Irresponsable llamado del PC a la “presión social”

El llamado que hizo el senador PC Daniel Núñez, en orden a que el gobierno debería en este momento privilegiar el camino de la “presión social” para forzar a que el Senado apruebe las reformas propuestas por el oficialismo, han generado tensión no solo en las filas de la oposición -que han acusado una manifiesta actitud antidemocrática por parte de la tienda comunista-, sino que también han causado ruido dentro del propio gobierno, justo en momentos en que enfrenta un débil momento político.

Desde luego, no se trata de los dichos aislados de un parlamentario, sino que encontraron pleno eco en el presidente del PC, así como también en el timonel de Revolución Democrática, si bien se ha tratado de poner el acento en que con este llamado no se busca una agitación violenta, sino que la ciudadanía se exprese pacíficamente; sin embargo, el revuelo que han provocado estas declaraciones da cuenta que en realidad muchos ven aquí una velada amenaza de la izquierda más extrema, muy alejada de lo que podría entenderse como el llamado a una movilización pacífica.

Núñez formuló sus dichos en el marco de una nueva configuración de fuerzas al interior del Senado, donde la presidencia de la mesa quedó en manos de RN y Demócratas. Con ello se desechó el acuerdo de gobernabilidad que habían establecido oficialismo y oposición, algo que Núñez calificó como un “quiebre brutal” y de allí la necesidad de privilegiar ahora la presión social y ciudadana.

La movilización ciudadana forma parte de las expresiones más genuinas de una democracia robusta, pues es una de las formas como la ciudadanía ejerce su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de representar sus puntos de vista a la autoridad. Pero hay fundadas razones para temer que cuando el PC y otras fuerzas extremas hablan de “presión social” a lo que en realidad apuntan es a validar la violencia política así ocurrió en los momentos más álgidos del llamado estallido social, donde estos sectores evitaron condenar los actos de vandalismo, amedrentamiento y destrucción que caracterizaron este período- y a instrumentalizar distintas instancias gremiales como forma de agitación y extraer decisiones que favorezcan sus propias agendas. Algo de esto parece ocurrir con la CUT y su llamado a paro general convocado para abril, donde uno de sus objetivos es poner de relieve el rol obstruccionista de la derecha y los empresarios.

El PC ya había generado controversias parecidas cuando en 2015 su ex timonel Guillermo Teillier dijo que el PC tenía “un pie en La Moneda y otro en la calle (…) Es un hecho de la causa que estamos en todas las movilizaciones sociales. Tenemos dirigentes en todas partes”, o cuando con motivo del primer proceso constituyente post 2019 señaló que había que “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo”.

Planteamientos de esta naturaleza, que no son más que un chantaje, alteran profundamente las bases mismas de la democracia, donde las reformas y los cambios que legítimamente demanda la sociedad han de deliberarse y zanjarse en el Congreso, resultado que dependerá del equilibrio de fuerzas políticas allí representadas en virtud del voto popular y de los acuerdos alcanzados entre gobierno y oposición, pero de ningún modo coaccionado por la presión que se ejerza desde “la calle” por vías de hecho, o por la acción extorsiva desde determinados gremios.

El llamado que ha hecho el PC y otros sectores resulta así profundamente irresponsable con el país, porque además de tener la aptitud de alterar las reglas del sistema democrático y tensionar aún más un ambiente político ya suficientemente polarizado, reviven en la sociedad temores de que se puedan volver a alimentar oleadas de violencia, lo que abre nuevos flancos de incertidumbre. Es inexplicable que un predicamento de este tipo también haya sido asumido acríticamente por sectores del Frente Amplio (FA), pues tratándose de una fuerza debutante en las responsabilidades de gobierno cabría haber esperado que sus cartas se jugaran en favor de actitudes que sobre todo favorezcan la estabilidad institucional.

La estrategia del PC trasluce además escaso compromiso con el propio gobierno del que forma parte, ya que resulta evidente que un llamado de este tipo genera desconcierto. En tal sentido, era indispensable que desde el propio Ejecutivo se despejara que no hay margen para un camino como el propuesto. La categórica respuesta que dio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve -“al gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión”- avanzaba en esa dirección, pero la tibia reacción de la ministra del Interior, quien le bajó el perfil a los dichos del PC, desdibuja esa señal y dejó la impresión de que se busca no complicar la relación con las fuerzas comunistas.

Probablemente la oportunidad que eligió el PC para salir con esta declaración no responda a un acto desesperado, porque finalmente la movilización de “la calle” y la agitación siempre ha sido parte de su forma de actuar, por lo que probablemente su motivación principal estriba en razones electorales; como sea, es indispensable que el resto de los sectores políticos, especialmente los que tienen responsabilidades de gobierno o tienen representación en el Congreso, den muestras de compromiso con la estabilidad del país y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Esta suerte de velado chantaje que ha formulado el PC, que también han hecho propio sectores del FA, altera las bases democráticas, introduce una inconveniente señal de inestabilidad y complica al propio gobierno.