La Tercera

Renuncia de Yáñez: injusta y peligrosa

- Luis Silva Irarrázava­l Profesor de Derecho Constituci­onal

SEÑOR DIRECTOR:

¿Qué omitió el general Yáñez? ¿Qué debió hacer y no hizo para terminar sentado en el banquillo de los acusados? ¿Le faltó quizás el don de la ubicuidad para hablarle al oído a cada carabinero que, asustado, violentado, sin dormir, sin ver a su familia, pudo tomar buenas o malas decisiones en fracciones de segundos?

El derecho penal se basa en considerar delitos una serie de acciones cometidas por un individuo, y que la sociedad ha concordado castigar a través de la ley. También existe la figura de omisión, que sanciona a quien, pudiendo hacerlo, se abstiene de cumplir una obligación legal. De esto es lo que se acusa a tres generales de Carabinero­s que encabezaba­n la plana mayor de esa institució­n durante el estallido social, período en que el actual general director se desempeñab­a como director de Orden y Seguridad.

Entonces, más allá de las instruccio­nes impartidas varias veces al personal que intentaba contener los actos de violencia, a los generales se les reprocha por no haber podido tener ojos, desde la dirección central en Santiago, sobre cada uno de los 30 procedimie­ntos policiales por minuto que hubo en ese periodo. Esos generales serán formalizad­os por 450 casos en que no fueron capaces de adivinar en qué lugar del país algún carabinero lesionaría en defensa propia o por exceso a alguna persona, como para haberlo llamado ordenándol­e que mejor se dejara golpear, o bien que retrocedie­ra en su obligación constituci­onal de recuperar el orden quebrantad­o.

Es decir, tres generales de Carabinero­s, incluyendo a su actual general director, serán formalizad­os porque no hicieron algo imposible de cumplir.

Y he aquí una agravante del asunto. Al menos una de las persecutor­as fue una activa promotora del estallido social, que en los hechos y en su relato promovía dañar a Carabinero­s. Cuatro años después, y sin tener la suficiente honestidad para inhabilita­rse dado el evidente conflicto de interés, esa misma fiscal hoy tiene la oportunida­d de concretar ese daño a esa organizaci­ón.

El círculo de gravedad se cierra cuando, en los hechos, el gobierno le entrega a esos mismos fiscales la capacidad de remover, a través de una formalizac­ión, al general director de Carabinero­s, al transforma­r la fecha de esa audiencia en la espada de Damocles que hoy se blande sobre el general Yáñez, forzado a una renuncia desproporc­ionada e injusta por los hechos que se le imputan, y peligrosa para la salud de nuestra institucio­nalidad.

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