Diputados ingresan requerimiento a la Corte Suprema para pedir remoción de fiscal Armendáriz
Los parlamentarios acusan en el libelo que el persecutor “ha incumplido sistemáticamente el estándar de objetividad e imparcialidad” en las causas relacionadas al estallido social de 2019, y que en los casos en que se han imputado delitos de violencia institucional a uniformados, ha perseguido “con particular encono, subjetividad y parcialidad a funcionarios de Carabineros”.
Un grupo de diputados de oposición concurrió en la mañana de este martes hasta la Corte Suprema para presentar un requerimiento en el que solicitan la remoción del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, a raíz de la causa en la que se investiga al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez.
La formalización de la máxima autoridad de la institución policial está programada para el 7 mayo, por su eventual responsabilidad de mando durante el estallido social. El Ministerio Público le imputará el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.
Sin embargo, el pasado jueves, Yáñez ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC), alegando que las actuaciones del Ministerio Público han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías. Es decir, pidió suspender la formalización de cargos en su contra.
El documento fue suscrito por los diputados UDI Jorge Alessandri, Henry Leal, Juan Antonio Coloma (jefe de bancada) y Juan Manuel Fuenzalida; los Demócratas Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez; los RN Miguel Mellado y Ximena Ossandón, además de Andrés Jouannet (Amarillos), Stephan Schubert (del comité del Partido Republicano) y Jaime Araya (Ind.-PPD).
Los parlamentarios apuntan en el texto a las causales de “mal comportamiento y negligencia”, apelando al artículo 89 de la Constitución, que permite presentar el requerimiento ante el máximo tribunal.
Asimismo, señalan que el persecutor “ha incumplido sistemáticamente el estándar de objetividad e imparcialidad” en las causas relacionadas al estallido social en 2019, y que en los casos en que se ha imputado delitos de violencia institucional a uniformados, ha perseguido “con particular encono, subjetividad y parcialidad a funcionarios de Carabineros”.
Desde el Palacio de Tribunales, Jouannet señaló que el proceso contra el general Yáñez y otros funcionarios de Carabineros se ha desarrollado con un “sesgo ideológico”.
Asimismo, acusó que Armendáriz “ha pasado más allá de lo que le corresponde como fiscal”, y que respecto al general Yáñez “hay una persecución política respecto de un poder del Estado y eso no puede ocurrir”.
El diputado Alessandri, por su parte, recalcó que quienes suscriben el libelo creen “que hay una persecución, que hay una animadversión y creemos que al general Yáñez se le está persiguiendo injustamente”.
Schubert, en tanto, dijo que espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el requerimiento, ya que “es necesario que Ministerio Público pueda actuar siempre con objetividad”, lo que su juicio “ha ocurrido en el caso de Armendáriz”.
Petición previa de inhabilidad contra Armendáriz
En noviembre de 2023, por medio de su abogado, el general director Yáñez pidió al fiscal nacional Ángel Valencia la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz, persecutor regional Centro Norte, y Ximena Chong.
En el escrito, el abogado de la autoridad policial, Jorge Martínez Cornejo, argumentó que ambos persecutores “carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante” con la investigación.
En los mismos términos, aseguró que ambos profesionales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019.
Respuesta del gobierno
Consultado respecto al requerimiento, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, defendió el rol del Ministerio Público.
“Mi experiencia en el trabajo con los fiscales es que no hay sesgo político. El trabajo de la fiscalía es muy importante para el país y permite que no haya impunidad en Chile de ninguna naturaleza, impunidad ni por pertenecer a un sector político ni impunidad por pertenecer a una institución, sino que lo que permite el Ministerio Público en sus investigaciones es darle la garantía a Chile que nadie está fuera del alcance de la ley y que en Chile no haya impunidad para nadie”, señaló.
Marcando su punto agregó: “Lo que yo veo de los fiscales, con quienes me toca reunirme regularmente, es un trabajo profesional. Y no veo ningún sesgo ideológico. Aquí hay personas que son investigadas por el Ministerio Público que tienen pertenencia a sectores políticos de derecha, hay personas que están investigadas por el Ministerio Público cuya pertenencia política está la izquierda. No veo cómo eventualmente pueda haber sesgo político en esta materia”. ●