Familiares y compañeras de Catalina Cayazaya respaldan versión sobre dificultades en los internados de la Universidad de los Andes
Luego de conocida la denuncia de la madre de la estudiante que se quitó la vida, después de acusar hostigamiento de los superiores de sus internados, han surgido diversos testimonios que dan cuenta de situaciones similares. Incluso, las cifras de la Superintendencia de Educación Superior respaldan el fenómeno, pues de las denuncias que han recibido por convivencia, 28,2% corresponden a hostigamiento docente.
“¡No estamos todas, falta nuestra Cata!”. Así se inicia la publicación en redes sociales que hizo Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya, para graficar la situación que vivió su hija como estudiante de Terapia Ocupacional en su etapa de internado en la Universidad de los Andes y que terminó con la joven quitándose la vida. Relato que en los últimos días motivó una investigación dentro de la casa de estudios, el oficio de la Superintendencia de Educación Superior (SES) y hasta el pronunciamiento del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
En la carta abierta, Cors relata que la estudiante ingresó el 2017 a la carrera y pasó los primeros años sin problemas, pero que vio un cambio abrupto cuando iniciaron las rotaciones prácticas, donde asegura que su hija fue maltratada por sus tutoras, situación que, expone, fue determinante en la decisión que tomó.
“Cuando la Cata entró a su internado vivió malos tratos y había gente que la menoscaba en su trato diario. Cuando ella denunciaba estas situaciones a sus profesores guías de la universidad, le respondían siempre lo mismo: que así es el mundo laboral, que tenía que endurecerse, o que tenía que aguantar”, relata a La Tercera la madre de la joven de 26 años, quien es pediatra del Hospital de Rancagua.
Y aunque la universidad anunció la apertura de una investigación para “establecer eventuales responsabilidades” en este caso puntual, quienes pasaron por la misma etapa que ella en dicha institución o conocen su historia afirman que está lejos de ser un caso aislado.
Cors, de hecho, cuenta que “luego de que mi hija terminara el internado en muy malas condiciones, se juntó con varias compañeras y escribieron una carta a la jefa de la carrera, exponiendo todas las situaciones que habían vivido en las distintas rotaciones. La carta fue firmada por 25 alumnas de un curso de alrededor de 40, es decir, más del 50% había vivido una experiencia así”.
“Citaron a cada una de las niñas a una reunión de 10 minutos donde las retaban. Al día siguiente les dijeron a todas que tuvieran cuidado, que no podían calumniar de esa manera a su profesora. Incluso, a un par las amenazaron con suspenderlas del internado. Por supuesto que después de eso hubo un silencio absoluto y nadie quiso decir nada más. Y lamentablemente mi hija fue la que encabezó ese movimiento”.
Pamela Silva, exalumna de Terapia Ocupacional de la U. de los Andes, señala que ella misma pasó por un situación similar, y que el centro de alumnos de ese momento envió una carta a las autoridades de la casa de estudios advirtiendo que había estudiantes viviendo malos tratos en sus prácticas.
“La denuncia hecha por la mamá de Catalina tiene justificación en el nulo apoyo que recibían los alumnos con mayores dificultades, con situaciones de salud específica o con el poco toque que se tenía para comunicar las cosas, además del aprovechamiento del rol del interno en el centro de salud. Un grupo de supervisores y docentes clínicos no cumplía con los lineamientos que se nos entregaban en un inicio y tampoco usaban su tiempo para una escucha activa a quien la pasaba mal y buscaba refugio en ellos”, se explaya.
De hecho, cuenta que en su caso, a pesar de tener una “excelente relación” con los supervisores de la escuela y los docentes de campos clínicos, todo cambió cuando que
“No podemos normalizar el acoso, la violencia, el maltrato, ni en las prácticas, ni en las residencias, ni tampoco en las relaciones laborales”.
ANTONIA ORELLANA, MINISTRA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
dó embarazada durante su internado de salud física, casi terminando la rotativa. “Se me cerraron todas las puertas por parte de quien era la encargada de esa área. Se justificó que yo “elegí la vida” y que tenía que congelar, a pesar de los buenos resultados y retroalimentación positiva de mis docentes”. Antonia Camus fue compañera de Catalina durante su primer internado y afirma que efectivamente la experiencia fue mala para su amiga: “Entramos muy contentas, especialmente ella. Dicen que es sensible, y efectivamente lo era, y por eso también era buena terapeuta. Pero quienes estaban a cargo se agarraron de eso para sentirse superiores y la hostigaron constantemente”.
Sin embargo, añade que “ningún internado o título debe valer más que la vida de una persona, porque este no fue un caso aislado. Pero tampoco son todos los internados así, yo tuve algunos increíbles, con docentes que son de excelente calidad. Entonces, es injusto ponerlos a todos en el mismo saco”.
Del mismo modo, en el espacio de Instagram en que la madre relató los hechos que llevaron a su hija a tomar la drástica decisión, otras personas también compartieron que habían vivido situaciones similares, algunas en la misma universidad, otras en carreras diferentes, e incluso había historias que databan de hace más de una década.
“Estudié terapia ocupacional en la U. de los Andes durante cuatro años. Jamás repetí un ramo, hasta que todo se cayó a pedazos cuando empezamos el internado. Dos semanas bastaron para destruirme emocionalmente, para invalidar todo mi conocimiento y para humillarme frente a otros colegas”, reza uno de los comentarios.
Otro usuario sostiene que “me duele tanto y empatizo 100% con esta situación. Es la cruda verdad que se vive en los internados y prácticas clínicas. Los docentes y profesores guías de las instituciones abusan constantemente de poder y nuestras voces son silenciadas”.
En tal sentido, las cifras de las Superintendencia de Educación Superior dan cuenta de este fenómeno: en 2023 se recibieron 209 denuncias por temas de convivencia, siendo las materias más reclamadas el hostigamiento docente (28.2%) y el bullying (22%).
Medidas y consecuencias
Al hacerse público lo ocurrido, este miércoles, en su cuenta en Instagram, la casa de estudios dio a conocer un comunicado en que afirman que iniciaron “una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo revisaremos el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos que buscan garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes”.
La universidad además hizo ver su “total rechazo a cualquier tipo de maltrato y el compromiso de asegurar un ambiente de aprendizaje respetuoso y amable donde se facilite la escucha, el diálogo y la acogida”.
Por otro lado, la Superintendencia de Educación Superior (SES) decidió enviar un oficio a la casa de estudios para recabar información y, en caso que lo amerite, iniciar una investigación.
Además, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró este jueves que “nosotros pedimos informe a la superintendencia para saber cuáles son los protocolos que se han seguido en torno a esta materia y también está ad portas de entregar reportes de las investigaciones que se han hecho y de políticas que se han implementado frente al maltrato o acoso laboral y sexual. Hay que hacer un trabajo frente a los campos clínicos, que es un tema que nos preocupa bastante debido al tipo de dinámica que se puede potenciar ahí”.
Con todo, la exestudiante Pamela Silva dice encontrar “terrible” la funa de la que están siendo objeto las supuestas agresoras.
“No se les ha dado la oportunidad de hablar, de enfrentarse a la justicia y de seguir el conducto que se debe con las instituciones que revisan el proceso. La gente que les publica comentarios agresivos está generando lo mismo que critican; no piensan en sus familias ni en cómo puede afectar su actuar en su salud mental y, como están detrás de una pantalla, ellos no tendrán consecuencias”, se extiende.
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