INVESTIGACIÓN “CHEMSEX” NO AUTORIZADA

SEÑOR DIRECTOR:

El reportaje publicado recientemente en La Tercera, respecto a una investigación financiada por la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece), dependiente de la Subsecretaría de Salud del Minsal, sobre fiestas con drogas sexualizadas (Chemsex), levanta múltiples alarmas desde el punto de vista de la ética de la investigación y la transparencia en la asignación de fondos públicos.

En primer lugar, una investigación con seres humanos, especialmente aquellas donde los sujetos de investigación o investigadores pueden estar expuestos a riesgos, debe ser previamente autorizada por un comité de ética acreditado. Estamos en serios problemas si es la misma autoridad sanitaria la que se salta las salvaguardas que tenemos para evitar abusos y riesgos excesivos en el ámbito científico. Según tenemos entendido, se entregaron los fondos para la ejecución de este proyecto sin requerir aprobación ética previa. En segundo lugar, un estudio de estas características, con observación participante en conductas de riesgo, requiere un sólido componente metodológico. En Chile este tipo de investigaciones son realizadas con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) o mediante proyectos FONIS, donde expertos del área revisan los protocolos y adjudican los fondos en un ambiente altamente competitivo; ambos concursos requieren de aprobación de un comité de ética. En este caso, el estudio fue comprado a través de una licitación por Mercadopúblico, lo cual obviamente no es la instancia para evaluar estudios científicos. A su vez, si un comité de ética no aprobó el estudio y la eventual dispensa de consentimiento informado para observar a personas en la intimidad de sus conductas de riesgo, ¿qué tipo de protección tuvieron los sujetos observados?, ¿qué información se recolectó, por ejemplo, de las personas que asistían a estas fiestas?

Finalmente, debemos tener presente que la Ley 20.120 (ley que regula la investigación científica en Chile), está precisamente destinada a que estas cosas no sucedan. Si el proyecto comenzó a ejecutarse sin la debida aprobación ética, ¿se alertó a la Fiscalía cuando las autoridades se dieron cuenta que se estaba realizando una investigación con seres humanos en forma no autorizada por un comité de ética? Si bien la nota de prensa señala que el estudio habría sido suspendido, sería conveniente que la Subsecretaría de Salud Pública señale si solicitó la devolución de los fondos asignados al proyecto (50 millones de pesos) y explique en qué momento requirió de la aprobación ética.

Moisés Russo

Docente Medicina, Universidad Diego Portales Sofía Salas Ibarra

Docente en bioética, Universidad del Desarrollo