Controlaría detecta fallas en listas de espera entre 2018 y 2021
El organismo fiscalizador
analizó el registro de pacientes en espera durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. En esa investigación encontró problemas administrativos, como casos que no figuraban en las listas oficiales y 88 pacientes que tenían prestaciones con posterioridad a su fecha de fallecimiento.
Las listas de espera se han transformado en un problema para varios sistemas de salud en el mundo, y Chile no es la excepción. De hecho, de acuerdo al último conteo de la cartera sanitaria, habían 333.363 cirugías sin atender, 2.401.560 consultas de especialidad en la misma situación y 70.440 garantías GES incumplidas. Por esta razón, la Contraloría General de la República verificó la eficacia y oportunidad en el registro de las prestaciones y la atención de pacientes en espera, esta vez durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.
“La materia es importante porque actualmente miles de personas se encuentran en alguna de las listas, con amplios periodos de espera para una prestación. Así, al 31 de diciembre de 2021, existían 54.333 garantías de oportunidad retrasadas, mientras que para listas no GES - cirugías y consultas de especialidad2.2288.177 se encontraban en espera”, inicia la auditoría publicada a mediados de marzo.
En ese contexto, el organismo fiscalizador revisó los procesos de registros y atención de pacientes en espera en diversos establecimientos de la red asistencial. Y encontró distintos problemas administrativos, como por ejemplo que solo para el mes de diciembre de 2021, 22.334 casos se encontraban en la lista de espera No GES, sin haber sido ingresados en el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera, SIGTE, quedando fuera de los registros que conformaban la lista de espera a nivel nacional.
Además, respecto al sistema de registro, el informe advierte “deficiencias en la consistencia e integridad de la información”, pues se constató que, a lo menos, 88 personas a nivel nacional registraban prestaciones con posterioridad a su fecha de defunción, de las cuales, al 31 de diciembre de 2022, 29 no contaban con alguna causal de egreso.
Por otro lado, la investigación detalla problemas en la productividad, pues en algunos pabellones se constató una demora en el inicio de las cirugías programadas, que oscilaba entre 10 minutos y las dos horas y media, respecto de lo planificado. Sin embargo, para las autoridades esto es una novedad, pues son comunes las complicaciones en los quirófanos.
De hecho, el último informe del Ministerio de Salud reporta que durante 2023 se suspendieron 33.249 intervenciones programadas, 41% por razones administrativas.
Para hacerle frente a esto la cartera sanitaria actual apostó por los Centros Regionales de Resolución (CRR), estrategia que busca desarrollar e implementar un modelo de alta resolutividad de cirugías mayores ambulatorias centrada en las cirugías más frecuentes en lista de espera. Eso se hace a través de la habilitación de unidades prequirúrgicas, capacitación a los funcionarios e implementación de nuevas tecnologías en distintos recintos sanitarios.
Incluso, los resultados preliminares son positivos, pues en las salas que se implementó esta estrategia se hicieron alrededor de 17 mil cirugías.
Respecto a este informe, el exministro de Salud, Enrique Paris, señala hay que tomar en cuenta el período analizado: “Abarca una condición sumamente compleja y extraordinaria para cualquier sistema de salud en el mundo como lo fue el impacto de la pandemia por Covid-19. Una emergencia sanitaria que afectó fuertemente nuestro sistema de salud, y por consecuencia, el acceso y atención de la población. El aumento de las listas de espera son una realidad global, más aún luego de la emergencia sanitaria que golpeó al mundo entero durante los últimos años con sus respectivas consecuencias”.
Medidas de Contraloría
Finalmente, el organismo fiscalizador determinó que el ministerio deberá iniciar un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran originarse de las situaciones observadas, respecto de las personas que no se encontraban en la lista de espera nacional, los pabellones no aptos para realizar intervenciones quirúrgicas y los que no cumplían con las condiciones mínimas establecidas para su funcionamiento, como también por la demora en el inicio de las cirugías programadas y las deficiencias en la consistencia e integridad de la información.
En ese contexto, desde la cartera afirman que “se están realizando todas las acciones para dar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República parte de ello es el proceso de nombramiento de fiscales para llevar a cabo los procedimientos disciplinarios, se ha instruido ya a los servicios de salud respecto de la regularización de la información -proceso que actualmente está en desarrollo-, se ha fortalecido la estrategia que permite gestionar de mejor manera el uso de quirófanos a través de los CRR”.