Marcelo Sain “Al crimen organizado no le molesta un Estado ‘presente’, sino un Estado coherente”

Experto en organizaciones criminales y policiales, entre 2019 y 2021 Sain fue ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, donde lidió con la espiral de violencia narco que ha convertido a Rosario en la ciudad más mortífera del Cono Sur. En esta entrevista expone las distintas estrategias estatales para perseguir –o regular– el crimen, así como la importancia de evitar el oportunismo político y los prejuicios ideológicos. “Yo soy un tipo de izquierda y me encantan el FBI y la reforma de Giuliani”, declara.

Marcelo Sain no es en Argentina una figura de consenso. Si bien se lo considera una autoridad en materia de crimen organizado, mercados ilegales y seguridad estatal (temas que investiga desde hace más de 20 años desde la Universidad de Quilmes), también ha ejercido numerosos cargos públicos, con los costos asociados al ecosistema político de su país: rivalidades, afrentas a granel y hasta querellas. Es justo decir que Sain, militante de la izquierda peronista, también pone de su parte con un estilo vehemente y contencioso. Como dirá en la entrevista: “Ustedes en Chile tienen otros pudores”.

Entre sus logros institucionales se reconoce la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, previo a lo cual fue viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y director de la Unidad de Formación Financiera, que persigue el lavado de dinero. Pero su experiencia más intensa fue la última, como ministro de Seguridad de Santa Fe. Allí se abocó a desenredar las tramas criminales rosarinas hasta que, según su versión, empezó a buscar donde no debía y el poder político lo fue dejando solo.

Frente a un problema cuya complejidad parece superar la capacidad instalada de los Estados sudamericanos y los lugares comunes de la discusión pública, Sain responde de esta manera al desafío de ordenar el debate:

–Partiría por marcar una distinción: acá no estamos hablando de drogas, sino de crimen. La discusión sobre la droga corre por carriles culturales y de salud pública. Acá hablamos de emprendimientos criminales de altísima rentabilidad, que comercian drogas porque están prohibidas, pero bien pueden reciclarse a cualquier otra actividad ilegal. Este es nuestro problema: la consolidación de mercados ilegales que han dado lugar a organizaciones cada vez más complejas. Por lo mismo, en el caso del narco, lo primero es conocer muy bien el mercado: su tamaño, su diversidad de productos, calidades y precios, sus tipos de clientes y su rentabilidad. Y la pregunta del millón: adónde va esa rentabilidad. Esto es importante, porque los poderes públicos y los grupos sociales acomodados tienden a ver la pata plebeya del narcotráfico: las poblaciones, donde trafican, mueren y matan. Pero cuando abres el diagnóstico y sales de las poblaciones, ya empiezas a hablar de circuitos financieros y de servicios, y eso en muchos países duele.

¿Qué es lo que duele?

Entender que esto es parte de tu sociedad: empresarios, policías, comerciantes. Las organizaciones invierten tanto en actividades legales como en la economía informal que evade los impuestos. Y en algunos países, como el mío, esta bolsa de dinero fenomenal que es la economía en negro también financia gran parte de la política. Entonces, la cosa ya deja de ser plebeya, ¿no? Por otra parte, la demanda que tracciona estos mercados viene de las clases integradas, y eso también duele. Me pasó cuando fui ministro en Santa Fe: pensaba que explicar estas cosas era un gesto de transparencia, pero no quieren escuchar eso y menos de un funcionario público. Les tienes que decir “¡vamos a luchar contra el crimen, los vamos hacer mierda a todos!”, y ellos contentos. Pero si les dices “dejen de comprar teléfonos robados, miren que ningún ladrón los colecciona”, vas a fracasar como yo. Y lo que duele más todavía es conocer la protección estatal a estos mercados. Pero sin esa pata tu diagnóstico va a estar siempre cojo.

¿A qué tipo de protección se refiere?

Digámoslo así: es imposible hacer todo lo que hace una organización relevante –importar la droga, distribuirla, venderla, abastecerse de armas, invertir el dinero– si no hay algún tipo de alianza con sectores estatales. De hecho, las teorías más serias sobre la criminalidad organizada te dicen que el costo más grande es el de protección. Vale decir, financiar actores policiales, judiciales o políticos que garanticen un clima que le dé previsibilidad al negocio. Pero tú mismo, como Estado, también necesitas regular el mercado hasta cierto punto. Y hay dos formas de regular: la legal y la ilegal. ¿Qué hacen los países desarrollados? Regulan, pero sin asociarse con los actores. Por ejemplo, si ya tienen pruebas para imputar al dealer que lidera una zona, pero ven que debajo de él hay una segunda línea de chicos rústicos que van a armar una guerra ahí, se abstienen. Mientras el tipo mantenga a raya la violencia, ¿no?

Hay una diferencia, entonces, entre perseguir el delito y perseguir la violencia.

Totalmente. A ver, hay ciertos delitos que un Estado eficaz puede llegar a extinguir, como los secuestros. Pero mercado de droga va a haber siempre. Entonces, ¿qué dicen Estados Unidos y Europa? “No podemos extinguir el tráfico, pero no queremos narcos que controlen poblaciones y jueces, ni que se revienten a tiros como nos pasó en los años 70 y 80 . La gran diferencia es que nosotros –voy a hablar por Argentina– nos asociamos. El comisario se sienta con los cuatro grupos grandes de su zona y les dice: “Bueno, voy a dividir el territorio de esta manera, pero acá no va a haber violencia. El que no cumple las reglas, o le armo una causa judicial o lo matamos en la calle”. Es decir, los mercados ilegales se regulan desde una estructura de poder mucho más fuerte que

“Es imposible hacer todo lo que hace una organización relevante –importar la droga, distribuirla, venderla, abastecerse de armas, invertir el dinero– si no hay algún tipo de alianza con sectores estatales”

las redes criminales. Yo diría, concretamente, que el narcotráfico en mi país se desarrolló al amparo de la regulación estatal.

¿Y diría que esa estrategia fue exitosa?

En sus términos, sin duda lo fue. La violencia en Rosario, de hecho, se explica justamente a partir del quiebre de la regulación estatal ilegal sobre el mercado de droga. En el resto de las grandes ciudades vas a encontrar enormes mercados, digamos, pacíficos. Hay hechos de violencia, pero son excepcionales e implican rupturas o realineamientos de acuerdos. Y enseguida el actor dominante, que es el policial, restablece las reglas que aseguran la invisibilidad del mercado. Porque entendamos que esa ha sido la demanda de la política: “Yo no sé muy bien qué pasa allá abajo ni me quiero enterar. Así que te doy total autonomía y discrecionalidad, pero tú me garantizas una gobernabilidad tranquila”.

Eso le ordena el político al policía.

Es un pacto a veces tácito, a veces manifiesto, que responde a una tradición de 150 años en Argentina: la policía está para gestionar la ilegalidad de la calle. Y los gobernantes, por derecha o por izquierda, consienten que sea así para que el crimen no escale a un escándalo político. ¿Y cuándo escala? Cuando hay violencia. Y lo puedo decir porque tengo la experiencia. El gobernador te pregunta: “¿Cómo viene la cosa, Marcelo?”. Y vos, que estás todo el día empapado de eso, le contás la crudeza de lo que está ocurriendo. “Bueno, manéjelo con prudencia…”. Y si la cosa sale bien, el gobernante va a decir “viste, esta es mi policía”. Y si sale mal, va a decir “este tipo no entendió lo que yo le dije”. Bueno, esto en Chile también se tendrá que diagnosticar: cuál es la protección estatal. Yo sé que a ustedes les cuesta un poco más, pero es parte del problema del crimen.

¿Por qué nos cuesta más?

Porque nosotros somos más salvajes, más a la italiana. Ustedes tienen otro pudor y una cultura más apegada a la ley, entonces les va a costar reconocer que quizás el Estado… Porque a ver, ¿cómo llega la droga a los mercados de Chile? Atraviesa puertos, aeropuertos y frontera seca. Y luego medio país para llegar adonde se prepara, se corta, distribuye y comercializa. Entonces, perdón, ¿no hay ningún consentimiento del Estado en algún escalón? Por acción, por omisión… Convengamos que esto en Chile lleva mucho tiempo, hace décadas que los mercados de drogas son muy prolíficos.

Decía que los países desarrollados regulan el mercado sin asociarse. ¿Tan buena es esa regulación que, pese a tener los mercados internos más grandes, la violencia no se va de las manos?

No, cuidado: lo que hacen los países desarrollados tiene tres patas, yo te dije una. La segunda son sus códigos procesales penales, que van muy delante de los nuestros. Porque los latinos siempre hemos tenido, pero por tontos, el principio de no podemos controlar el crimen cometiendo delitos. En Estados Unidos las policías especializadas infiltran, instigan y esas son estrategias fundamentales. En la famosa Operación Casablanca, allá en los 90, las agencias federales montaron una estructura ficticia de lavado de dinero. También dan más discrecionalidad a los fiscales para aplicar el principio de oportunidad, de manera que puedas negociar cargos con criminales a cambio de información. Entiendo que Chile ha avanzado más en estas cosas. Acá tenemos una rigidez procesal tal que terminas utilizando ilegalidades consentidas judicialmente. Una típica es inventar que hubo una llamada anónima para justificar cómo se obtuvo una información.

¿Y la tercera pata de los países desarrollados?

Sus sistemas policiales. Allá las policías de investigación son casi carreras universitarias, tienen salarios de gerentes. Y las agencias dedicadas al crimen organizado tienen acceso a bases de datos de todo lo que sea registrable. Estamos hablando de otra capacidad institucional, tecnológica, de recursos humanos… Porque aunque sean liberales, son Estados fuertes, con gran poder regulador. No como nuestros liberales criollos, que reivindican un Estado bobo.

También se dice que la violencia se desató en estos años porque la cultura narco cambió las conductas y los jóvenes ya no se

subordinan a los jefes grandes.

No, hay que estudiar eso caso a caso. En los grupos de mercadeo del Gran Buenos Aires, al que no se disciplina lo matan. Y algunos de esos narcos nacieron de los piratas del asfalto, los que roban camiones en tránsito, que es un delito poco violento: cuidan al chofer, lo sacan, hay seguros comprometidos, negocio para todo el mundo. Entonces ya tienen una vocación de manejar esto como un negocio económico. Son violentos, han degollado gente, pero en situaciones excepcionales. En Rosario, como la propia sociedad es violenta más allá del crimen, tienes tipos que se insubordinan, que no cumplen acuerdos y vienen los ajustes de cuentas. Pero no perdamos de vista la raíz del problema: la rentabilidad extraordinaria de estos mercados ilegales. Eso es lo que produce fragmentación criminal, porque la disputa es cada vez más fuerte.

¿Aumentar las penas sirve de algo?

Nooo… Una policía dura, eficaz, incorruptible, genera muchísima más disuasión y más daño al emprendimiento criminal que penas duras. Que siempre son proyectos de penas, porque primero tienes que agarrarme y condenarme. No conozco a ningún criminal que se junte con su grupo el viernes a la noche y diga “che, aumentaron de 10 a 20 años la mínima, yo mejor voy a trabajar en un shopping de repositor”. Eso es un ansiolítico para la clase política de América Latina y para la prensa. El otro ansiolítico es mandar a los militares. ¡Si los militares no entienden nada de todo esto!

Así como la derecha promueve las agendas de mano dura, usted ha dicho que en la izquierda “tenemos una mirada muy culposa” frente a este problema.

Yo creo que la izquierda equivocó la discusión. Se quedó anclada en el Estado autoritario, entonces estamos todos atentos a la violencia institucional. Pero ya sabemos que no se debe torturar para esclarecer un crimen, ese no es el problema. El problema es que si tienes que aplicar la fuerza y no lo haces, también violas derechos ciudadanos. Entonces, lo que la izquierda tiene que salir a discutir es la eficacia, tanto policial como penal. Y ver las buenas experiencias mundiales. Yo soy un tipo de izquierda y me encanta el FBI. Y me encanta la policía de Nueva York y la reforma de Giuliani, que la reivindico enormemente. Y no me gustan, por ahí, policías de países más afines desde el punto de vista ideológico.

¿Es partidario de revisar las condiciones de encierro para los presos vinculados al crimen organizado?

Sí. No puede ser que yo maneje una organización criminal bajo la custodia del Estado, con mi abogado y mis visitas como vía de comunicación. Y no estoy diciendo torturar, quiero conculcarles las menos libertades posibles. Pero el grueso de los homicidios en Rosario se ordenan desde la cárcel y eso un Estado responsable no lo puede permitir.

Sobre todo si decimos que el crimen prospera donde no hay Estado.

Es que eso es mentira. El crimen organizado prolifera donde más Estado hay, no en las montañas. En el centro de Nueva York está el mercado más grande de cocaína de Estados Unidos. Lo que le molesta al crimen organizado no es un Estado “presente”, sino un Estado coherente. Es decir, que la maquinaria trabaje cohesionada entre el nivel judicial, el político y el policial, de modo que no ofrezca demasiadas ventanillas a los criminales para que negocien por aquí o por allá. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte en reformas institucionales. Pero estas reformas llevan tiempo y necesitan acuerdos muy fuertes, que no tienen que ir atados a otros temas. O sea, para que esto funcione tiene que haber un pacto político que diga: la persecución del crimen no está al servicio de la política, la joda se corta acá. Y se acabó también la manipulación política de jueces y fiscales. Y si para investigar a una organización criminal hay que llegar a un juez, a un fiscal o a un dirigente político, se llega y nadie se mete. Y si el circuito del dinero te lleva a una empresa que evade impuestos o que le provee servicios a la política local, ahora se va hasta el final. Pero todo eso ya da miedo, porque es más fácil decir “son los venezolanos”.