Diagnósticos sesgados
En una entrevista en este medio, Cristián Bellei comentó las dos grandes reformas de Michelle Bachellet: la ley de Inclusión y la desmunicipalización. En ella señala que “tener un sistema inclusivo, no significa que los niños van a aprender”, que lo que se hizo fue terminar con prácticas humillantes para las familias. Llama la atención que no se percate de lo insultante que pueden ser sus declaraciones para las familias. Lo que parece asomarse en su planteamiento es que con tal de llegar al objetivo propuesto es posible sacrificar el aprendizaje de los niños. Tampoco cabe en su mirada autocrítica alguna respecto del modo en que llevaron adelante la reforma de desmunicipalización, ni de la indiferencia que tuvieron ante las advertencias que se hicieron en su momento, y que hoy plantea como si hubiesen sido imposibles de predecir.
Como fuera, hoy estas reformas requieren de mejoras relevantes: El actual Gobierno, consciente de ello, ha presentado un proyecto para hacer ajustes a la Nueva Educación Pública. Si bien algunas de las iniciativas son positivas, persiste en el fondo de su propuesta la misma mirada que hoy la realidad se ha encargado de hacer agua, que tiene que ver con una mirada excesivamente centralista y estatista de la educación.
Ello se expresa por ejemplo, en las mayores atribuciones de dirección e instrucción que se le darían a la Dirección de Educación Pública por sobre los Servicios Locales, o en la creación de más organismos, que no necesariamente resolverán los problemas de coordinación ni articulación. Pero, el mejor ejemplo de ello, es la respuesta que busca dar el proyecto ante el problema de la demanda insatisfecha. Con la obstinación de priorizar la Educación Pública, se propone otorgar urgencia ante la solicitud de apertura de nuevos cupos de estas escuelas, disponiendo de jornadas parciales, o incluso que dos escuelas puedan usar un mismo establecimiento, todo acompañado de una suspensión de los procedimientos que se hayan iniciado para solicitar el reconocimiento oficial o impetrar la subvención escolar de las escuelas privadas.
Por una parte, cabe cuestionar si acaso algunas de estas medidas no tendrán impactos indeseados en la educación, atendido los problemas que enfrentan, que van mucho más allá de su eficacia. Pero además, es cuestionable el afán por desconocer las preferencias de los padres, preferencia que supuestamente, y tal como siguen argumentando, buscaron maximizar precisamente mediante la Ley de Inclusión, pero de la que hacen caso omiso cuando la evidencia les muestra que mayoritariamente prefieren las escuelas particulares subvencionadas. Así, en vez de levantar las barreras para la creación de nuevas escuelas privadas, siguen empecinados en ofrecer una alternativa que los padres hoy no quieren.
Lo verdaderamente humillante para las familias es que usándose el eslogan de educación de calidad, se les impuso una solución defectuosa por parte del Estado disfrazada de preferencia y el caso paradigmático, es Atacama.