Inexcusable falta de cupos en colegios
El hecho de que todavía existan estudiantes sin posibilidad de matricularse revela serios problemas de gestión, pero también es el resultado de una serie de rigideces que se originaron en la Ley de Inclusión, normativa que requiere ser revisada.
Terminado el primer mes del año escolar, aún hay numerosos estudiantes sin cupo en un establecimiento educativo. Aunque no es claro cuántos son ni dónde están los afectados por esta impresentable situación, la movilización por parte de agrupaciones de apoderados indica que estos se ubicarían principalmente en la zona norte del país, en la región de Tarapacá, así como también en las comunas de Lampa y Algarrobo. Detrás de este problema hay dos elementos que se deben distinguir y merecen reflexión. El primero de ellos tiene que ver con la falta de cupos propiamente tal; mientras que el segundo, con la forma en que los que hay disponibles se asignan, es decir, el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
En relación con la falta de cupos, todo indica que esto se debe a que la oferta no ha crecido de la mano de la mayor demanda debido a diversas normativas que se han introducido en el sistema escolar y que terminaron limitando tanto la creación de nuevos colegios, como la ampliación de los ya existentes. En gran medida, esta normativa fue la respuesta del segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet a la desconfianza que se instaló sobre los colegios particulares subvencionados bajo la consigna de poner “fin al lucro” y que concluyó en la denominada Ley de Inclusión, apoyada por nuestras actuales autoridades. Esta, además de burocratizar la gestión de las escuelas, añadiendo una compleja rendición del uso de los recursos, introdujo una serie de desincentivos y restricciones para quienes solicitan el reconocimiento oficial del Estado y la subvención de escolaridad por primera vez, llegando al extremo de impedir la entrada de nuevos proveedores a menos que se demuestre la existencia de una “demanda insatisfecha” de estudiantes en el territorio.
En segundo lugar, el problema de falta de cupos ha permitido visibilizar la insatisfacción de apoderados y estudiantes que ven cómo el SAE, al ser ciego al mérito académico, en ocasiones no otorga a estudiantes de buen desempeño y comportamiento escolar una plaza en alguno de los colegios de su preferencia, quedando estos relegados a opciones de menor calidad e incluso inseguridad. Este hecho, que riñe con el sentido común de la población, también tiene su origen en la Ley de Inclusión, en la consigna de terminar con la selección por mérito, supuesta fuente de discriminaciones generalizadas cuya existencia –al igual que la del lucro- jamás fue demostrada.
En lo inmediato, el gobierno debe actuar con premura para resolver el problema de la falta de cupos. Hasta ahora, este ha exhibido una insuficiente capacidad de, aun en presencia de un sistema que entrega la información relativa a la demanda y la oferta comunal, anticipar el problema y tomar medidas oportunas. Así también, en el mediano plazo se deberán revisar los problemas en la normativa que esta situación deja de manifiesto. Tras varios años de su implementación, todo indica que ya es momento de revisar la Ley de Inclusión.