Acción judicial de Jackson contra diputados UDI
El caso debe servir para relevar la importancia de promover un mejor ambiente político, evitando las descalificaciones destempladas o la erosión de las instituciones. El mundo frenteamplista, ahora en el gobierno, experimenta en carne propia los efectos de haber contribuido a ello.
El exministro y exdiputado Giorgio Jackson decidió emprender acciones judiciales en contra de 23 diputados de la UDI -donde entre otros aspectos solicita disculpas públicas y el pago de una indemnización- a raíz de una controversial carta pública que firmaron dichos parlamentarios en la cual, además de solicitar al Presidente Boric que lo removiera del cargo en forma inmediata, formularon graves acusaciones contra Jackson -entre ellas, “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”, o estar “directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores”-, todo esto en el marco de un polémico robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, entonces encabezado por Jackson.
La acción judicial del exministro ha traído una serie de repercusiones políticas, pues desde distintos sectores se teme que todo esto empeore aún más el ya caldeado ambiente político, justo cuando se están negociando una serie de reformas que para el gobierno son clave.
Al margen del derecho que le asiste a Jackson para buscar en tribunales que los diputados de la UDI respondan por sus graves acusaciones, el incidente es desde luego ilustrativo sobre las consecuencias que tiene para el país vivir en un ambiente de permanentes descalificaciones en el mundo político, donde si bien todos los sectores tienen responsabilidad en ello, las nuevas generaciones frenteamplistas han sido especialmente activas para contribuir a este ambiente de crispación, sobre todo cuando varios de ellos fueron dirigentes estudiantiles o durante su etapa parlamentaria, como fue el caso del propio Jackson, o también de la ministra vocera de gobierno, o incluso del propio Presidente de la República.
Los duros calificativos para referirse a determinadas autoridades de la época -Jackson y otros, por ejemplo, fueron implacables con el expresidente Piñera en el marco de las acusaciones constitucionales de que fue objeto-, o los intentos para promover un ambiente de constante agitación, sobre todo en los álgidos días del llamado estallido social, descalificando la acción de Carabineros, incluso abogando por su refundación, son ejemplos de frases o acciones que fueron alimentando este ambiente de crispación en que lamentablemente nos encontramos.
Ahora que varios de estos dirigentes tuvieron que asumir responsabilidades de gobierno, han experimentado en carne propia las consecuencias de este mal ambiente, y con razón se quejan de ello y buscan revertirlo. Si algo tiene de virtuoso desempeñar altas responsabilidades de Estado es justamente tomar conciencia acerca de la importancia que tiene para el país contribuir a un mejor ambiente político, evitando las descalificaciones gratuitas o destempladas, así como tomar distancia de aquellas actitudes que busquen erosionar las instituciones fundamentales del Estado o relativizar la importancia del orden público.
Jackson ha señalado que “es una lástima tener que llegar a instancias judiciales, pero si queremos tener una mejor convivencia democrática es bueno afirmar que no todo vale”. Sin duda tiene razón en ello, y por lo mismo cabría esperar que a raíz de esta lamentable controversia todos los sectores extraigan las lecciones del caso.