GRAVE RECESIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
SEÑOR DIRECTOR:
El eventual cierre de Huachipato ha golpeado con fuerza a la opinión pública y muchos se preguntan si no se podrá hacer algo para evitar que más de 20.000 personas en la Región del Biobío queden desempleadas.
Sin embargo, este evento no debería sorprender a nadie. Los problemas de Huachipato tienen más de 20 años de existencia. En efecto, con el objetivo de enfrentar estos problemas, entre 1999 y 2023 se presentaron 17 denuncias relacionadas a productos de acero ante la Comisión de Distorsiones, de las cuales solo tres llevaron al establecimiento de medidas arancelarias por unanimidad de los miembros; las nueve restantes llevaron a la aplicación de medidas antidumping con el voto dirimente, al menos, de los dos miembros del Banco Central, únicos miembros independientes del gobierno de turno, quienes justificaron su voto indicando que “una medida de salvaguardia no es el instrumento adecuado para abordar el problema que afecta a la industria doméstica productora de acero”, dando a entender que no era el dumping del acero el causante de los problemas de la industria doméstica.
La situación ha llevado a proponer ampliar las salvaguardias permitiendo el salvataje de la empresa, o convencer a las mineras a que paguen más caro por un insumo que pueden comprar más barato en otra parte. El problema es que, en ambos casos, el costo será pagado por los de siempre, los trabajadores chilenos, ya sea a través de mayores impuestos, menores prestaciones sociales y/o mayores precios de los productos que usan el acero como insumo. No es el rol del Estado financiar a empresas con nuestros impuestos o a través de costos inflados de los bienes, sino ocuparse de la reconversión laboral de aquellos que pierden su fuente de trabajo.
¿Por qué debemos pagar por las pérdidas que está generando una empresa, solo porque el gobierno no quiere agregar a sus problemas 20 mil desempleados adicionales?
Huachipato, así como el gobierno, tuvieron más de 20 años para tomar medidas. La única explicación para que no lo hayan hecho es que confiaron en que esta empresa es demasiado grande para caer, más aún cuando empieza el período electoral.
Cecilia Cifuentes Michèle Labbé
SEÑOR DIRECTOR:
Según un informe de IConstruye, los inicios de obras están en un 80% por debajo de los niveles prepandemia. Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señala que hace 26 meses, el índice mensual de actividad del rubro es negativo. Y los permisos de construcción están a un nivel peor que hace 33 años.
Este escenario es consecuencia de las alzas en los créditos bancarios, el deterioro de la economía y de la inflación. Pero este deterioro se ha visto incrementado por otros factores que han ido arruinando las posibilidades de adquirir una vivienda a las familias de clase media, que pronto estarán viviendo de allegados o probablemente en campamentos.
Los múltiples cambios normativos, como las desafortunadas modificaciones al DFL2 y la eliminación de los beneficios del IVA a la construcción de viviendas, junto con imponer una serie de condiciones ambientales y de impacto vial, más la mala Ley de Aporte al Espacio Público para la obtención de los permisos, sumado a la incomprensible y compleja nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, han convertido a la vivienda en un bien exclusivo y solo accesible para un pequeño grupo de privilegiados.
En mi opinión, se deben reponer el DFL2 y el beneficio del IVA en forma permanente para recuperar los nivelas de construcción y permisos para viviendas de hace diez años atrás, junto con modificar la Ley de Aporte al Espacio Público y reformular aquella de copropiedad inmobiliaria, entre otras urgentes medidas.
Yves Besançon Prats Pastpresident
Asoc. de Oficinas de Arquitectos