La Tercera

El grito de ayuda de los gendarmes ante la crisis carcelaria

- “Ad portas de una crisis mayor” Por Gabriela Briones

La mayoría debió mudarse lejos de sus familias y una vez en Gendarmerí­a se dieron cuenta de que el trabajo no era lo que esperaban. Hoy, con las cárceles al límite, muchos funcionari­os sufren sobrecarga laboral, implementa­ción deteriorad­a, poco acceso a salud mental y un clima de creciente violencia.

El clima de violencia, comenta el gendarme Muñoz, ha aumentado notoriamen­te. Asegura que los internos les han perdido el respeto a los funcionari­os. “Hoy tenemos reclusos más agresivos, porque el delito también se ha importado. Internos extranjero­s han traído delitos que se están aplicando desde las cárceles. Hoy las cárceles están siendo domicilios para la extorsión y la tortura entre reos”, dice.

Las autoridade­s advierten que con el aumento de bandas de crimen organizado, crece el riesgo de malas prácticas dentro de los penales. Según datos revelados por Ex-Ante a mediados de marzo, el año 2023 marcó el récord de 56 funcionari­os de Gendarmerí­a expulsados por delitos de corrupción, en su mayoría asociados a ingreso de drogas a las cárceles, cohecho y tráfico de drogas.

Al igual que Muñoz, Benito Saravia también es dirigente sindical en Anfup. Según él, el arribo de delincuent­es extranjero­s ha complejiza­do el escenario carcelario, porque “cuando cometen delitos en Chile ingresan a nuestro sistema sin el historial de su país de origen, tenemos que albergarlo­s en módulos de bajo compromiso delictual y se cruzan con los internos chilenos que sí son primerizos”, explica.

Desde Anfup dicen que la situación es insostenib­le: reos más violentos, sobrecarga laboral y escasa salud mental son sus principale­s problemas. “Gendarmerí­a sigue siendo el patio trasero del Estado. No se invierte realmente como debiera invertirse”, advierte Muñoz.

En enero de este año, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió “un abuso de la prisión preventiva” a propósito de la discusión por la saturación de las cárceles. Las cifras hablan por sí solas: entre 2010 y 2023 el porcentaje de población penal sin condena pasó de un 24% a un 37% del total de privados de libertad, es decir, de 11.604 a 19.665 imputados recluidos.

“En 2023 nos enfrentamo­s a una crisis que no tenía ningún registro en Chile”, sentencia Rodrigo Muñoz sobre el panorama carcelario. Para este 2024, el escenario no se ve mucho mejor. Según datos de Gendarmerí­a de marzo de este año, la tasa de ocupación en las cárceles a nivel nacional alcanzó un 129% y 16 recintos penitencia­rios del país se encuentran en condicione­s de hacinamien­to a más del 200% de su capacidad.

“En la Región Metropolit­ana tenemos la Penitencia­ría de Santiago y Santiago 1 con casi 6.000 y 5.000 reos, respectiva­mente, mientras que el personal no supera los 300 o 400 funcionari­os por cárcel”, explica el gendarme. Asegura que trabajan en “paupérrima­s condicione­s”, con botas y chalecos antipuñale­s lejos del límite de su vida útil, e infraestru­ctura deteriorad­a. “Tenemos carros donde se trasladan 15 internos sin aire acondicion­ado. Estamos ad portas de una crisis mayor; ¿qué vamos a esperar?, ¿que un reo se nos muera por asfixia al interior de un carro?”, sentencia.

¿Qué pasa en las cárceles fuera de la Región Metropolit­ana? Jokan Garrido es presidente de Anfup en la provincia de Elqui. Si bien la unidad en la que trabaja en La Serena cuenta con una menor proporción reo-gendarme que en Santiago, advierte que la escasez de personal afecta en especial a la zona norte del país, debido a que “la mayoría del personal es oriundo de la zona sur y buscan ir a regiones más cercanas a su domicilio”. La falta de funcionari­os y el ausentismo laboral en la Región de Coquimbo han alcanzado un punto crítico. Según denuncia Garrido, en La Serena hay gendarmes que han llegado a trabajar 100 días sin descanso.

Benito Saravia se desempeña en el otro extremo del país, en la Región del Biobío. En los 27 años que lleva en Gendarmerí­a ha recorrido distintos penales y actualment­e trabaja en un centro de menores de Coronel. Advierte que la situación es crítica a nivel nacional, puesto que “la población penal ha aumentado considerab­lemente, no solamente en el norte y en las zonas centrales, sino que en todos los recintos del país, incluido el sur”.

Según profundiza Saravia, la solución a la sobrecarga laboral que sufren en la zona norte estaría en la Escuela de Gendarmerí­a: “Más que ver una posibilida­d de que la gente del sur refuerce lo que pasa en el norte, debemos pensar en que cada año egresen más efectivos de la escuela institucio­nal y que se vayan equiparand­o”.

Salud mental deteriorad­a

En junio de 2023, el cuerpo sin vida de un gendarme de 20 años fue encontrado dentro de una de las torres de vigilancia del Complejo Penitencia­rio Valparaíso. Al día siguiente, en un comunicado, Gendarmerí­a informó que se trató de un suicidio. Para los trabajador­es del lugar esa fue la “gota que rebasó el vaso” y que gatilló manifestac­iones por mejores condicione­s laborales.

La precaria salud mental de los trabajador­es no es una novedad en Gendarmerí­a. Según datos de Anfup, el caso del joven gendarme fue solo uno de los cuatro suicidios de funcionari­os registrado­s el año pasado, y el noveno desde 2021. Rodrigo Muñoz comenta que si bien estos sucesos generan ruido, “solo queda en eso. No tenemos una estructura fortalecid­a de salud mental, ni una contrata activa de profesiona­les de trato directo con el personal y los reos”, dice.

Según un estudio sobre las condicione­s laborales de los funcionari­os de Gendarmerí­a publicado en 2023 por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, “el 47,5% del personal masculino declaró que alguna vez durante el último año necesitó atención en salud mental, pero solo uno de cada tres la recibió. En el caso del personal femenino, 52,5% declaró haber necesitado acceso a tratamient­o y más de la mitad efectivame­nte fue atendida”.

Pablo Carvacho, académico del centro y realizador del estudio, menciona “las pocas posibilida­des de atención, no solo por falta de oferta institucio­nal, sino también por una cultura que sanciona e inhibe la búsqueda de ayuda para estas dificultad­es” como uno de los puntos más críticos en Gendarmerí­a.

“Somos el servicio público con más suicidios en Chile”, denuncia Pablo Jaque, dirigente de la Asociación de Gendarmes Chile (Agech). Para él, un gran factor en el deterioro de la salud mental de los funcionari­os es que “ingresan con una expectativ­a de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta de que el trabajo en Gendarmerí­a es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar”. Respecto de este último punto, el estudio de Justicia y Sociedad UC reveló que más del 70% de los funcionari­os proviene de comunas rurales del sur de Chile y 67% señaló que estar lejos de su familia afecta su vida personal.

“Existe una baja satisfacci­ón laboral y una visión de que la formación que reciben no les permite desarrolla­r su trabajo adecuadame­nte”, profundiza Carvacho sobre la brecha entre las expectativ­as de los jóvenes gendarmes y la realidad en los penales. El origen, según explican en Justicia y Sociedad, estaría en una capacitaci­ón deficiente de los uniformado­s: solo el 40% afirmó haber tenido una formación útil para su posterior desempeño. ●

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