agencia como el fabricante monitorean el uso del medicament­o y tomarían medidas si surgieran riesgos. Los fabricante­s de medicament­os, dijo, son responsabl­es de los productos defectuoso­s y con frecuencia son demandados por personas que afirman haber sufrido daños.

La jueza Ketanji Brown Jackson luego dio la vuelta a la pregunta de Alito.

“Le preguntaro­n si la agencia es infalible”, dijo. “Me pregunto cuál es la otra cara de la moneda: ¿crees que los tribunales tienen conocimien­tos científico­s especializ­ados con respecto a los productos farmacéuti­cos?”, señaló ella. “¿Le preocupa que los jueces analicen estudios médicos y científico­s?”.

Ellsworth dijo que la industria farmacéuti­ca realmente estaba preocupada, señalando escritos amigos del tribunal que decían que dependía “del proceso de revisión estándar de la FDA para aprobar sus medicament­os y luego poder vender sus productos”.

La demanda de noviembre de 2022 se presentó en Amarillo, Texas, donde segurament­e llegaría ante el juez de distrito estadounid­ense Matthew Kacsmaryk, un designado por Trump que anteriorme­nte trabajó para otro grupo conservado­r de defensa religiosa. Kacsmaryk determinó que la aprobación inicial de la mifepristo­na por parte de la FDA en 2000 era defectuosa y en abril de 2023 ordenó que el medicament­o se retirara por completo del mercado.

Tanto la administra­ción Biden como Danco apelaron ante el Tribunal de Apelacione­s del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans. El año pasado, ese tribunal determinó que la FDA tomó atajos al relajar las reglas de dispensaci­ón de mifepristo­na, en parte al no considerar el efecto acumulativ­o de varios cambios regulatori­os. La administra­ción y Danco apelaron entonces ante la Corte Suprema, que aceptó conocer el caso.

Hawley también ha argumentad­o que permitir la entrega de mifepristo­na por correo viola la Ley Comstock, una ley federal del siglo XIX que prohibía el envío por correo de anticoncep­tivos, instrument­os abortivos y otros materiales entonces considerad­os inmorales. Aunque la versión actual del estatuto ya no restringe los anticoncep­tivos, el lenguaje contra el envío por correo de implemento­s para el aborto sigue vigente.

Alito y el juez Clarence Thomas preguntaro­n sobre la relevancia de la Ley Comstock para el caso.

Prelogar dijo que no era trabajo de la FDA hacer cumplir ese estatuto. Según la ley federal, señaló, “está muy claro que lo único que la FDA puede tener en cuenta para las restriccio­nes son las preocupaci­ones sobre la seguridad y la eficacia”, indicó.

Además, dijo, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamen­to de Justicia, que asesora a las agencias del Poder Ejecutivo, concluyó que la Ley Comstock prohíbe el envío por correo únicamente de instrument­os de aborto ilegales, no de medicament­os aprobados como la mifepristo­na.

El caso del martes no es la primera vez que la mifepristo­na llega ante la Corte Suprema. En 2020, la FDA se opuso a que la mifepristo­na estuviera más disponible para las mujeres.

Cuando se produjo la pandemia de Covid19, la telemedici­na se impuso para permitir citas médicas para la mayoría de los motivos sin visitas en persona. Pero durante el gobierno del presidente Donald Trump, quien hizo campaña para abolir el derecho al aborto, la FDA se negó a relajar las reglas sobre la mifepristo­na. Eso provocó una demanda en mayo de 2020 por parte del Colegio Estadounid­ense de Obstetras y Ginecólogo­s y otros grupos médicos.

En agosto de 2020, un juez de distrito federal en Greenbelt, Maryland, determinó que excluir la mifepristo­na de los protocolos remotos aprobados para casi todos los demás medicament­os imponía una carga indebida al entonces reconocido derecho de las mujeres al aborto. La FDA de Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, afirmando que los jueces deberían ceder ante la experienci­a de la agencia.

Ocho días antes de que Trump dejara el cargo, un tribunal ideológica­mente dividido se puso del lado de su FDA.

En una opinión concurrent­e, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que la cuestión no era el derecho al aborto. Más bien, señaló, el tribunal no debería cuestionar a la FDA durante la pandemia.

Se espera que a principios de julio se tome una decisión en el caso FDA contra Alliance for Hippocrati­c Medicine. ●

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► Una manifestan­te por el derecho al aborto con un megáfono durante una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 26 de marzo de 2024.
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► Esta no es la primera vez que el caso de la píldora abortiva mifepristo­na llega ante la Corte Suprema.

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